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Lino Ademar Moreno lleva más de tres años prófugo. Desde que salió de la cárcel de Orán y no regresó, en junio de 2023, los operativos y las medidas judiciales no alcanzaron para encontrarlo.
Ahora, el Gobierno provincial ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a cambio de información que permita localizarlo.
Moreno tiene una condena a prisión perpetua por el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma. Antes de su última fuga ya se había escapado otras dos veces, pero aun así accedió a salidas transitorias. En la última abandonó el penal y desapareció.
La recompensa fue establecida mediante el Decreto 587, fechado el 16 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. La medida respondió a un pedido que el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, presentó seis días antes ante el gobernador Gustavo Sáenz.
El requerimiento se produjo luego de que las diligencias realizadas desde 2023 no permitieran establecer el paradero del condenado. La búsqueda está a cargo de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, dentro de la Averiguación Preliminar 108/23.
El decreto dispone que los 10 millones de pesos podrán ser entregados a quien aporte información fidedigna y determinante para encontrar a Moreno, siempre que no haya participado en los hechos investigados. Los datos podrán suministrarse ante los fiscales intervinientes o la autoridad judicial correspondiente, con reserva de identidad.
Dos fugas antes
Los antecedentes de Moreno eran conocidos cuando recibió las salidas transitorias. En una primera causa fue condenado a seis años de prisión por homicidio en grado de tentativa y abuso de armas, pero se fugó en 2001.
Después de ser recapturado, en febrero de 2005 recibió otra pena de seis años por evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. Meses más tarde, ambas condenas fueron unificadas en una pena única de 12 años.
El 30 de agosto de 2006 volvió a escapar. Durante ese período ocurrió el asesinato de Liliana Ledesma, una productora rural que había denunciado públicamente a sectores vinculados con los hermanos Delfín y Raúl Castedo por presuntas maniobras relacionadas con el narcotráfico en la frontera salteña.
Ledesma fue asesinada con siete puñaladas y presentaba lesiones en el rostro y la boca. En junio de 2010, Moreno fue condenado como coautor de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
En esa causa también fueron condenados a prisión perpetua Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga y Casimiro Torres. Patricia Guerra recibió una pena menor.
En 2016, las condenas anteriores de Moreno y la correspondiente al asesinato de Ledesma fueron unificadas en una única pena de prisión perpetua.
El beneficio y la fuga
Mientras cumplía esa condena, Moreno ingresó al régimen de salidas transitorias. El beneficio fue autorizado por el juez Edgardo Laurenci, quien se encontraba a cargo de controlar la ejecución de la pena.
Según la denuncia presentada posteriormente por la Procuración, las salidas comenzaron con un domingo por mes para que el condenado visitara a un familiar. Más adelante, el régimen fue ampliado a dos domingos mensuales.
La Fiscalía había emitido una opinión desfavorable. Entre los argumentos estaba el riesgo que representaba el historial del condenado, quien ya había escapado dos veces.
El 18 de junio de 2023, Moreno salió de la Unidad Carcelaria 3 de Orán y no regresó en el horario fijado. Desde entonces no se conoce su paradero.
La actuación posterior de Laurenci también generó cuestionamientos. El juez demoró 53 días en solicitar la captura del prófugo, una tardanza que después fue incluida en la acusación formulada en su contra.
El juez se fue como si nada
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, denunció a Laurenci ante el Tribunal de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño, negligencia e incumplimiento de sus deberes.
El planteo alcanzó tanto la concesión de las salidas transitorias como las medidas adoptadas después de la fuga. En febrero de 2024, el Jury resolvió suspender preventivamente al magistrado mientras avanzaba el proceso.
Laurenci, sin embargo, presentó su renuncia para acceder a la jubilación ordinaria antes de que el tribunal resolviera el caso. El Poder Ejecutivo provincial aceptó la dimisión y el proceso perdió continuidad, ya que una eventual destitución no podía aplicarse sobre un juez que había dejado el cargo.
El expediente terminó archivado sin una resolución sobre la responsabilidad disciplinaria del magistrado.
La situación
Moreno, en cambio, continuó prófugo. Los investigadores no consiguieron localizarlo durante los tres años transcurridos desde su salida de la cárcel. La recompensa de 10 millones de pesos busca ahora conseguir un dato que permita terminar con otra de sus evasiones.