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Las situaciones de maltrato infantil y violencia contra niños, niñas y adolescentes ocupan un lugar central entre las intervenciones de los organismos que integran el sistema de protección de derechos en Salta.
Entre enero y julio de 2026, el 44% de las medidas de protección integral adoptadas por la Secretaría de Niñez y Familia de la Provincia estuvo relacionado con algún tipo de violencia. En tanto, el 19% de las medidas de protección excepcional dictadas durante el mismo período correspondió a situaciones de violencia que atravesaron niños, niñas y adolescentes.
Los datos fueron aportados por Cristian López Tráficando, subsecretario de Niñez y Familia de la Provincia, quien explicó que la Secretaría interviene ante distintos tipos de vulneraciones y cuenta con equipos en la capital y en el interior.
A esos registros se suma la mirada del Ministerio Público.
Matilde Alonso, directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal de Salta, señaló que durante los últimos meses se observó un fuerte incremento de las denuncias por maltrato infantil, violencia doméstica y violencia de género.
La funcionaria aclaró que el aumento de las denuncias no permite afirmar por sí solo que hayan aumentado los casos. También puede estar relacionado con una mayor capacitación, sensibilización y participación de los organismos y de la comunidad en la detección de situaciones de vulneración. “Hay una mayor incidencia de denuncias por estas situaciones”, sostuvo Alonso.
Más pedidos de intervención en los últimos años
La Secretaría de Niñez y Familia registró un crecimiento sostenido en los pedidos de intervención desde 2022.
De acuerdo con los datos brindados por López Tráficando, durante 2022 se recibieron aproximadamente 4.500 pedidos de intervención. En 2023 fueron alrededor de 7.000, mientras que en 2024 llegaron a unos 10.000.
En 2025, la Secretaría cerró el año con más de 12.000 intervenciones efectivas en toda la provincia, relacionadas con distintos tipos de vulnerabilidades.
El organismo cuenta con dos subsecretarías: una de Primera Infancia, que desarrolla tareas preventivas, y otra de Niñez y Familias, que interviene cuando existen situaciones de vulnerabilidad que afectan a niños, niñas y adolescentes.
La Secretaría no trabaja únicamente en la capital. En el interior cuenta con cuatro delegaciones regionales, ubicadas en Tartagal, Orán, Metán y Rosario de la Frontera. Esas delegaciones tienen equipos interdisciplinarios, abogados y hogares de protección.
Qué porcentaje de las medidas estuvo vinculado con violencia
Las medidas de protección integral se aplican cuando existe una vulneración de derechos, pero el niño todavía puede permanecer en su entorno familiar con el acompañamiento de los equipos especializados.
Entre enero y julio de 2026, el 44% de las medidas de protección integral adoptadas por la Secretaría estuvo relacionado con algún tipo de violencia.
Otro 43% correspondió a dificultades en el ejercicio de la responsabilidad parental y el 3% a situaciones de negligencia.
La negligencia puede presentarse cuando los adultos responsables no garantizan la alimentación, los cuidados médicos u otras necesidades básicas. López Tráficando aclaró que no siempre se vincula con la falta de recursos materiales, sino también con la ausencia de pautas adecuadas de cuidado.
En algunos casos, esas dificultades están asociadas con familiares o progenitores que atraviesan problemas de consumo y no pueden desplegar las tareas de cuidado necesarias.
El funcionario también señaló que todavía persisten prácticas de crianza que implican violencia, como el “chirlo” o el golpe utilizados como correctivos. En esos casos, según la gravedad, la Secretaría trabaja con la familia mientras el niño permanece en su entorno.
Las medidas de protección integral pueden ser adoptadas por la Secretaría, pero también pueden originarse en acciones de organismos públicos, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil o integrantes de la comunidad que adviertan que un derecho está siendo vulnerado.
Cuando es necesario separar al niño de su entorno
Las medidas de protección excepcional se adoptan cuando existe una vulneración grave y el niño debe ser retirado de su núcleo familiar de origen porque su permanencia allí implica un riesgo extremo.
En primer lugar, los equipos buscan familiares extensos como abuelos, tíos o primos que puedan asumir los cuidados. Si se dispone la separación, se inicia un proceso judicial de control de legalidad, en el que intervienen un juez y un asesor de incapaces, además de notificarse a la familia.
La medida tiene una duración de 90 días y puede extenderse por otros 90 días cuando existen argumentos suficientes. En total, puede alcanzar un plazo de seis meses.
Durante ese período, los equipos técnicos trabajan para restituir los derechos vulnerados del niño y para intentar recomponer el núcleo familiar del que fue separado de manera momentánea.
Según los registros oficiales mencionados por el subsecretario, el 19% de las medidas de protección excepcional adoptadas entre enero y julio de 2026 estuvo relacionado con situaciones de violencia.
La capital concentra la mayor cantidad de intervenciones
El último informe de gestión de la Secretaría, correspondiente al cierre de 2025, mostró que aproximadamente el 65% del total de las intervenciones correspondió a la jurisdicción Capital.
Ese dato no se limita al municipio de Salta. La jurisdicción incluye zonas del interior cercano y lejano que son atendidas por los equipos de la capital, como el Valle de Lerma, Cerrillos, Coronel Moldes, Joaquín V. González, Cafayate y localidades de los Valles Calchaquíes.
La delegación de Tartagal concentra el 17% de los pedidos de intervención y es la segunda con mayor demanda. Su área incluye Tartagal, Santa Victoria Este, Salvador Mazza y localidades ubicadas hasta Embarcación, sobre la ruta nacional 34.
Orán representa el 12% del total de las intervenciones, mientras que Metán concentra el 4% y Rosario de la Frontera, el 2%.
Violencia física y negligencia, entre las situaciones más frecuentes
López Tráficando señaló que los tipos de violencia que se presentan con mayor frecuencia son la violencia física y la negligencia en los cuidados parentales.
También advirtió que la violencia no se limita a las agresiones físicas o psicológicas. Entre las situaciones que requieren intervención mencionó el grooming, el ciberbullying y otras formas de violencia vinculadas con los entornos digitales.
La Secretaría también recibe alertas a través de la Línea 102, un servicio de escucha activa atendido por psicólogos las 24 horas, durante los 365 días del año.
La línea es anónima y está destinada a niños, niñas y adolescentes de cualquier edad. Allí pueden realizar consultas, plantear inquietudes o alertar sobre situaciones de vulnerabilidad. Cuando se detecta un caso que requiere intervención, se activa el trabajo de la Secretaría y de otras áreas.
Durante 2026, el 11% de las llamadas recibidas correspondió a consultas o planteos por maltrato físico o psicológico. El 17% estuvo relacionado con negligencia en los cuidados, el 5% con posibles situaciones de abuso sexual infantil y el 8% con conflictos familiares.
El aumento de las denuncias y el efecto de la capacitación
Alonso explicó que el incremento de las denuncias puede estar relacionado con una mayor capacitación de quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes, así como con una mayor conciencia de la comunidad sobre cómo actuar.
La directora del SAVIC vinculó parte de ese proceso con la Ley Nacional 27.709, conocida como Ley Lucio. La norma fue aprobada en abril de 2023 y reglamentada en julio de ese año, con el objetivo de prevenir y detectar tempranamente situaciones de maltrato, abuso y vulneración de derechos.
La ley fue impulsada luego del asesinato de Lucio Dupuy, un niño de cinco años ocurrido en La Pampa en noviembre de 2021.
La normativa establece la capacitación y actualización en materia de maltrato, abuso y derechos de niños, niñas y adolescentes. También promueve la integración y el fortalecimiento del sistema de protección integral.
Alonso sostuvo que la capacitación permite que distintos actores sociales e institucionales estén en mejores condiciones para identificar señales de violencia y activar los mecanismos de protección.
En Salta, la formación “Crecer con Derechos” comenzará a estar disponible entre fines de octubre y principios de noviembre. La capacitación está vinculada con la Ley Lucio y será obligatoria para los agentes públicos. También podrán realizarla integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos en general.
Se trata de una formación autoadministrada que busca brindar herramientas para reconocer posibles indicadores de violencia en ámbitos familiares, escolares y comunitarios.
El sistema de protección involucra a toda la comunidad
Alonso explicó que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes no depende únicamente de sus madres y padres. Cuando la protección familiar no funciona o los derechos son vulnerados dentro del hogar, deben activarse otras instancias.
Entre ellas mencionó el sistema educativo, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad y todos los espacios por los que transitan los chicos.
Las escuelas, hospitales, centros de salud, vecinos y otras instituciones pueden detectar situaciones de riesgo y realizar las denuncias correspondientes. Por ese motivo, muchas presentaciones ya no se originan únicamente en el ámbito familiar.
“Todas estas capas de protección que integran ese sistema integral de protección de derechos se están comenzando, desde mi perspectiva, a hacer responsables, a concientizar”, señaló Alonso.
López Tráficando también destacó el principio de corresponsabilidad establecido por el sistema de protección integral. Sostuvo que la tarea no corresponde exclusivamente a los organismos estatales, sino también a las familias, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones privadas y la comunidad.
Cómo se reciben las denuncias
El Ministerio Público Fiscal cuenta con un sistema único de denuncias que concentra la información sobre la cantidad de presentaciones y el movimiento diario de los casos.
El SAVIC recibe denuncias a través de presentaciones espontáneas en la Ciudad Judicial o en la Oficina de Orientación y Denuncia. También cuenta con un sistema de denuncias web, mediante el cual cualquier persona puede realizar una presentación.
Alonso indicó que durante los últimos seis meses se observó un fuerte incremento de las denuncias por maltrato infantil, violencia doméstica y violencia de género.
Las presentaciones pueden ingresar por la Policía, la Oficina de Orientación y Denuncia, el sistema web y la Oficina de Violencia del Poder Judicial. Luego son derivadas a los organismos que corresponden.
La Oficina de Violencia interviene para que el juzgado especializado disponga medidas de protección. Una fiscalía puede iniciar la investigación penal y el Ministerio Público Pupilar interviene a través de sus asesorías cuando hay niños, niñas o adolescentes involucrados.
La violencia doméstica también alcanza a los chicos
La directora del SAVIC remarcó que detrás de muchas denuncias por violencia doméstica o de género también hay niños, niñas y adolescentes afectados.
En algunos casos, son los adultos quienes relatan los episodios de violencia. Sin embargo, cuando los equipos profundizan en el análisis, pueden detectar que los chicos también están expuestos a maltrato, abuso u otras formas de vulneración.
Los niños pueden ser víctimas directas o quedar afectados por el contexto de violencia que atraviesa a su grupo familiar. Por eso, Alonso consideró necesario analizar cada denuncia de manera integral y no limitar la intervención al conflicto entre adultos.
Qué medidas pueden disponer los juzgados
Cuando los juzgados de violencia familiar y de género detectan que hay mujeres, niños o adolescentes en una situación de violencia, pueden disponer distintas medidas de protección.
Entre ellas se encuentran la prohibición de ejercer actos de violencia, la prohibición de acercamiento del agresor, la exclusión del hogar y otras restricciones destinadas a evitar nuevos episodios.
También pueden establecerse medidas relacionadas con el ejercicio de la responsabilidad parental y el cumplimiento de las obligaciones de los adultos responsables de los niños.
Las resoluciones judiciales son comunicadas a las personas involucradas y luego llegan al SAVIC a través del sistema de expedientes.
El servicio cuenta con psicólogos, trabajadores sociales y abogados. El equipo se comunica con las partes para explicar las medidas dispuestas, acompañar el proceso y trabajar sobre la importancia de cumplirlas.
Alonso aclaró que el SAVIC no interviene únicamente cuando recibe oficios de los juzgados. También brinda atención a las personas que se presentan de manera espontánea.
Quiénes pueden pedir orientación
Puede acercarse al servicio cualquier persona que tenga conocimiento o preocupación por una posible situación de violencia o vulneración de derechos.
La directora mencionó entre otros posibles denunciantes a directoras de escuelas, pastores, abuelas, tías y vecinos.
Cuando se advierte la presencia de personas vulnerables, los equipos pueden brindar orientación, asesoramiento y, cuando corresponde, tomar la denuncia para activar el sistema de protección.
De esta manera, el trabajo se realiza tanto a partir de las derivaciones de los juzgados de violencia familiar y de género como mediante la presentación directa de quienes buscan ayuda.
Denuncias desde toda la provincia
Las presentaciones llegan desde distintos puntos de Salta y de todos los sectores sociales. Alonso señaló que, por el alcance provincial del sistema web, se reciben denuncias desde Tartagal, Orán, Metán, Cafayate, el distrito Centro y otros departamentos.
“Tenemos tanto de distrito centro en sectores urbanos como en sectores rurales y, repito, desde todos los departamentos de la provincia llegan a partir del sistema web de toma de denuncias”, afirmó.
La profesional sostuvo que la violencia no se concentra en una zona específica ni afecta exclusivamente a un determinado grupo social.
“La violencia es ubicua, en el sentido que afecta a todas las clases sociales, a todas las jurisdicciones territoriales”, expresó.
En ese sentido, indicó que las denuncias llegan tanto desde sectores urbanos como rurales y que la problemática atraviesa a los distintos departamentos de la provincia.
Salud mental, consumos y dificultades económicas
López Tráficando relacionó el crecimiento de las intervenciones con una multiplicidad de factores. Entre ellos mencionó los problemas de salud mental y las situaciones de consumo, que en algunos casos afectan a familias de segunda o tercera generación.
También señaló que se debilitaron algunas redes familiares que antes funcionaban como dispositivos de protección. Según explicó, en otros momentos era más frecuente que abuelos, tíos o primos estuvieran disponibles para acompañar y cuidar a los niños.
A esto sumó el impacto de la situación económica. Aclaró que la Secretaría no puede disponer el ingreso de un niño a un hogar residencial únicamente por razones económicas, porque así lo establece la ley. Sin embargo, sostuvo que las dificultades económicas generales generan un contexto que puede profundizar múltiples vulnerabilidades.
El desafío de detectar antes y actuar a tiempo
Los datos de la Secretaría muestran que las situaciones de violencia representan una proporción significativa de las medidas de protección adoptadas durante 2026. Los registros de la Línea 102, a su vez, reflejan consultas por maltrato, negligencia, posibles abusos sexuales y conflictos familiares.
Desde el Ministerio Público, el aumento de las denuncias es interpretado con cautela: no permite concluir por sí mismo que haya más casos, pero sí muestra que más personas e instituciones están identificando situaciones de riesgo y recurriendo a los canales de protección.
La participación de las escuelas, los centros de salud, las fuerzas de seguridad, las organizaciones sociales, los vecinos y las familias resulta clave para detectar las señales antes de que la violencia se profundice.
La corresponsabilidad, la capacitación y la denuncia temprana aparecen así como los principales ejes para activar las medidas administrativas y judiciales necesarias y resguardar a niños, niñas y adolescentes en toda la provincia.