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El Senado sancionó el jueves último la ley que dispone una nueva prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2025, las ejecuciones judiciales para desalojo de familias rurales y de pequeños productores en toda la provincia.
La norma, que pasó al Ejecutivo para la promulgación, paraliza hasta el 31 de diciembre de 2025 las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en casos previstos en los artículos 1898 o 1899 del Código Civil y Comercial.
Con este texto se modificó una vez más el plazo del artículo 9º que fue sancionado por primera vez en el 2010 en el contexto de la ley provincial 7.658.
Esta ley dispuso estableció la aplicación de un programa de regularización de dominio y de asistencia para los pequeños productores agropecuarios y las familias rurales. Pasaron 14 años y todavía no se completa el proceso de regularización.
Además de ordenar la confección de un registro, estableció beneficios para el desarrollo productivo, agroindustrial y económico de estos sectores.
Durante el debate legislativo se consideró que la situación se debe solucionar de manera definitiva para que los pequeños productores tengan sus tierras y dejen de tener una espada pendiente sobre sus cabezas. En Diputados se había propuesto que la prórroga fuera por dos años, pero esta moción no prosperó.