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El debate sobre los traslados de docentes a escuelas del interior provincial volvió al centro de la escena legislativa, luego de que distintos diputados plantearan preocupación por "ciertas situaciones" en zonas inhóspitas y de frontera. En ese marco, los gremios defendieron el derecho a la movilidad y reclamaron que la discusión no se limite a ese punto, sino que abarque una reforma integral del Estatuto del Docente, vigente desde 1995.
Ayer, el secretario general de ADP, Fernando Mazzone, participó de la reunión convocada por la Comisión de Educación de Diputados. Destacó que escuchó la postura del diputado Gerónimo Arjona, autor del proyecto que busca prohibir los traslados a docentes que están a menos de seis años de jubilarse.
Mazzone calificó la reunión como "muy fructífera" y reconoció que hay casos en los que, tras un traslado, algunos docentes toman licencia, "y se deja a los chicos sin clases". Dijo que existen mecanismos para revisar esos episodios sin recortar derechos. "Yo lo vengo diciendo hace años: se necesita una profunda reforma en la educación de la provincia", afirmó. Señaló que el Estatuto "no contempla situaciones actuales", como el uso del celular o nuevas normativas. ADP propone priorizar a docentes nacidos en cada departamento, y a modo general, proteger el acceso al trabajo del "docente salteño" antes de los que vienen desde otras provincias.
Respecto de los traslados, pidió garantizar que "no termine afectando a los chicos, que es lo principal". Los gremios (ADP, UPCN, ATE) volverán a reunirse con la Comisión el 15 de diciembre y, luego, los aportes deberán ser tratados por el Ministerio y debatidos en las escuelas, dijo.
Para 2026, 1.208 docentes y no docentes solicitaron cambio de destino. De esos, 334 fueron rechazados. Los 874 casos restantes están en evaluación. El 60% de los traslados se piden por razones particulares.
Hoy será el turno de Sitepsa. Su secretaria general, Victoria Cervera, cuestionó que la voluntad política de modificar el Estatuto surja "de una situación de conflicto puntual" ocurrida el año pasado en San Antonio de los Cobres. "Si se lo aborda desde ese punto de vista se restringen derechos", advirtió.
Remarcó que el derecho a la movilidad está reglamentado y que la mayoría de los pedidos responden a razones de salud o acercamiento familiar. "No es que todos los docentes nos queremos ir a zonas inhóspitas para jubilarnos mejor", dijo. Cervera recordó que solo una parte menor de los traslados termina siendo viable por falta de vacantes. Y pidió que el debate sea amplio: "El Estatuto es nuestro convenio colectivo de trabajo. No se puede hacer de un día para el otro: hay que trabajar en mesas técnicas y con jornadas en las escuelas".
La gremialista dejó en claro su posición respecto al tema de los traslados. Señaló que "la parte del Estatuto que regula los traslados está bien y no necesita modificaciones", ya que garantiza un criterio transparente de puntaje y prioridad. A su entender, el foco del debate debe ubicarse en otros problemas más urgentes del sistema educativo.