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Las nuevas restricciones de ARCA al tráfico vecinal fronterizo comenzaron a regir ayer, mientras las cámaras de comercio de Salvador Mazza y Orán buscan respuestas para sostener las ventas a Bolivia. En la primera localidad, la entidad presentará el martes un pedido de flexibilización por 30 días para la mercadería existente y las compras anteriores a los cambios. En Orán, los comerciantes reclaman mecanismos accesibles de exportación formal.
Norma Gareca, presidenta de la Cámara de Comercio de Salvador Mazza, informó a El Tribuno que recibió una comunicación extraoficial sobre un período de transición durante los próximos días. "No es que se va a cortar totalmente, sino que van a ir viendo cómo manejarlo", explicó sobre lo que le anticiparon en sus contactos con personal de ARCA.
La dirigente aclaró que todavía esperan una respuesta formal. La eventual aplicación gradual no significa que la flexibilización por 30 días haya sido concedida: el organismo deberá evaluar la solicitud que ingresará el martes.
Desde Orán, el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Curá, planteó que los controles deben contemplar la situación de los negocios que venden legalmente a compradores bolivianos. "El comerciante argentino que factura, paga impuestos y genera empleo necesita reglas claras y alternativas accesibles para vender legalmente", sostuvo.
El primer día de vigencia no permitió medir las consecuencias sobre el intercambio. Gareca explicó que el tráfico vecinal fronterizo funciona de lunes a viernes, de 8 a 14, por lo que ayer no había actividad bajo ese régimen. Curá también evitó anticipar cifras: "Como recién comienza a aplicarse, necesitamos medir el impacto antes de hablar de números".
Gareca precisó que ARCA ya fue informada del pedido de flexibilización, pero que la nota todavía no ingresó formalmente. Su elaboración y firma no pudieron completarse antes del cierre de la actividad aduanera del viernes. Será presentada el martes a primera hora, después del feriado del lunes, con un pedido de respuesta urgente.
La solicitud busca contemplar las mercaderías adquiridas antes de conocerse las restricciones. Para la dirigente, la dificultad aparece en la última etapa de operaciones que los comerciantes realizan dentro del circuito formal: pueden abastecerse, pero encuentran limitaciones para completar la venta a su principal mercado.
"Nosotros podemos hacer llegar mercadería acá y no puede salir a Bolivia. Entonces, este es un cuello de botella", afirmó.
Curá advirtió que una reducción de las ventas también puede repercutir en la rentabilidad, la reposición de productos y el sostenimiento del empleo en Orán, especialmente en los negocios que trabajan con mercadería alcanzada por las restricciones.
El dirigente propuso una reunión entre ARCA, los gobiernos provincial y municipal y las cámaras de comercio para evaluar esos efectos y facilitar canales de exportación formal para los pequeños comerciantes.
Mercado dependiente
Gareca remarcó que los pequeños y medianos negocios de Salvador Mazza tienen pocas posibilidades de reemplazar la demanda boliviana.
"No es que nosotros estamos en Salta capital o en Córdoba, donde tenemos una amplitud de clientes o demandantes de mercadería. Esto es Bolivia o Bolivia", sostuvo.
Según planteó, se impulsaron iniciativas para mejorar los controles, reducir el contrabando y respaldar la legalidad de las compras, pero ahora las dificultades se concentran en la venta. La preocupación, señaló, alcanza también a las personas que encuentran trabajo alrededor de los comercios y del movimiento de productos.
"No solo se perjudica al entorno comercial, sino a una parte social también", expresó.
Del lado boliviano, Gareca mencionó al sindicato de bagalleros, con cuyos representantes mantienen contacto por cuestiones de organización del trabajo y apoyo entre ambos países. Indicó que ya están comunicándose con ese sector y que continuarán las reuniones.
La dirigente explicó que ese vínculo es habitual por la cercanía entre ambas comunidades. Las consultas y los encuentros con los trabajadores bolivianos forman parte de la coordinación de la actividad comercial, cuyas dificultades repercuten a ambos lados de la frontera.
En Orán, Curá reclamó una estrategia de desarrollo fronterizo que articule comercio, servicios y empleo. "Detrás de cada negocio hay familias: ordenar la frontera debe ir acompañado de oportunidades para quienes trabajan dentro del marco de la ley", afirmó.
La resolución general 5910/2026 fija un máximo de US$150 diarios por persona para sacar mercadería argentina bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo y excluye determinados productos y presentaciones.
Entre las prohibiciones figuran los combustibles en tanques suplementarios de vehículos, bidones u otros recipientes; trigo, soja y maíz en todas sus formas; y mercaderías acondicionadas en envases iguales o superiores a 10 kilos, o su equivalente en volumen.
También quedan excluidos armas, municiones, explosivos, estupefacientes y psicotrópicos cuya libre comercialización no esté autorizada en el mercado interno.
ARCA fundamentó los cambios en la necesidad de mejorar los controles aduaneros y evitar el fraccionamiento de operaciones, la reiteración sistemática de movimientos y el desvío de mercadería hacia circuitos comerciales no autorizados.
Curá sostuvo que los comerciantes comparten la necesidad de combatir el contrabando y ordenar la frontera. "También debemos distinguir entre una compra para consumo familiar y una operación comercial, que requiere el canal aduanero correspondiente", destacó.
Respaldo oficialista
El diputado nacional por Salta Julio Moreno, de La Libertad Avanza, defendió la resolución como una herramienta para impedir que el tráfico vecinal sea utilizado para operaciones que exceden su finalidad.
"Se busca, por supuesto, mejorar el servicio aduanero con herramientas claras que permitan mejorar el control que pueda existir dentro de estas áreas fronterizas", explicó.
La normativa modifica disposiciones de la resolución 2604, del 16 de octubre de 1986. Moreno consideró necesaria su actualización y destacó las restricciones sobre las presentaciones de mercadería como una forma de evitar el fraccionamiento de grandes cargamentos.
"No nos olvidemos de que pasaban camiones enteros, se fraccionaba la mercadería y se mandaba, obviamente, en un claro contrabando que se hacía y no se respetaban las disposiciones aduaneras vigentes", sostuvo.
El legislador también afirmó que el traslado irregular de grandes volúmenes de granos perjudica a la economía argentina y a la producción de las provincias limítrofes. "Se mandan 200 camiones con soja, maíz y eso perjudica la economía de muchos, en beneficio de algunos", señaló.
Moreno sostuvo que las limitaciones buscan evitar operaciones reiteradas y sistemáticas incompatibles con el propósito del régimen. "Esto sirve para ordenar el tráfico vecinal fronterizo", remarcó.
Además, rechazó que los cambios afecten al comercio formal. "No perjudica el comercio legal argentino; al contrario, contribuye a controlar y regular el comercio legal fronterizo y evitar prácticas fuera de la ley", concluyó.
Gestiones abiertas
Gareca recordó que, como comerciante, atravesó otras situaciones de incertidumbre en la frontera y que hace unos 15 años hubo una iniciativa similar. Al mencionar ese antecedente, insistió en que las consecuencias de estas medidas deben evaluarse tanto sobre los negocios como sobre el trabajo que generan.
La dirigente remarcó que la Cámara buscará una respuesta mediante el diálogo habitual con los organismos. "Trabajamos con los organismos, no contra los organismos", expresó. Explicó que mantienen comunicación con ARCA, Rentas y la Municipalidad porque la actividad fronteriza exige un contacto permanente.
Además de los organismos de recaudación, mencionó reuniones con Gendarmería, la Policía provincial y la Brigada. Señaló que esa coordinación forma parte del trabajo cotidiano de la entidad, que procura abordar las dificultades comerciales junto con las instituciones que intervienen en la frontera.
La situación
Las cámaras buscan que la aplicación de los controles contemple alternativas para los negocios que dependen del intercambio. Mientras Orán propone una reunión para facilitar las exportaciones formales, Salvador Mazza formalizará el martes su solicitud para la mercadería ya comprada.
Gareca también consideró necesaria la participación de las autoridades provinciales y de las áreas económicas por las consecuencias que las restricciones pueden tener sobre el empleo y el comercio. Por ahora, la Cámara espera que ARCA precise oficialmente cómo será la transición que le fue anticipada y responda al pedido de 30 días.
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