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En las cárceles y alcaidías de Salta hay personas que duermen en el piso, sin colchón o con restos de gomaespuma, una realidad que, según advierten desde los organismos de control, se repite de manera sistemática. "En cada celda que entramos contamos cuántas personas hay, cuántas camas, cuántos colchones y cuántas están directamente en el piso", explicó el abogado Rodrigo Solá, actual representante de Salta ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. "Eso se repite en casi todo el sistema".
Ese escenario condiciona de manera directa cualquier intento de resocialización. "Es muy difícil generalizar, pero hay que decir que el propio sistema no puede responder a toda la población", sostuvo Solá en el streaming de diario El Tribuno. La falta de cupos laborales, el acceso limitado a la educación y la escasez de equipos técnicos hacen que el objetivo central de la pena quede desdibujado. "No hay psicólogos ni trabajadores sociales suficientes, no hay talleres para todos, no hay educación para que todos puedan acceder de la misma manera", señaló. Aunque existen casos individuales de reinserción exitosa, aclaró que "no están dadas las condiciones generales para que eso suceda de manera fácil".
En cuanto a la alimentación, Solá señaló que el acceso a la comida está garantizado, pero advirtió que existen reclamos persistentes por la calidad y la cantidad. "No hay problemas de acceso, pero sí muchas quejas por cómo se come", explicó. Recordó que, al inicio de la gestión del Comité, la alimentación era uno de los principales conflictos: "La comida era muy mala y la brindaba directamente el Servicio Penitenciario". Con la privatización del servicio, esa situación se revirtió durante un tiempo.
El sistema carcelario de Salta tiene una sobrepoblación que ronda el 40 por ciento. Según el diagnóstico del Comité, el crecimiento sostenido de la población carcelaria comenzó hace unos 12 años. "El quiebre se da con la ley de transferencia de las competencias de microtráfico, en 2014", explicó Solá. A partir de entonces, las cárceles comenzaron a recibir un volumen creciente de personas detenidas por delitos de baja escala. El impacto fue particularmente fuerte en el caso de las mujeres. "El 75 por ciento de las mujeres que están en la Unidad 4 de Villa Las Rosas lo están por causas de microtráfico. No son grandes narcotraficantes, son el último eslabón, mujeres en situación de extrema vulnerabilidad", dijo.
A ese fenómeno se sumaron otros factores. Por un lado, un mayor número de denuncias y condenas por violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Por otro, cambios en la política judicial, como la implementación de juicios abreviados y penas cortas de cumplimiento efectivo. "Hoy encontramos personas con condenas de un año o dos años, pero en cárcel. Hace 15 años esas penas eran condicionales", explicó Solá.
"El incendio en la Alcaidía fue una tragedia anunciada"
Tiene capacidad para 350, pero hay 600 detenidas y llegó a albergar 900.
La Alcaidía de Salta es el ejemplo más extremo de esta crisis. "Es una tragedia anunciada", afirmó Solá al referirse al incendio ocurrido a fines en octubre pasado, donde terminó muriendo una persona y otras dos sufrieron quemaduras graves. Con una capacidad para unas 350 personas, llegó a alojar cerca de 900. Al momento del incendio había alrededor de 600 detenidos. "En las celdas donde se produjo el incendio, que eran para ocho personas, había hasta 25. Era el triple", detalló. En ese contexto, advirtió, "cualquier plan de evacuación o de mitigación del riesgo es prácticamente imposible".
Si bien en los últimos meses se logró una reducción de la población alojada en la Alcaidía, el problema sigue lejos de resolverse. Parte de esa sobrepoblación se trasladó a otras unidades, como Villa Las Rosas, y continúa afectando a todo el sistema. "Cuando hablamos de un 40 por ciento de sobrepoblación, hablamos de una olla a presión", graficó Solá. "En esos niveles, cualquier conflicto menor puede escalar y terminar en un motín o en una tragedia".
Desde el Comité contra la Tortura remarcan que la emergencia carcelaria declarada en 2022 recién empezó a materializarse cuando intervino la Justicia, a partir de un habeas corpus que obligó a conformar mesas de trabajo entre los tres poderes del Estado. "Recién ahí se constituyó una mesa interpoderes, que veníamos pidiendo hace años", señaló Solá. A partir de ese acuerdo comenzaron a involucrarse áreas como Economía, Infraestructura, Salud y Educación, y se activaron proyectos para Orán, Tartagal y el sur de la provincia, además de la ampliación de la Alcaidía capitalina.
Sin embargo, el diagnóstico es contundente: la crisis no se resuelve solo con más infraestructura. "Todos los actores tienen que involucrarse: jueces, fiscales, defensores", sostuvo Solá. "No se puede mandar gente a resocializarse sin conocer cómo se vive adentro".