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Un funcionario del ámbito de la Justicia provincial, que además se desempeñó en cargos dentro de la Administración Pública de Salta, fue imputado de manera provisional por los delitos de grooming y promoción o facilitación de la corrupción de menores, en una causa que investiga hechos cometidos a través de Internet.
La imputación fue formulada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia en feria, Sofía Cornejo, quien atribuyó al acusado los delitos previstos en los artículos 131 y 125 del Código Penal. Durante la audiencia fue asistido por defensa particular y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en feria.
La investigación se inició a principios de enero a partir de la detección de una posible comisión de delitos contra la integridad sexual de un menor de edad en entornos digitales. Con los elementos de convicción reunidos, la fiscal Cornejo requirió la orden de allanamiento y detención para el domicilio del sospechoso.
El procedimiento se concretó este jueves en la zona del macrocentro de la ciudad, a cargo de personal de la División de Ciberseguridad, que detuvo al investigado y secuestró dispositivos de almacenamiento, entre ellos un teléfono celular y una computadora, los cuales serán sometidos a peritajes.
Otros casos
La fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo, recordó otras causas diferentes que generaron conmoción por el volumen de archivos secuestrados, como el caso de un efectivo de la Policía Federal al que se le incautaron más de 60.000 imágenes y videos, además de celulares y dispositivos de almacenamiento que aún están siendo peritados. También mencionó investigaciones recientes en el interior provincial y en Salta Capital.
Detalló que el Código Penal sanciona distintas conductas: la producción (quien filma o genera el material), la distribución o facilitación, y la tenencia.
"En Argentina, y en el mundo, la simple tenencia ya es delito. Tener una de estas imágenes en el celular, aunque haya llegado por un grupo o 'sin querer', es una conducta penalmente reprochable", advirtió.
Cornejo explicó que muchas investigaciones se activan a partir de reportes automáticos y cooperación con empresas que prestan servicios digitales. Cuando un archivo se sincroniza en la nube o circula por plataformas, pueden generarse alertas que permiten iniciar el rastreo.