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El procedimiento participativo que abrió el Ministerio de Seguridad y Justicia, tras la decisión del Ejecutivo provincial de proponer ante el Senado un nuevo acuerdo que permitiría a Pablo López Viñals mantenerse en la Corte salteña por otros diez años, sumó otra dura objeción institucional a la continuidad del cuestionado juez cuyo mandato, de seis años, expiró el viernes último.
Con una enérgica presentación dirigida al ministro Gaspar Solá Usandivaras, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta expresó su oposición institucional a la postulación de López Viñals para un nuevo período como juez de la Corte, "en nombre de la legalidad, de la coherencia institucional y de la plena vigencia de la Constitución de la Provincia de Salta". De este modo, la entidad que representa a una matrícula de más de 8.000 abogados en la provincia, manifestó su desacuerdo en concordancia otras oposiciones, como las que interpusieron el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) y el juez de Cámara Gonzalo Mariño.
El Colegio de Abogados recordó que la reforma de la Constitución de Salta de 2021 introdujo un conjunto de cambios normativos orientados a consolidar los principios republicanos y garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones. La institución que preside Sergio Daniel Díaz Lenes precisó que entre esas reformas se destacó la modificación del artículo 156, que estableció que los jueces de la Corte de Justicia duran diez años en sus funciones, sin posibilidad de ser nombrados nuevamente. "Esta limitación expresa y categórica tiene como finalidad preservar la independencia judicial, impedir la consolidación de poderes personales y asegurar la alternancia institucional, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema democrático", remarca la oposición elevada a la cartera de Seguridad y Justicia de la Provincia.
Respeto a la Constitución
"Resulta imperativo que esta disposición, clara tanto en su letra como en su espíritu, sea respetada y aplicada con estricta sujeción por todos los poderes del Estado. La posibilidad de renovar el mandato de un juez de Corte en contradicción con este nuevo marco normativo no solo desvirtúa los fines de la reforma constitucional, sino que proyecta una señal equívoca hacia la ciudadanía, especialmente cuando se trata del órgano que ejerce la más alta magistratura judicial de la Provincia", puntualizó el Colegio de Abogados. La institución subrayó, en este sentido, que "no caben excepciones ni interpretaciones regresivas: la regla constitucional es inequívoca y exige una adhesión rigurosa, particularmente de parte de quienes deben velar por la supremacía de la Constitución".
Acuerdo incompatible
El Colegio profesional advirtió que la situación "es aún más grave si se considera que el Dr. Pablo López Viñals ya ha ejercido como juez de la Corte durante seis años. De ser renovado en sus funciones por un nuevo período, su permanencia superaría ampliamente el límite temporal de diez años fijado por la Constitución reformada. Esta prolongación excedería el mandato permitido y resultaría objetivamente incompatible con la voluntad del constituyente, quien, al establecer una duración improrrogable y no renovable, procuró evitar la perpetuación en el poder y preservar la regular rotación de los cargos", reafirma el escrito interpuesto en el procedimiento participativo.
Excepción contradictoria
El Colegio presidido por Díaz Lenes agregó que la Corte de Justicia de Salta, en línea con lo dispuesto por el nuevo texto constitucional, dictó el pasado 7 de febrero la acordada 14.302, en la que estableció que los magistrados de primera y segunda instancia que cumplan los 70 años deben cesar en sus funciones. La institución recalcó que esa acordada "se fundamentó en una interpretación directa del nuevo artículo 156 de la Constitución Provincial y fue sustentada en la necesidad de aplicar inmediatamente la reforma a todos los jueces en funciones. En consecuencia, sería profundamente contradictorio que los mismos jueces que sostuvieron la vigencia inmediata de la reforma para casos ajenos intenten ahora excepcionarse de ella para su propia situación", cuestionó el Colegio de Abogados. Añadió que "la coherencia institucional exige una conducta uniforme en la aplicación del derecho, más aún cuando se trata de quienes integran la cúspide del Poder Judicial".
Etapa sombría
En su oposición a un nuevo acuerdo para extender el mandato de Pablo López Viñals como juez de la Corte, el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) subrayó la necesidad de transparencia e idoneidad en la Justicia. El FOCIS, que ya había objetado la designación inicial del magistrado, insistió en que López Viñals fue ascendido a la Corte en mayo de 2019, tras desempeñarse como procurador general en un sombrío período marcado por la "morosidad, falta de transparencia, discrecionalidad, inacción e ineficacia" en la gestión del Ministerio Público Fiscal.
"La falta de coherencia socava la confianza y la legitimidad"
El Colegio de Abogados advirtió que, tal como lo expresara el jurista Atilio Aníbal Alterini en su obra La inseguridad jurídica (1993), "la acepción de personas, esto es, aplicar el derecho dependiendo de quién lo invoque, socava gravemente la administración de justicia. Esta afirmación resalta la importancia de la igualdad ante la ley y la necesidad de una aplicación uniforme de las normas, pilares esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la legitimidad institucional. La falta de coherencia compromete la confianza de la ciudadanía y erosiona la legitimidad de las decisiones jurisdiccionales", planteó en su oposición a la continuidad de Pablo López Viñals en la Corte de Justicia de la Provincia.
En el rechazo institucional también se hizo notar de modo enfático que "el respeto a la Constitución y la aplicación igualitaria de las normas no son solamente exigencias legales, sino principios éticos que estructuran el Estado de Derecho. No se trata aquí de juicios personales sobre trayectorias individuales, sino de la necesidad de preservar el prestigio institucional de la Corte de Justicia y la integridad del proceso de selección de sus miembros. Permitir que se extienda en el cargo a quien está impedido constitucionalmente de continuar por un nuevo período implicaría erosionar la vigencia de la Constitución, abrir una puerta a interpretaciones interesadas y consolidar una lógica de excepción incompatible con el modelo republicano", alertó el Colegio de Abogados.
La entidad resaltó que la reforma constitucional, al establecer un límite temporal inmodificable a los mandatos, no solo introdujo una previsión normativa, sino que encarnó una voluntad política y social claramente definida. "Esa voluntad debe ser respetada con la misma firmeza con la que se exigió su incorporación. Lo contrario significaría una regresión institucional difícil de justificar y que, inevitablemente, pondría en tela de juicio el compromiso real con los principios que sustentan el orden constitucional vigente", acotó.
Los ecos del crimen de las francesas
Un punto concordante en las objeciones del FOCIS y el juez Gonzalo Mariño contra la renovación del acuerdo para López Viñals alude a su actuación en el caso del crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuya investigación estuvo plagada de irregularidades. Mariño no solo atribuyó a López Viñals dobleces "incompatibles con la ecuanimidad, hombría de bien, buena fe, coherencia, impermeabilidad a las presiones políticas y honradez intelectual", sino que cuestionó su desempeño como jefe de fiscales entre 2008 y 2019. El camarista citó como reflejo paradigmático de ese período al crimen de las francesas, cuya impunidad quedó manifiesta tras la liberación de Santos Clemente Vera. Sobre esa orden, el abogado Armando Caro Figueroa, miembro del FOCIS, recordó que "la Corte de Salta fue advertida severamente por la Corte Suprema de la Nación y, sin embargo, no tomó ninguna medida. Por el contrario, intentó desconocer lo que se le ordenaba", afirmó. El Foro planteó que la renovación de un acuerdo sujeto a pactos políticos comprometería la independencia del Poder Judicial. Tras recordar que López Viñals fue nombrado en la Corte por Juan Manuel Urtubey en 2019, poco antes de dejar el poder, Caro Figueroa sostuvo que con la extensión de su mandato el actual gobierno estaría "honrando un compromiso político, no jurídico".