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Hay decisiones que no solo modifican reglas, sino que también reordenan el mapa político. El Gobierno de Salta avanzó en esa dirección al firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de todos los poderes del Estado y de los organismos de control, una medida que no llega a un terreno virgen, sino que reactiva un debate que había sido cerrado sin tratamiento en la Legislatura.
El decreto fue firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien fundamentó la decisión en la necesidad de reforzar la idoneidad y la aptitud moral de quienes ejercen cargos públicos. En el mensaje oficial, el Ejecutivo subrayó que la función pública no es un privilegio, sino una responsabilidad institucional, y que gobernar implica tomar decisiones firmes, aun cuando estas generen incomodidad dentro del propio sistema político.
En diálogo con El Tribuno, la vocera del Gobierno de la Provincia, Ana Paula Benavides, explicó que la firma del DNU fue precedida por una reunión con legisladores provinciales de distintos bloques políticos. “Se suscribió un decreto en el cual se establece la obligatoriedad del examen toxicológico a funcionarios de los distintos poderes del Estado. Esto viene a traer transparencia en la gestión y a seguir trabajando dando el ejemplo contra el flagelo de las drogas”, señaló.
Alcances de la normativa
La norma alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de entes autárquicos y organismos de control, ampliando su alcance más allá de la administración central. Benavides precisó que el decreto es obligatorio desde el gobernador y vicegobernador hasta secretarios, subsecretarios y directores, e incluye también a intendentes, legisladores y al ámbito judicial. “Se busca que, a través de análisis sorpresivos y aleatorios, se pueda constatar que las personas que ocupan cargos públicos tengan la aptitud física y psicológica necesaria para estar en el lugar que ocupan”, remarcó.
El texto también es claro respecto a las consecuencias: quienes no cumplan con los estándares exigidos deberán afrontar las sanciones previstas en la Constitución Provincial y en las normas vigentes, incluida, de corresponder, la remoción del cargo. Según explicó la vocera, los controles comenzarán con test rápidos y, ante un resultado positivo, se avanzará con estudios más exhaustivos, garantizando el derecho a contraprueba y defensa. “Una vez confirmado el resultado, se procederá a la desvinculación si se trata del Ejecutivo, o se habilitarán los canales de remoción correspondientes en otros poderes del Estado”, indicó.
Sin embargo, el trasfondo político del DNU es ineludible. Durante 2025, el diputado provincial Juan Esteban Romero había presentado un proyecto de ley con un contenido similar, que proponía controles toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos y legisladores provinciales. Aquella iniciativa no prosperó, fue cajoneada en comisiones y nunca llegó al recinto, pese a la discusión pública que generó en su momento.
La voz del autor del proyecto
En un parte de prensa difundido tras la firma del decreto, Romero destacó que la medida retoma aquella propuesta y valoró la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar ante la falta de tratamiento legislativo. “Dentro del Estado no puede haber ningún vínculo con las drogas, y quienes ejercen responsabilidades públicas deben dar el ejemplo”, sostuvo. Además, afirmó que “la lucha contra el narcotráfico no se combate con discursos, sino con hechos concretos”, y consideró que la implementación del decreto da respuesta a una demanda social clara.
El ex legislador también remarcó que el desafío a partir de ahora será garantizar una correcta aplicación de la norma, con reglas claras, controles efectivos y transparencia, para que el objetivo de fortalecer la integridad institucional y la confianza ciudadana se cumpla plenamente.
El tema se reinstala en la agenda institucional 2026
La decisión del Ejecutivo de avanzar ahora por decreto reinstala el tema en la agenda institucional y deja expuesto el contraste entre una propuesta que no fue tratada por el Poder Legislativo y una medida que hoy se implementa por decisión directa del gobernador. El cambio de escenario abre interrogantes políticos que atraviesan al oficialismo y a la oposición por igual.
En ese contexto, el DNU también vuelve a poner bajo la lupa a los legisladores que el año pasado rechazaron o bloquearon el tratamiento del proyecto, en un escenario donde la demanda social por transparencia, ejemplaridad y control sobre los funcionarios públicos se volvió más visible.
Desde el entorno gubernamental señalaron que la medida se inscribe en una estrategia de fortalecimiento institucional, orientada a reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. La obligatoriedad de los controles toxicológicos aparece así como una herramienta concreta para fijar límites claros en el ejercicio del poder y establecer reglas comunes para todos los estamentos del Estado.
Aún restan conocerse los detalles operativos del decreto -como la periodicidad de los exámenes, los organismos responsables de realizarlos y los protocolos de actuación ante resultados positivos, pero el impacto político ya es tangible.