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La investigación por la presunta estafa y extorsión contra una integrante de la Policía de Salta no terminó con los allanamientos y las detenciones de dos personas. Ahora surgieron nuevos elementos que permiten reconstruir cómo se montó la maniobra pero no quienes estuvieron o están detrás de ella.
El fiscal Rosario de Lerma Daniel Escalante investiga el fondo de la denuncia presentada por una policía que aseguró haber entregado dinero para conseguir un cambio de destino y que, posteriormente, habría sido extorsionada. La causa tiene como eje a una agente de la comisaría de San Jorge de Rosario de Lerma, que habría utilizado el nombre de una supuesta funcionaria vinculada con Recursos Humanos para convencer a su compañera, de la misma dependencia, de que podía conseguirle un traslado. Sin embargo, el análisis de las comunicaciones y, fundamentalmente, del recorrido del dinero habría permitido a los investigadores establecer conexiones que complicaron la situación de la sospechosa.
Fuentes cercanas al Ministerio Público Fiscal confiaron a El Tribuno que una de las claves de la investigación estuvo en el trabajo realizado por la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta, cuyo personal intervino en el análisis de los dispositivos y registros digitales incorporados a la causa.
La denunciante, una policía de bajo rango, había relatado que una compañera de trabajo le proporcionó un número telefónico al que debía comunicarse con una mujer identificada como "Sonia". La supuesta intermediaria le habría hecho creer que tenía posibilidades de gestionar un traslado dentro de la fuerza.
Los pagos y su destino
El pedido inicial habría sido de $ 700.000. La víctima realizó dos transferencias: una de $ 200.000 y otra de $ 500.000.
El dinero no habría quedado solamente en la cuenta a la que fue enviada. El seguimiento de las operaciones bancarias estableció que parte de esos fondos terminó vinculada con una cuenta de una policía investigada.
La hipótesis es de que detrás del supuesto contacto externo existía una maniobra organizada. Las dos mujeres involucradas en la historia trabajan en la misma institución dependencia policial de San Jorge. El tercer involucrado sería un hombre civil, oriundo de La Merced.
Lo que representa, es la cuestión
Mientras avanza la causa penal, la Policía también deberá definir las consecuencias administrativas para las agentes involucradas. El caso, que comenzó con una denuncia por el supuesto cobro de dinero para conseguir un traslado policial, podría terminar exponiendo algo mucho más amplio: no solo una presunta estafa contra una integrante de la fuerza, sino también los mecanismos internos que habrían permitido que una propuesta de este tipo resultara creíble para la víctima, la Justicia debe investigar a fondo cómo una injerencia tan marcada fue posible dentro de la estructura del personal de seguridad.