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El Senado sancionó la ley a través de la cual se establece que el personal docente o no docente que se desempeñe en establecimientos públicos deberá carecer de antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual.
Dispone que los aspirantes a desempeñar cargos en escuelas públicas de todos los niveles y modalidades, ya sea como docentes o no docentes o que por sus funciones deban tener contacto con alumnos, deberán acreditar la ausencia de condenas o procesos pendientes en los que hubieran sido imputados por delitos contra la integridad sexual previstos en el Código Penal.
En consecuencia, todos los aspirantes o los que soliciten el reingreso deberán presentar Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía de Salta y el informe del Registro Nacional de Reincidencia, que emita la Unidad de Expedición y Recepción de antecedentes penales (U.E.R).
Los certificados en cuestión deben ser actualizados en el período que determine la autoridad de aplicación, no podrán exceder en ningún caso de dos años y deberán ser incorporados al legajo personal, determina la ley que ahora pasó al Ejecutivo para la promulgación.
Además, dispone que cuando un docente o no docente, que tiene contacto con alumnos, sea imputado por este tipo de delito, se le aplicará el Reglamento General de Investigaciones Administrativas de Salta o la norma que refiriéndose al procedimiento a seguir en estos casos, en un futuro la reemplace.
El incumplimiento de la ley en establecimientos públicos de gestión estatal conllevará actuaciones sumarias por parte de la autoridad de aplicación.
Para establecimientos públicos de gestión privada, las sanciones incluyen apercibimiento, multa de hasta diez veces la cuota que se abona, graduable de acuerdo a la gravedad de la falta; suspensión de matrícula y caducidad.