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Tras más de un mes de demora respecto a los plazos acordados, el Gobierno de la Provincia de Salta reabrió este viernes la mesa general de diálogo con los gremios estatales, para retomar la discusión paritaria. La revisión de salarios había sido pactada originalmente para mayo, según el acta firmada en febrero, cuando se cerró un incremento del 9% para el primer semestre de 2025.
El acuerdo vigente contemplaba subas del 3% en los sueldos de febrero, abril y junio. Sin embargo, la inflación acumulada hasta mayo ya trepó al 13,3%, lo que genera un desfasaje creciente entre salarios e inflación y alimenta el desconcierto de los trabajadores.
La reunión tuvo lugar en Casa de Gobierno y contó con la presencia de representantes gremiales de los distintos sectores del Estado, así como de funcionarios del gabinete provincial. Participaron, entre otros, el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace, Sergio Camacho; el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur; y la ministra de Educación, Cristina Fiore.
Durante el encuentro, los dirigentes sindicales plantearon la pérdida de poder adquisitivo que vienen atravesando, mientras que el Ejecutivo expuso el delicado escenario financiero de la provincia, condicionado por la crisis económica nacional y el impacto negativo en sectores como la construcción, el comercio y la producción.
Desde el Gobierno aseguraron que las mesas sectoriales continuarán a partir del 4 de julio, y que el día 8 se presentará una nueva propuesta salarial general. La devolución de los gremios está prevista para el 17 de julio.
El acuerdo de febrero incluyó también un bono de $100.000 pagado en enero, el pase a planta transitoria de personal de Salud Pública, el inicio de procesos de incorporación para empleados temporarios y el pago de una compensación docente durante todo 2025. Sin embargo, el contexto inflacionario acelerado dejó desactualizadas esas medidas, y los gremios reclaman una urgente recomposición.
Mientras los tiempos se estiran y los compromisos se reprograman, la preocupación en la administración pública aumenta: el 9% acordado quedó muy por detrás del ritmo inflacionario, y aún no hay certezas sobre una actualización que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.