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El reconocido abogado constitucionalista, profesor de la UBA y expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Daniel Sabsay, mantuvo un diálogo con El Tribuno sobre los aspectos que se deben tener en cuenta con una reforma de Constitución. Dijo que ante una violación deben actuar los fiscales. En cuanto a López Viñals, consideró que no debió haber asumido como juez de Corte
En Salta se reformó la Constitución en 2021, ¿desde cuándo debe entrar en vigencia?
La Constitución empieza a regir desde su sanción, es se estable en un Estado de Derecho.
En la reforma que se hizo en Salta no se estableció una cláusula transitoria para establecer desde cuándo se aplica para los mandatos ¿Qué opina sobre eso?
Suele ocurrir, son las garantías que se suelen dar para tratar de permanecer en los cargos o para una reelección. Eso es totalmente incorrecto.
Aquí hubo un caso muy polémica, se designó como juez de Corte a Pablo López Viñals que ya estaba ejerciendo el cargo. Y en 2021, con la reforma, se estableció que los jueces de Corte debería ser electos por un solo período. ¿Cómo ve este tipo de casos?
Insisto en que la Constitución empieza a regir desde su sanción, no se debe hacer una interpretación en sentido de carácter restrictivo en cuanto a la limitación de ejercicios de cargos. Esto está fijado tanto en el Pacto de San José de Costa Rica como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces no podría haber asumido nuevamente el juez
No, ya que inconstitucional.
¿Y qué se puede hacer ante esto?
No debe interpretarse en un sentido restrictivo de derechos si ya estaban en ejercicio de su función bajo la Constitución vigente. Los jueces son los que tienen que custodiar la Constitución. En estos casos, los fiscales deberían actuar, pero es complejo que lo hagan. Afortunadamente, sí pueden intervenir organizaciones civiles como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano, u otras ONG que velan por la calidad institucional.
Esto es común.
Claramente, cuando se perpetúan en el poder autoridades mediante mecanismos irregulares, se trata de hechos de absoluta invalidez.
Se pueden citar casos como el de Formosa, en el que ya hay dictamen de la Procuración de la Nación.
El caso de Formosa es vergonzoso. Hubo incluso un dictamen del Procurador. Yo soy abogado del senador Francisco Paoltroni y estoy viajando a esa provincia. Lo que pasa allí, y también en Santiago del Estero, es muy grave, pero lo de Formosa es mucho más: hay un hombre que lleva más de 30 años en el poder, y eso es inadmisible desde cualquier punto de vista republicano.
¿Cómo evalúa la situación de la libertad de expresión hoy en Argentina?
Hay una situación de precariedad absoluta. Lo que sucedió con el periodista Hugo Alconada Mon es un caso extremo y muy grave. Se llegó incluso a inventar contenido falso, lo que es sumamente preocupante. En general, la situación de la libertad de expresión ha sufrido una regresión importante. También la calidad institucional es muy baja.
¿Cuál es su visión sobre el funcionamiento de los poderes del Estado?
Hubo un intento del Gobierno nacional de cooptar la Corte Suprema. No sé si en el fondo existió un pacto con el kirchnerismo, pero fue una situación crítica. Lo que estamos viviendo incluso supera al kirchnerismo. Para que se entienda: Cristina Fernández de Kirchner jamás designó a un juez de la Corte en comisión. Por otra parte, el Congreso está convalidando medidas como el tope a las cuotas de las prepagas de forma autoritaria, lo que también viola la Constitución.
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