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Tres personas, entre ellas un abogado, fueron condenadas en un juicio abreviado por una causa que investigó múltiples casos de estafas procesales vinculadas al uso de pagarés, abuso de firma en blanco y usura agravada. Además de las penas impuestas, los condenados deberán realizar las gestiones necesarias para que las víctimas recuperen fondos que permanecían embargados en cuentas judiciales.
El acuerdo fue homologado por el juez Ignacio Colombo luego de que los acusados reconocieran los hechos y su responsabilidad. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal.
El abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, tres años de inhabilitación especial para ejercer la profesión y una multa de $15.000. Fue declarado coautor de decenas de hechos de estafa procesal, falsificación de instrumento privado, abuso de firma en blanco y usura agravada.
También fue condenada Mirta del Valle López Nogales, con una pena de tres años de prisión condicional y una multa de $15.000 por su participación en hechos similares. En tanto, Jesús Federico Díaz recibió una pena de ocho meses de prisión condicional como coautor de seis hechos de estafa procesal.
El dinero secuestrado durante la investigación -$4.624.000 y 8.200 dólares- será destinado a compensar a los damnificados. Los condenados deberán realizar las presentaciones necesarias para liberar los fondos inmovilizados.
Según la investigación, la maniobra consistía en otorgar préstamos a personas que atravesaban situaciones económicas difíciles y luego utilizar pagarés para iniciar juicios ejecutivos. En varios expedientes se habrían consignado domicilios inexistentes, deshabitados o pertenecientes a terceros, lo que impedía que los demandados fueran notificados correctamente y pudieran ejercer su defensa.
A partir de esos procesos judiciales se obtenían embargos sobre salarios y bienes de las personas afectadas.