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Una médica psiquiatra de Buenos Aires obtuvo medidas de protección por dos años contra un hombre que había sido su paciente y al que denunció por amenazas, llamadas insistentes y mensajes de contenido sexual. "Si sale libre, me tengo que mudar de país", aseguró la profesional ante la Justicia.
La resolución fue dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 31, a cargo de María Julia Correa. La jueza hizo lugar a un pedido urgente del Equipo Especializado en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal porteño.
El denunciado permanece detenido en una causa por homicidio, luego de haber sido capturado y extraditado a la Argentina. Cuando la psiquiatra se enteró de que estaba en el país, acudió a la Justicia para solicitar resguardo ante la posibilidad de que recuperara la libertad.
Según la fiscalía, el hombre había sido paciente de la médica durante poco más de un año. Después de que se interrumpiera el tratamiento, continuó llamándola desde distintos números telefónicos. La profesional denunció que también la amenazó y que, en varias oportunidades, le envió mensajes de contenido sexual.
Intervención
La Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos intervino y entrevistó a la mujer. En su evaluación, encuadró los hechos denunciados como violencia de género: violencia psicológica, por las amenazas, el hostigamiento y la intimidación, y violencia digital, por el envío de material sexual y las comunicaciones invasivas.
Durante la entrevista, la médica describió cómo la situación había modificado su vida cotidiana. Dijo que permanece en alerta, que redujo sus vínculos sociales y que toma precauciones incluso en sus desplazamientos habituales. "Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también", relató.
La profesional agregó que trabaja desde su domicilio y que asiste al consultorio solo dos veces por semana. También contó que dejó de salir y de mantener una vida social por el temor que le provoca la situación denunciada.
La fiscalía calificó provisoriamente los hechos como amenazas simples, exhibiciones obscenas y hostigamiento digital en un contexto de violencia de género. El pedido de medidas de protección fue impulsado por la auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno.