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El exconcejal Martín Poma Ovejero fue condenado a seis años y un mes de prisión de ejecución efectiva luego de que el juez Guillermo Pereyra lo declarara penalmente responsable por una serie de delitos cometidos en distintas causas, entre ellos el robo de una camioneta Volkswagen Amarok, falsificación de documentación y daños.
La pena fue establecida este martes durante la audiencia de cesura, luego de que el magistrado escuchara los alegatos de las partes. Además, dispuso que Poma Ovejero cumpla un arresto domiciliario cautelar por seis meses y ordenó su inmediata detención una vez finalizada la audiencia.
El exedil fue condenado como partícipe necesario del delito de peculado, autor de dos hechos de falsificación de instrumento público, autor de daño doblemente agravado, autor de resistencia a la autoridad, autor de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y autor de desobediencia judicial, todos en concurso real.
El caso de la camioneta Amarok
La causa principal tuvo origen en un hecho ocurrido el 5 de enero de 2024, cuando una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba en un taller mecánico terminó involucrada en un siniestro vial.
Tras el choque, personal de Tránsito retuvo el vehículo debido a la falta de documentación. En ese contexto, según se estableció durante el juicio, intervino Poma Ovejero y se produjo un enfrentamiento con los inspectores.
Posteriormente, la camioneta fue trasladada al Canchón Municipal. Días después, el exconcejal ingresó al predio y retiró el vehículo sin autorización, según determinó el juez. Por ese episodio, Poma fue considerado partícipe necesario del delito de peculado, mientras que Julio Conte, quien tenía a su cargo la custodia del lugar, fue declarado responsable como autor de ese delito.
La investigación también contempló la presentación de documentación adulterada para intentar obtener la restitución del vehículo, además de daños ocasionados en un libro de guardia durante una intervención en una dependencia policial.
Las condenas para los otros imputados
Además de Poma Ovejero, el juez Guillermo Pereyra declaró penalmente responsables a otros dos acusados.
Julio Conte recibió una condena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de inhabilitación absoluta perpetua, por el delito de peculado. También deberá cumplir reglas de conducta durante el mismo período.
En tanto, César Eduardo Acosta fue condenado a nueve meses de prisión efectiva por el delito de resistencia a la autoridad. Además, el juez ordenó remitir copias del fallo al Juzgado Federal 2 de Salta para la eventual unificación de penas.
Por otra parte, Ramiro Mauricio Maldonado Blanque, el cuarto acusado en el proceso, había sido absuelto.
Los pedidos de las partes
Durante la audiencia de cesura, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado para Poma Ovejero una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo. Al fundamentar el pedido, había valorado la multiplicidad de bienes jurídicos afectados por los hechos, sus antecedentes condenatorios y su formación como abogado, al considerar que su conocimiento jurídico implicaba un agravante.
Además, la Fiscalía había solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de funciones públicas, prevista para el delito de peculado, y una inhabilitación especial por siete años para ejercer la abogacía, al sostener que parte de los delitos fueron cometidos valiéndose de su profesión. También había solicitado que se ordenara su prisión preventiva y detención inmediata.
Dado que las inhabilitaciones solicitadas no fueron incluidas en la lectura del fallo, la Fiscalía solicitará que el juez se expida al respecto.
Asimismo, requirió que el dinero secuestrado en la vivienda de Poma Ovejero fuera entregado a la denunciante de la causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, para ser destinado a la asistencia del hijo menor de edad.
La defensa de Poma Ovejero, por su parte, había solicitado una pena de tres años de prisión efectiva y la devolución de los bienes secuestrados. Se había opuesto a la entrega del dinero a la denunciante y había pedido que, hasta que la condena quedara firme, el acusado permaneciera detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El juez difirió los pedidos de decomiso y entrega de los bienes secuestrados hasta que el estado de la causa permita resolver sobre su disposición.
Respecto de Conte, la Fiscalía había solicitado tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, mientras que su defensa había pedido una pena de dos años de prisión. Para Acosta, la Fiscalía había requerido diez meses de prisión, mientras que su defensa solicitó seis meses.