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A quince años del doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, el caso enfrenta una bisagra. Silvia Adriana García Tabera, quien asumió hace un poco más de un mes como jueza de Garantías, debe resolver mañana en audiencia oral la petición de la nueva Unidad Fiscal, integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Paz y Daniel Espilocín, que plantea declarar la nulidad del sobreseimiento de Walter Orlando Lasi bajo la doctrina de la cosa juzgada írrita.
En el caso de que la jueza García Tabera considere que las resoluciones de la primera investigación constituyeron un acto judicialmente viciado e inválido, resolverá a favor de los fiscales. Bajo ese supuesto, la desvinculación definitiva de Walter Lasi quedará sin efecto, quedando la Fiscalía facultada para investigar, imputarlo y hasta posiblmente llevarlo a juicio.
Si la jueza García Tabera opta por rechazar el planteo de la Unidad Fiscal, lo haría al escudarse en el principio de seguridad jurídica de la cosa juzgada o en la declaración de prescripción de la acción penal. Sin embargo, este camino consolida un dilema severo para el propio sistema judicial, ya que implicaría admitir que las vías formales impiden juzgar a un sospechoso sobre el cual la Fiscalía ha presentado un entramado de supuestas evidencias.
Este nuevo giro procesal coloca, una vez más, en el centro de las críticas el trámite inicial conducido por el exjuez Martín Pérez. Las resoluciones dictadas en aquellos primeros cuerpos del expediente moldearon la versión oficial que terminó apartando a Walter Lasi del proceso principal y sobre la cual se señalan graves irregularidades.
En aquella primera etapa, el juzgado de Pérez desvinculó a Walter Lasi dando crédito a una coartada que lo ubicaba realizando trámites personales fuera de la zona del crimen, al tiempo que encuadró el ocultamiento y traspaso de la carabina Bataan calibre .22 —el arma homicida propiedad de la familia— como un episodio aislado de encubrimiento, beneficiándolo con la excusa absolutoria por parentesco respecto de su hijo Gustavo.
Hoy, la Unidad Fiscal remarca que aquellas actuaciones de instrucción carecen de validez de acto judicial lícito porque se desarrollaron en un contexto viciado e incompleto. El trámite instruido por Pérez quedó directamente vinculado a dos causas conexas que están próximas a ventilarse en debate oral: la causa por apremios ilegales y torturas aplicadas por la Brigada de Investigaciones para obtener declaraciones, y la causa por falsedad ideológica, donde se acusa a efectivos policiales de haber "plantado" un revólver en el domicilio de Raúl Sarmiento con el fin de desviar la pesquisa y forzar acusaciones en el expediente principal.
Al fundamentar la necesidad de revisar el sobreseimiento, los fiscales Paz, Espilocín y Sodero Calvet marcaron una distinción técnica sustancial respecto de la situación de Gustavo Lasi, único condenado a prisión perpetua con sentencia firme.
Por una parte, la Unidad Fiscal enfatizó que el pedido de nulidad no busca atenuar ni desplazar la responsabilidad de Gustavo Lasi.
Por otra parte, los fiscales señalaron que en las declaraciones indagatorias donde Gustavo Lasi admitió su participación e intentó incriminar a Santos Clemente Vera y a Daniel Vilte Laxi, se encargó de omitir minuciosamente a su padre, Walter Lasi. Esa misma declaración se produjo en un contexto donde el propio Gustavo Lasi denunció apremios ilegales. A ello se sumaría que la prueba genética oficial no solo detectó el perfil autosómico individual de Gustavo, sino también el haplotipo del cromosoma Y correspondiente a la patrilínea Lasi en las muestras biológicas tomadas a las víctimas.
La acusación de la nueva Unidad Fiscal sistematiza una serie de pilares que cuestionan al sobreseimiento. En primer lugar, los registros de las empresas telefónicas corroboran que la línea celular asignada a Walter Lasi registró impacto directo en la antena de la Quebrada de San Lorenzo durante la tarde del 15 de julio de 2011, en la ventana horaria exacta en que se ejecutaron los homicidios.
En segundo lugar, se destaca que la coartada esgrimida por Lasi durante la instrucción, en la que adujo que a esa hora se encontraba fuera del circuito turístico realizando trámites en el correo, quedó desvirtuada fehacientemente por la prueba informativa e instrumental incorporada al expediente, sin que el imputado ofreciera explicación alguna sobre dicha contradicción.
A estos elementos se suman los testimonios de compañeros de trabajo de la tirolesa Puma Expeditions, quienes acreditaron que Walter Lasi se ausentó de su puesto de forma injustificada en momentos clave del 15 de julio de 2011, mostrando además comportamientos llamativos e inexplicables en los días posteriores al hallazgo de los cuerpos. Finalmente, los testimonios de Omar "Pajarito" Ramos y Antonio "Chato" Sandoval ratificaron que, en los primeros días de agosto de 2011, Walter Lasi le entregó a Ramos la carabina Bataan .22 envuelta en papel y arpillera pidiéndole que se la guarde porque la Brigada andaba dando vueltas, derivando el arma finalmente al ámbito de Sandoval.
- Los datos
La audiencia que puede cambiar el rumbo del caso
La jueza García Tabera debe resolver el planteo de la nueva Unidad Fiscal, que busca dejar sin efecto el sobreseimiento de Walter Lasi y reabrir la investigación sobre su posible participación en el doble crimen.
Las irregularidades de la investigación inicial
La acusación fiscal cuestiona decisiones tomadas durante la instrucción y vincula el expediente con causas por apremios ilegales, torturas y presunta falsedad ideológica.
Las pruebas que sostienen el pedido fiscal
La Unidad Fiscal menciona registros telefónicos, la coartada de Lasi, testimonios de compañeros de trabajo y la entrega de la carabina Bataan como elementos para revisar el sobreseimiento.