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A tres meses del incendio registrado en la Alcaidía de la capital salteña, que dejó personas heridas y al menos un fallecido, el problema de fondo que atraviesa al lugar sigue sin resolverse: el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria.
Así lo advirtió Cristina Cobos, integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, quien brindó un detallado panorama sobre la situación actual del complejo y las condiciones de encierro que allí se mantienen.
Según explicó, los monitoreos realizados por el organismo en los últimos años muestran una reducción leve, pero insuficiente, de la población detenida. "En 2023 la alcaidía tenía alrededor de 830 personas privadas de libertad. En el último relevamiento de 2025 encontramos unas 745. Es una merma cercana al 9%, pero sigue siendo una cifra muy preocupante si tenemos en cuenta que el edificio fue construido para 350 personas", señaló.
Cobos remarcó que el establecimiento continúa alojando más del doble de su capacidad estructural, lo que genera condiciones de hacinamiento que impactan directamente en los derechos humanos de las personas detenidas. "La sobrepoblación sigue estando. Eso todavía no se solucionó", afirmó.
Planteo
Uno de los factores que inciden en esta situación es la mezcla de detenidos procesados y condenados dentro de la Alcaidía. "En principio, la Alcaidía estaba pensada para personas sin condena, pero hoy hay procesados y también condenados. Estos últimos deberían estar derivados a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, pero eso no sucede porque esa cárcel también está sobrepoblada. Todo gira en el mismo problema estructural", explicó.
Respecto del incendio ocurrido en octubre pasado, Cobos indicó que aquel día la población rondaba las 600 personas, y que desde entonces el número volvió a fluctuar. "La cantidad de internos varía permanentemente, depende del funcionamiento de los juzgados, de las detenciones y de las derivaciones, pero el problema de fondo persiste", sostuvo.
En cuanto a la situación en el interior provincial, mencionó que en Tartagal se avanzó con una respuesta parcial. "Luego de los monitoreos que realizamos en la alcaidía de Tartagal, se logró que se adjudicaran módulos habitacionales para unas 130 personas. Hubo decisiones presupuestarias y ya está definida la adjudicación. No es la solución definitiva, pero al menos es un paso", explicó. Aclaró, sin embargo, que por ahora estas obras están previstas únicamente para esa ciudad.
Proyectos que no se concretaron
Cobos también se refirió a la situación de la alcaidía de mujeres, que funciona en un espacio separado. "La última vez que estuvimos había unas 86 mujeres detenidas. La población bajó un poco, pero el lugar no es adecuado en absoluto. Es un galpón, no reúne condiciones dignas de detención", advirtió. En la capital, en cambio, los proyectos de ampliación o construcción de nuevas instalaciones aún no se concretaron. "Hace unos dos años nos mostraron un proyecto, pero no avanzó", indicó.