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El gobernador Gustavo Sáenz convocó a la Legislatura de Salta a sesiones extraordinarias para que trate el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado. Fuentes confirmaron que ya ingresó a la Palacio legislativo.
El llamado a extraordinarias se produce a partir del dictado del DNU Nº 32/2026, que fija como requisito para asumir o permanecer en cargos públicos la realización de controles toxicológicos sorpresivos, con protocolos de confidencialidad, contraprueba y resguardo de datos personales. La norma alcanza a una amplia nómina de funcionarios, entre ellos el gobernador y vicegobernador, ministros, legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores, autoridades del Ministerio Público y de la Corte de Justicia, así como a toda persona que ingrese a la función pública en los organismos alcanzados.
Desde el Ejecutivo se fundamentó la medida en la necesidad de garantizar la aptitud física y psíquica de quienes ejercen funciones públicas, entendiendo que el acceso al Estado no constituye un privilegio sino una responsabilidad que debe ejercerse con ética, idoneidad y transparencia. En ese marco, el decreto también invoca principios como la privacidad, la no discriminación, el derecho de defensa y el debido proceso.
Controles sorpresivos
El DNU establece que los controles serán sorpresivos y se realizarán mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria, con confirmación en laboratorio habilitado en caso de resultado positivo y la posibilidad de contraprueba dentro de las 24 horas. La negativa injustificada a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo y, de confirmarse, se activarán los mecanismos de remoción o inadmisibilidad previstos en la normativa vigente, según el cargo que ocupe el funcionario.
La convocatoria a sesiones extraordinarias reaviva un debate que ya había sido planteado el año pasado en la Legislatura, cuando un proyecto similar impulsado por el entonces diputado Juan Esteban Romero no logró avanzar en el recinto. En aquel momento, la iniciativa para establecer controles toxicológicos obligatorios para funcionarios no fue habilitada para su tratamiento legislativo, pese a haber sido presentada formalmente.
Desde el Gobierno provincial defendieron el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia como una herramienta orientada a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.
En ese sentido, la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, afirmó que la firma del DNU permite "dar un paso muy importante", y sostuvo que la decisión del gobernador Gustavo Sáenz apunta a profundizar los estándares de control en la función pública.
"Renovar la confianza de los ciudadanos"
"El gobernador decidió establecer la obligatoriedad y seguir avanzando en los pasos de la transparencia de la función pública, renovar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, porque ejercer un cargo público exige ser idóneo para llevarlo a cabo y también exige tener ética, que no puede estar turbada o nublada por algún consumo problemático", señaló la funcionaria.
En la misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, quien agradeció la iniciativa del Ejecutivo y consideró que el DNU permite destrabar una discusión legislativa que podría haberse prolongado en el tiempo.
"El Gobierno tiene las facultades de cómo implementar este proyecto. Esto viene a simplificar un debate que nos iba a llevar mucho tiempo para que la ley esté en funcionamiento, donde todos los funcionarios de los distintos poderes van a tener que someterse a los análisis", afirmó el legislador esta semana cuando fue anunciado el decreto en una reunión con el gobernador Sáenz.
En esa reunión la diputada provincial Griselda Galleguillos resaltó la importancia del DNU "es un día muy trascendental, sobre todo para la comunidad, para todos los ciudadanos. Estamos dando un gran paso con esta iniciativa del gobernador que se será ejemplificador para otras provincias. Esto fortalecerá la transparencia institucional y la credibilidad de los políticos, porque si queremos erradicar el narcotráfico hay que empezar desde casa", aseveró.