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Más de 50 vehículos y unas 150 personas participaron ayer de una protesta frente a la Legislatura provincial, como parte de una jornada nacional de visibilización contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La movilización fue encabezada por la Asociación de Transportistas de la Discapacidad de Salta, junto a prestadores de servicios y familias con hijos con discapacidad.
La concentración comenzó alrededor de las 11 de la mañana en el Monumento a Güemes y se desplazó hasta el Palacio Legislativo, donde los manifestantes permanecieron hasta las 13.30. En paralelo, otros sectores del ámbito terapéutico realizaron una caminata por avenida Mitre hasta la plaza 9 de Julio.
"Estábamos acá hace semanas apoyando la sanción de esta ley. Hoy volvemos para reclamar por su veto, que fue oficializado ayer en el Boletín Oficial", expresó Adhemar Anachuri, presidente de la asociación salteña que nuclea a los transportistas del sector. "Esto afecta directamente a las personas con discapacidad, pero también a todos los que prestamos servicios. Si el Congreso no logra revertir el veto con dos tercios de los votos, muchas prestaciones dejarán de existir y cientos de trabajadores irán a la quiebra", advirtió.
Según Anachuri, el valor que actualmente se paga por kilómetro recorrido en el transporte de personas con discapacidad es de 531 pesos, mientras que el monto necesario para sostener la actividad ronda los 1.500 pesos. "Hoy estamos cobrando apenas el 30% de lo que necesitamos para mantener una unidad en condiciones. Son vehículos exclusivos, adaptados, no se trata de taxis o remises comunes", explicó.
El dirigente también alertó sobre el colapso del sistema de pagos por parte de las obras sociales, que según denunció, adeudan entre cinco y seis meses de prestaciones. "Muchos compañeros ya entregaron sus licencias, otros están haciendo fletes o vendiendo pizza. Los que seguimos, estamos haciendo Uber para sobrevivir. No podemos sostener más esta situación", agregó.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada recientemente por el Congreso Nacional, pero fue vetada en su totalidad por el presidente Milei.