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Tras la sanción de la quinta prórroga de la Ley 7857, que declara la emergencia por violencia de género en la provincia de Salta, referentes de organismos y sectores del feminismo compartieron su visión sobre la problemática.
La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Ana Pérez Declercq, remarcó que en los últimos 10 años han aumentado muchísimo las denuncias por violencia de género, casi un 50%, lo que indica que esta temática se ha vuelto más visible. Además, las leyes de Salta obligan a los funcionarios públicos a denunciar casos de violencia de género cuando los conozcan, ya sea de manera directa o indirecta, y tienen 48 horas para realizar dicha denuncia.
En este sentido, destacó que el OVcM trabajó para que las funcionarias y funcionarios tengan herramientas sobre cómo actuar y llevar adelante esas denuncias.
En cuanto al ámbito educativo, aseguró que han tenido muy buenos resultados. "En casi todas las escuelas públicas de Salta está pegado el flujograma y hay una vinculación con la Justicia, comunicando estos hechos de violencia que antes, en general, no se comunicaban", señaló.
En el sector de salud, también existe un protocolo. "Pero lamentablemente el único organismo de salud que lo aplicó fue el hospital San Bernardo. Después hay cierta resistencia para que el sistema de salud asuma la violencia como un tema de salud pública, a pesar de que en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había declarado la violencia como un asunto de salud pública", enfatizó.
Una década
Declercq expresó: "Muchas veces escuchamos decir 'pasaron 10 años de emergencia y siguen los femicidios, no cambió nada y aumentan las denuncias'. Creo que debemos entender cómo funciona la problemática para comprender que el aumento de denuncias es una buena señal. Significa que situaciones que antes permanecían en el ámbito privado hoy se denuncian, pero debemos lograr una mayor prevención y abordaje antes y después de la denuncia".
Añadió que la Justicia, a pesar de sus falencias y a veces de la falta de perspectiva de género, está recibiendo las denuncias y estableciendo medidas. Sin embargo, muchas veces estas no se cumplen por falta de personal policial o de profesionales en los espacios de salud.
"Necesitamos reforzar la prevención y la posvención después de la denuncia, para evitar femicidios y, al mismo tiempo, poder intervenir en las primeras etapas de la violencia. Por ejemplo, durante el embarazo, que es un momento en el que se puede detectar la violencia de género, es crucial que, cuando las personas acuden a los controles de embarazo, esta situación se detecte y se actúe a tiempo", concluyó Declercq.
Un antes y un después
La Ley provincial 7857 fue sancionada en 2014 con el objetivo de erradicar la violencia de género, un fenómeno que venía aumentando en Salta sin una respuesta adecuada. Esta ley fue prorrogada sucesivamente en 2016, 2018, 2022 y ahora.
Por su parte, la presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, expresó que antes de 2014, los años terminaban con más de 20 femicidios en Salta, lo cual era alarmante. Señaló que esa realidad ha cambiado, pero aún queda mucho por hacer.
"Desde la Multisectorial de mujeres, organizaciones y sindicatos, formamos una alianza para impulsar y exigir lo que hoy se renueva por quinta vez. A lo largo de estos 10 años, construimos con mucho trabajo", contó a este medio.
Añadió que, si bien se crearon oficinas, organismos y dispositivos para abordar la problemática, falta articulación.
"Al no haber suficiente articulación, el movimiento de mujeres queda postergado, lejos de los beneficios que deberían brindar las políticas públicas. Los datos siguen siendo preocupantes y nos sorprenden, pero los movimientos seguimos en las calles, asistiendo y acompañando a las mujeres. Muchas siguen muriendo de forma muy violenta, a pesar de haber denunciado previamente", manifestó Cari.
Agregó que "todavía faltan más recursos, presupuesto, creación de refugios y más comunicación con las organizaciones. Si a partir de esta quinta prórroga de la ley no se analiza críticamente lo que ha ocurrido en estos 10 años, volveremos a lo mismo de antes".
Monomarentales
Las referentes señalaron que muchas mujeres actualmente son víctimas de violencia económica y patrimonial, lo que ocasiona un menoscabo en sus recursos a través de distintos mecanismos.
En este sentido, la representante de la Red de Familias Monomarentales en Salta, Florencia Soraire, expresó que buscan visibilizarse como población. "Hay un trabajo articulado con la Secretaría de Mujeres para esto. Estamos haciendo todo lo necesario para que se realice la encuesta de monomarentales, la cual tendría incidencia en políticas públicas de acceso a la vivienda para las mamás que crían solas", sostuvo.
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