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La reciente disolución del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear) por parte del Gobierno nacional despertó una ola de repercusiones. Referentes de la construcción, legisladores y beneficiarios del plan manifestaron opiniones dispares sobre una medida que, para muchos, marca el fin del rol activo del Estado en el acceso a la vivienda.
Desde el ámbito empresarial, el presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura, fue categórico al expresar su preocupación. "Es una pena. Ya lo vengo repitiendo. El gobierno nacional no se da cuenta del daño que está ocasionando en las empresas constructoras. La obra pública no en todos lados es sinónimo de corrupción", afirmó, subrayando el impacto negativo que decisiones de este tipo generan en la economía del sector.
Por su parte, el diputado nacional, Carlos Zapata, explicó los motivos que llevaron a la disolución: "Se procedió a resolver la disolución del fondo fiduciario Procrear, una decisión que tomaron en conjunto el Ministerio de Economía y el de Desregulación. La intención, ya expresada en la Ley Bases, era eliminar los fondos fiduciarios públicos".
Zapata aseguró que la medida responde a fallas detectadas por la Sindicatura General de la Nación, entre ellas, demoras en la entrega de viviendas, altos costos por incumplimientos y falta de condiciones mínimas de habitabilidad. "Hay fallas en la actualización de los manuales de procedimientos y, a esta decisión, se suma la disolución de otros 24 fondos fiduciarios que, por fallas en la gestión, en su instrumento financiero y falta de transparencia en sus controles, han derivado en la eliminación. Porque eran especies de cajas negras o una distracción importante de recursos con escaso cumplimiento del objetivo planteado", agregó.
Voces referentes
Natalia Vaca, abogada salteña, fue una de las tantas personas que accedieron al Procrear mediante créditos UVA. En abril de 2019 obtuvo un préstamo de $1.486.000 a 15 años con el banco Santander Río. La cuota inicial fue de $11.000, pero en agosto de 2024 ascendió a $484.895.
Al respecto, expresó: "Ni nos perjudica ni tampoco nos genera ningún beneficio, es solamente formalizar lo que ya teníamos. Se pararon en esta posición de que no era una política pública cuando sí lo era. Para este Estado de Javier Milei se desconoce la posibilidad o el derecho de acceso a una vivienda, entonces entienden que el Estado no debe intervenir en estas cuestiones. Y nosotros comenzamos esto supuestamente con el Estado, generando esta política pública".
Natalia participó junto a otras referentes en reclamos y presentaciones ante la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto del Senado provincial. Además, advirtió que la suba de cuotas sigue y que piensan que puede empeorar aún más.
Otras miradas
Matías, uno de los afectados, dijo: "Yo siento que esta medida es otro golpe a la clase media que aspira a tener una casa propia". Oscar, con una visión más crítica del recorrido histórico del plan, señaló: "Hay que tener memoria y acordarse que con gobiernos anteriores eran cuotas fijas. Después con otro gobierno vinieron los créditos UVA, por lo que mucha gente quedó sin casa por no poder pagar la cuota. Y ahora vino directamente el fin."
En contraste, Rodrigo expresó una postura diferente: "Yo estoy de acuerdo porque te pedían muchos requisitos y te ponían trabas para poder acceder. Sorteaban una casa cada seis meses para 1.500 personas. Que se encargue un privado de esto, que va a mostrar más preocupación seguramente".