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Una resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia desató una fuerte polémica en las últimas semanas entre pescadores deportivos y operadores de turismo de pesca con devolución en el río Juramento, entre los embalses de Cabra Corral y El Tunal.
La resolución permitía a un grupo de pescadores de una comunidad wichí capturar dorados y sábalos en grandes cantidades en el río Juramento. Guías de pesca y pescadores deportivos advirtieron un "riesgo de depredación" para la especie Dorado, protegida en toda la provincia.
La medida, que finalmente fue dejada sin efecto, habilitaba a la Comunidad Aborigen "Samuel Canaleja", del pueblo wichí, a realizar pesca artesanal de subsistencia durante dos años, y establecía cupos de extracción muy superiores a los vigentes, incluso sobre el Dorado (Salminus brasiliensis), una especie absolutamente protegida y con veda total en toda la provincia.
Según los anexos de la Resolución N° 654/25, cada pescador originario habilitado podía capturar 4 dorados y 168 sábalos por excursión, además de otras especies. La autorización contemplaba una excursión semanal por persona.
La nómina oficial de la polémica resolución incluía 30 pescadores con nombre, apellido y DNI, lo que implicaba que, en términos teóricos, la comunidad estaba habilitada a extraer por mes hasta 500 dorados y más de 20.000 sábalos en el Juramento a lo largo de 2 años.
La decisión generó protestas inmediatas de pescadores deportivos, guías de pesca flotada y operadores turísticos, quienes sostuvieron que la autorización "ponía en riesgo el equilibrio biológico de un sistema que se viene recuperando hace años bajo criterios de conservación estrictos".
El Dorado está protegido en Salta, ya que es una especie de alto valor ecológico como predador tope. Su crecimiento y reproducción son lentos.
"Tanto cuidar el río para que ahora habiliten una pesca a mansalva. Esto podía exterminar al Dorado y tirar por la borda años de manejo responsable", expresaron guías consultados.
Ante la escalada de cuestionamientos, Ambiente emitió una nueva disposición que establece en su artículo 1 "Suspender la Resolución N° 654/25 hasta que, mediante instancias participativas, se definan las zonas de pesca destinadas a la pesca flotada y a la subsistencia".
En el artículo 2, la nueva resolución señala que "Durante la suspensión, solo se permitirá la pesca con fines técnicos y científicos, bajo autorización expresa".
Hasta el momento, la Secretaría no brindó explicaciones públicas sobre los criterios técnicos o sociales que motivaron la resolución original, ni sobre los argumentos para su suspensión.
La medida anulada se sustentaba en la Ley Provincial 7070 y la Ley Nacional 26.021, que reconocen el derecho de los pueblos originarios a realizar prácticas tradicionales de subsistencia, siempre que estas "no comprometan" la conservación de las especies.
Es base del turismo de pesca con devolución, actividad que genera ingresos sostenidos en el Juramento. Se establece la veda total todo el año.
Sin embargo, en este caso, los críticos sostuvieron que los cupos habilitados excedían el estándar de subsistencia y se acercaban a volúmenes de pesca extractiva sostenida, con un claro impacto ambiental sobre todo por los lugares claramente identificados de desove, donde el pez es más vulnerable y pasible de capturas en forma diaria.
Además de esta situación, los pescadores deportivos y guías de pesca habían advertido que la resolución inicial de Ambiente también autorizaba la utilización de redes de diversas medidas que iban hasta los 250 metros de largo por 2 metros de alto, con aberturas de 16 centímetros en el trasmallo.
Los guía de turismo y pescadores deportivos exigen ahora como garantía, la firma de una resolución que anuló la polémica anterior.
Con estas dimensiones en las redes, también se autorizaba la pesca de Dorados sin medidas mínimas, por lo que cualquier ejemplar de esta especie que caiga en esas redes podía ser sacrificado.