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El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el sobreseimiento del empresario Matías Luis Huergo reavivó el debate jurídico y político alrededor de la causa conocida como de las facturas truchas. El fiscal federal Carlos Martín Amad había expresado su desacuerdo con la resolución, al considerar que el Tribunal se centró únicamente en el pago de las deudas tributarias y no en la gravedad del daño al erario ni en la presunta organización de una asociación ilícita fiscal.
En ese contexto, el abogado defensor de Huergo, Sebastián Espeche, respondió a las críticas en una entrevista a El Tribuno y ofreció su propia lectura del expediente, de la aplicación del blanqueo y moratoria, y de la actuación de la justicia federal en Salta. Espeche recordó que la causa se inició en 2017 a partir de una denuncia de un testigo protegido, cuya identidad se mantiene reservada hasta hoy. De acuerdo con la presentación, habría maniobras con facturas apócrifas vinculadas a la Municipalidad.
A partir de esa denuncia, en diciembre de 2018 el juez federal ordenó allanamientos en domicilios de personas supuestamente involucradas, el secuestro de teléfonos y otras medidas, entre ellas las que alcanzaron a Huergo. El abogado indicó que su defendido se presentó siempre a derecho y a disposición de la justicia, pero que igualmente fue detenido en mayo de 2019. Estuvo 92 días privado de la libertad. Espeche subrayó como "llamativo" que, tratándose de una acusación por asociación ilícita, solo se hubiera ordenado la detención de Huergo y no del resto de los presuntos integrantes de la banda.
"No se probó nada"
Al repasar el contenido de la acusación, Espeche describió que en la indagatoria se mezclaban diversas figuras: supuesta "usina" de facturas apócrifas en la Municipalidad de Salta, evasión de impuestos, lavado de activos y presuntos hechos defraudatorios al erario municipal. El abogado sostuvo que en los allanamientos y en el análisis de los teléfonos "no se probó absolutamente nada" vinculado a esos hechos y remarcó que, pese a que en su momento se habló de cifras de entre 300 y 400 millones de pesos, finalmente la imputación tributaria se circunscribió a unos 20 millones de pesos de capital.
También afirmó que en el expediente federal no se incorporó ninguna factura apócrifa emitida a la Municipalidad de Salta, pese a que ese fue uno de los ejes iniciales de la denuncia. Según dijo, el Ministerio Público Fiscal no produjo pruebas propias y la acusación se basó esencialmente en determinaciones de la AFIP.
En paralelo al avance del expediente, se aprobó el blanqueo. Esa norma prevé que el pago de las deudas tributarias puede extinguir la acción penal por delitos tributarios. Amad considera que solo se canceló lo adeudado a la AFIP sin reparar el daño más amplio al Estado, Espeche defendió su postura. El abogado explicó que, si bien ellos siempre negaron la existencia de una deuda, optaron por esa vía porque el monto finalmente cuestionado no les resultaba significativo en relación con el panorama del proceso y las irregularidades que consideran que tuvo la investigación. De acuerdo con lo que detalló, Huergo terminó pagando 60 millones de pesos.
"Cinco jueces nos avalaron"
Espeche valoró que tanto el Tribunal Oral Federal de Salta como la Cámara Federal de Casación Penal hayan avalado esta interpretación y destacó que, en total, "cinco jueces" ya se pronunciaron en línea con la posición de la defensa y de Huergo. A su criterio, no hay un exceso reglamentario y, si el caso llega a la Corte Suprema, confía en que el Máximo Tribunal mantendrá esa doctrina. Espeche insistió en que en este expediente no se acreditó ninguna maniobra defraudatoria a la Municipalidad de Salta.