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La directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud de Salta, Patricia Leal, confirmó a El Tribuno que la niña de 12 años de Tartagal embarazada como consecuencia de un abuso sexual "se encuentra en buen estado de salud", que recibe seguimiento interdisciplinario desde octubre y que manifestó de manera expresa su decisión de continuar con la gestación. "Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación", afirmó la especialista en diálogo con este diario.
Leal es la médica que le hizo la primera ecografía para confirmar el embarazo, en el marco de un operativo sanitario en el Centro de Salud del kilómetro 6, cerca de Tartagal. Precisó que la menor "nunca estuvo sola en las consultas", que fue acompañada inicialmente por la madre, luego por el padre, y en otras oportunidades por la pareja. Que el equipo de salud volvió a asesorarla en los últimos días sobre su derecho a interrumpir el embarazo. "Ella pidió seguir adelante. Está acompañada por su familia y el equipo local continúa con el control integral", señaló. La directora remarcó además que, al momento del primer contacto con el sistema sanitario, la niña refirió que la relación había sido consentida -dato que quedó luego bajo investigación penal- y que, como indica el protocolo provincial, se dio intervención a la Secretaría de Niñez y Familia.
Respecto del estado de salud, la especialista explicó que la gestación se encuentra entre las 16 y 20 semanas y que se trata de un embarazo de alto riesgo por la edad de la paciente. "En los dos extremos de la vida (niñas y más de 40) hay riesgos porque son más propensas a patologías, especialmente la hipertensión en el embarazo. Pero si brindamos cobertura integral y controles frecuentes no debería tener complicaciones, y si las tiene, las vamos a poder resolver", sostuvo. La niña ya recibió suplementación con hierro por un cuadro de anemia y posee estudios y ecografías actualizados.
La funcionaria destacó también que Salta aplica una "hoja de ruta para embarazos en menores de 15 años" con enfoque intercultural. "Ha sido elaborada junto a referentes wichí, especialmente mujeres que trabajan activamente en la defensa de los derechos de las niñas y adolescentes originarias", dijo.
Parte oficial de Salud
Minutos después de la entrevista, el Ministerio de Salud Pública difundió un informe en el que detalló la asistencia que la niña recibe desde el 24 de octubre. Según el documento, la menor informó su embarazo durante su primer control prenatal, con 8 semanas de gestación, y desde entonces se activó el protocolo de acompañamiento integral.
El reporte indica que la paciente fue derivada ese mismo día al Hospital Juan Domingo Perón, donde fue evaluada por Tocoginecología, Psicología y Servicio Social; que fue internada el 27 de octubre para estudios completos; y que en noviembre continuó con controles ambulatorios, incluyendo una ecografía con parámetros normales. El Ministerio subrayó que la niña tiene el esquema de vacunación al día y continúa asistiendo a todas las citas programadas.
La causa penal: ordenaron detener a un joven de 19 años
La Justicia de Tartagal investiga el embarazo de una niña de 12 años en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal, un caso que volvió a exponer las vulnerabilidades profundas que atraviesan niñas y adolescentes en contextos de violencia, pobreza y pertenencia a comunidades originarias. En las últimas horas, el Juzgado de Garantías 2 ordenó la detención de un joven de 19 años, sindicado como el presunto autor del hecho.
El caso generó conmoción en la ciudad y motivó una manifestación ayer por la mañana frente a Ciudad Judicial, donde integrantes de la comunidad originaria a la que pertenece la menor reclamaron que se respete su voluntad de continuar con el embarazo. La situación implica un alto riesgo para su salud, por lo que distintos organismos intervienen de manera simultánea.
La causa se inició tras la denuncia de la Fiscalía Penal de Violencia de Género del distrito Norte. Ayer estaba prevista la declaración de la niña en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), pero al recibir la citación judicial la menor interpretó que sería sometida a una interrupción del embarazo. Como protesta, decidió encadenarse en el edificio de Ciudad Judicial.
La intervención de una psicóloga del Ministerio Público y de la referente comunitaria Marcela Calermo permitió aclarar el motivo de la audiencia. Una vez contenida y acompañada, la niña pudo declarar en un entorno protegido.
Mientras avanzaba la audiencia, miembros de su comunidad permanecieron manifestándose en el exterior del edificio judicial. En paralelo, el Juzgado dispuso la detención del joven acusado, que se concretará en las próximas horas.
En el caso intervino el Asesor de Incapaces 1 de Tartagal, Juan José Andreu, a raíz de una denuncia presentada por la madre de la niña. En primer lugar solicitó todas las medidas de resguardo para garantizar los derechos de la niña. Requirió a los organismos correspondientes tomar acciones en protección de la niña.
Además, solicitó a los responsables del área de Salud que se garanticen todas las prestaciones para resguardar la salud física y mental de la nena. También requirió que Salud informe si existe riesgo vital para la niña, ya que tanto ella como la madre manifiestan voluntad de continuar con el embarazo.
Desde la Asesoría se realiza el seguimiento de la situación de la niña y todas las actuaciones relacionadas con el caso. Estas medidas se solicitaron, independientemente de la investigación penal que en paralelo lleva adelante la Fiscalía.