inicia sesión o regístrate.
Un mecánico de La Merced, una mujer policía de menor rango de Rosario de Lerma y una situación escandalosa que comienza a destapar un abanico de presuntas irregularidades que hasta ahora no se conocía dentro de la fuerza policial salteña.
Fuentes del Valle de Lerma deslizaron que aparecieron otros nuevos casos, algunos de ellos con supuestos beneficios concretados. Ayer domingo, Asuntos Internos retiró el arma reglamentaria a la agente investigada por el cobro de tarifas a cambio de traslados a pedido.
Ayer domingo, la mujer policía de la comisaría de San Jorge que se encuentra bajo investigación por una presunta maniobra de extorsión y estafa dentro de la fuerza recibió una nueva medida en su contra: Asuntos Internos dispuso retirarle el arma reglamentaria. La agente ya se encontraba con licencia desde hace varias semanas, mientras avanzaban las actuaciones originadas por la denuncia de una compañera que a la vez es víctima y parte del proceso.
La investigación en curso del Ministerio Público Fiscal, logró determinar que no se trataría de una sola persona a la que habría intentado engañar o extorsionar. Aparecieron más de tres casos y, entre ellos, situaciones que se habrían concretado, es decir, supuestos "acomodos" dentro de la Policía a cambio de dinero.
La investigación, que inicialmente estaba centrada en el supuesto ofrecimiento de un cambio de destino, comenzó a ampliar su radio. Según fuentes vinculadas con la causa, confirmaron a El Tribuno, que también surgieron referencias a ofrecimientos de licencias, traslados, y cursos, beneficios que supuestamente podían obtenerse mediante el pago de dinero a esta mujer policía.
Ahora la Justicia deberá determinar qué ocurrió en cada uno de esos casos. No es lo mismo un ofrecimiento que una maniobra concretada, y esa diferencia será determinante para establecer las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.
Una causa con dos frentes
El expediente tiene un doble recorrido. Por un lado, la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, continúa con la investigación penal para determinar si existieron delitos y quiénes participaron. Por otro, Asuntos Internos lleva adelante las actuaciones administrativas correspondientes por tratarse de personal policial.
En ese marco debe entenderse el retiro del arma reglamentaria dispuesto. Se trata de una medida dentro del ámbito institucional que no implica, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal. La agente ya había sido imputada junto con un hombre civil, oriundo de La Merced, señalado como "allegado íntimo" a la mujer e investigado por su presunta participación en la maniobra.
Los allanamientos a domicilios de La Merced y Rosario de Lerma permitieron secuestrar tres teléfonos celulares que ahora son analizados por los investigadores. El contenido de esos dispositivos y otras medidas incorporadas al expediente podrían ser determinantes para establecer si existieron otros contactos, pagos o gestiones vinculadas con los supuestos ofrecimientos.
Roza el poder interno institucional
Si se confirma que hubo personas que efectivamente pagaron para obtener beneficios dentro de la institución, la causa podría adquirir una dimensión diferente a la de una presunta estafa individual, el tema ingresa al ámbito institucional.
También deberá establecerse qué conocimiento tuvieron quienes eventualmente accedieron a esos beneficios y si corresponde algún tipo de sanción administrativa a los mismos. Cada situación deberá ser analizada de manera individual, informaron.
Ante las novedades, Asuntos Internos trabaja en el caso
Tras el escándalo que tomó estado público dentro de la fuerza, el caso adquirió otro rumbo porque aparecieron nuevas aristas desconocidas hasta ahora que señalan que no eran solo traslados los que se tarifaban sino un sinnúmero de beneficios internos dentro de la Policía.
De esa manera se conoció que habría otros casos, algunos de ellos con claros beneficios que llegaron a buen puerto, mediante el pago de dinero. Ayer Asuntos Internos de la Policía comenzó a tomar medidas y eso es toda una señal.
Las fuentes sostienen que la investigación habría permitido identificar a más de un efectivo que recibió propuestas de este tipo. Incluso alguno de estos beneficios ofrecidos llegó a concretarse. Ese es uno de los puntos más delicados de la trama.
La investigación comenzó con una denuncia concreta, pero las nuevas medidas parecen haber abierto una puerta hacia situaciones que podrían ser anteriores y más numerosas, según las fuentes consultadas por El Tribuno.
Por ahora, la Justicia debe probar cada uno de esos extremos. Lo que sí está claro es que el caso dejó de ser solamente una denuncia por un supuesto cambio de destino a cambio de dinero sino otra cosa.
La Fiscalía busca determinar hasta dónde llegó la maniobra y Asuntos Internos debe establecer qué consecuencias tendrá dentro de la Policía. Si las nuevas líneas de investigación logran confirmar otros casos, aquel primer expediente podría terminar siendo apenas el comienzo de una investigación mucho más amplia sobre la existencia de un mercado clandestino de beneficios dentro de la fuerza.