El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta analizó en El Tribuno el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En una entrevista, cuestionó la falta de fundamentación del fallo y el impacto político inmediato de la inhabilitación. Señaló que la Corte no respondió si hubo violación de garantías ni si la condena está bien dictada. "La justicia no puede convertirse en un arma para atacar o salvar a nadie", afirmó.
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El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta analizó en El Tribuno el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En una entrevista, cuestionó la falta de fundamentación del fallo y el impacto político inmediato de la inhabilitación. Señaló que la Corte no respondió si hubo violación de garantías ni si la condena está bien dictada. "La justicia no puede convertirse en un arma para atacar o salvar a nadie", afirmó.
¿Cómo puede explicarse lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia en el caso de Cristina Fernández de Kirchner?
Se trata de un fallo técnicamente muy sencillo. La Corte rechaza el recurso presentado por Cristina sin siquiera tratarlo. Lo declara insustancial, carente de trascendencia. Dice que no hay agravios de relevancia, por lo tanto, la condena que dictó el Tribunal de Casación queda firme. Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad. Se desestimó la acusación por asociación ilícita y tampoco se le amplió la pena, que era una posibilidad que estaba en juego. Lo relevante, desde el punto de vista político, es que con este fallo se ejecuta la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eso tiene un impacto electoral inmediato.
¿La Corte tenía plazos para resolver este tema?
No. Ese es uno de los problemas del funcionamiento de la Corte. No hay plazos establecidos, pueden tomarse el tiempo que quieran. Por ejemplo, en el caso de (Clemente) Vera, vinculado al asesinato de las turistas francesas, la Corte se tomó años para dictar una resolución. Y, de un día para otro, sin previo aviso, salió el fallo. En cambio, en este caso de Cristina se anunció en los medios que el fallo salía el martes, y así fue: se reunió la Corte y lo resolvió.
¿Cuál es su análisis?
Que la Corte no dio ninguna razón. Sea para quienes querían que la pena se ampliara, sea para quienes querían que se anule la condena, la Corte no explicó nada. No dice si Cristina fue bien o mal condenada. Solo afirma que el recurso no tiene entidad. En términos políticos dice mucho, pero en términos jurídicos no dice nada.
¿Qué implica esto en la práctica para Cristina Fernández de Kirchner?
Por un lado, la inhabilitación para ocupar cargos públicos se ejecuta de forma inmediata, por lo cual no podrá ser candidata, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, en relación con la pena de prisión, Cristina seguramente va a solicitar los beneficios que le corresponden por edad, como el cumplimiento domiciliario. No creo que vaya a un penal.
¿La Corte tenía elementos para tratar el caso en profundidad?
Sí, había cuestiones constitucionales que valía la pena revisar. Cristina planteó argumentos sobre la falta de imparcialidad del tribunal, sobre relaciones entre jueces y funcionarios políticos, sobre la objetividad de los fiscales. Recordemos que se mencionó incluso que jueces y fiscales compartían reuniones informales en la casa del expresidente Macri. Todo ese "folclore judicial" puede no alterar una sentencia, pero amerita revisión. Y la Corte no dijo nada.
¿Qué consecuencias tiene que solo haya tres integrantes en la Corte?
Muy malas. Primero, porque la Corte está funcionando con solo tres miembros. Segundo, porque hay una gran cantidad de cargos judiciales vacantes. No tenemos procurador general, no se han nombrado jueces federales cuyos concursos ya terminaron. Y mientras tanto, la Corte tiene miles de causas y elige una, de enorme trascendencia política, para rechazarla sin explicación. Eso alimenta la desconfianza.
¿Cristina puede recurrir a instancias internacionales?
Sí. El camino es ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte. Hay antecedentes en la región: pasó en Brasil con Lula, en Perú, en Panamá. El sistema interamericano presta mucha atención cuando la justicia de un país impide a un político presentarse a elecciones. Pero esos son procesos lentos, no van a cambiar nada en la política argentina de este año.
¿Cree que este es un caso de judicialización de la política?
Sí. Y yo soy absolutamente contrario a que la justicia intervenga en disputas políticas. Su función es asegurar que se cumplan las reglas del juego, que no haya fraude, pero no tiene que terciar. Cuando la justicia se usa como arma política, perdemos todos. No sabemos si es justa o injusta. Y ese es el problema: que no podamos estar seguros. La Corte está en la cima del sistema judicial, supervisa todo. Debería haber dicho: "No se violaron garantías, está bien condenada" o "Sí se violaron garantías, está mal condenada". Pero no lo hizo. Y entonces quedamos en esta situación: una condena firme, pero sin razones. Eso es gravísimo.
La sociedad tiene derecho a saber si una líder política fue condenada con garantías o no. Si el proceso fue justo. Y no lo va a encontrar en el fallo de la Corte. Lo va a tener que buscar en instancias anteriores. Para el sistema judicial argentino, Cristina está condenada por corrupción. Otros dirán que fue víctima de lawfare. Y ahí seguimos, en la incertidumbre.
¿Qué opina de la idea de elegir jueces por voto popular como en México?
Es muy complejo. El ciudadano común no tiene los elementos técnicos para elegir jueces. Pero lo que hacen bien los mexicanos es poner el foco en la legitimidad democrática del Poder Judicial. Acá, muchas veces no sabemos cómo llegan los jueces. Llegan con interpretaciones forzadas de la Constitución y eso le quita legitimidad a todo el sistema.
¿Qué deberíamos exigir como sociedad?
Que los tribunales se mantengan lo más alejados posible de la política. Que no participen ni para atacar ni para salvar a nadie. Que las disputas políticas se resuelvan donde deben resolverse: en el campo de la política. Y que la justicia sea transparente.