inicia sesión o regístrate.
Un grupo de diputados provinciales del bloque Todos por Salta presentó un proyecto de ley que propone la creación de la Oficina Judicial del Interior, una nueva herramienta destinada a descentralizar la atención judicial y garantizar el acceso a la Justicia en municipios donde el Poder Judicial y el Ministerio Público no cuentan con sedes permanentes.
La iniciativa apunta a dar respuesta a una problemática estructural de la provincia: las enormes distancias, la dispersión poblacional y las dificultades económicas que enfrentan miles de salteños del interior profundo para realizar trámites judiciales que, en muchos casos, requieren la presencia física en la capital u otras ciudades cabecera.
Según el proyecto, la Oficina Judicial del Interior funcionará a través de delegaciones territoriales que se instalarán en municipios definidos por la Autoridad de Aplicación. Estas sedes actuarán como espacios de apoyo, enlace y asistencia, permitiendo realizar trámites administrativos, diligencias procesales y audiencias remotas, sin modificar la actual organización jurisdiccional ni las competencias de jueces, fiscales o defensores.
El diputado Germán Rallé, uno de los autores de la iniciativa y presidente del bloque oficialista, remarcó que el proyecto surge de una experiencia compartida por legisladores del interior. "Sé lo complejo que es para una persona que vive en medio de los cerros, con distancias largas y altos costos, viajar a la Capital para hacer un trámite que muchas veces se resuelve en pocos minutos, pero exige presencialidad", señaló. En ese sentido, subrayó que las nuevas oficinas permitirán evitar traslados innecesarios, beneficiando tanto a los ciudadanos como al propio sistema judicial.
El texto legislativo establece que las delegaciones no ejercerán funciones jurisdiccionales ni decisorias. Su rol será estrictamente administrativo y operativo: gestionar actuaciones, canalizar requerimientos judiciales, validar identidades y facilitar audiencias mediante herramientas digitales, todo con plena validez jurídica y bajo reglamentación de la Corte de Justicia.