inicia sesión o regístrate.
La discusión sobre cómo abordar el delito adolescente reunió en Salta a jueces, especialistas y operadores del sistema judicial, en un momento marcado por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil. El IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, bajo el lema "La especialidad como garante de la paz social", reunió a unas 2 mil personas.
La conferencia magistral "Las deudas de la nueva ley penal juvenil" estuvo a cargo de Ángela Ester Ledesma, jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal y profesora de Derecho Social de la UBA, quien puso en discusión uno de los aspectos que más debate genera alrededor de la nueva normativa: la edad de imputabilidad y su eventual relación con los niveles de delito. "Siempre he sido contraria a estos criterios porque realmente estoy convencida de que no tiene nada que ver la baja de la imputabilidad con el delito", sostuvo Ledesma.
La magistrada consideró que plantear la reducción de la edad de imputabilidad como respuesta al delito forma parte de discusiones que aparecen periódicamente en materia penal. "Creo que estos son discursos políticos que pueden estar bien intencionados, entiendo que hay distintas instituciones a lo largo del tiempo", señaló, y explicó que se trata de una lógica que también aparece en otras discusiones, como sucede en materia procesal con el encarcelamiento, donde la respuesta más sencilla puede presentarse como si una reforma legislativa pudiera modificar por sí sola una situación compleja. "Yo creo que esto para nada va a modificar la situación del delito en Argentina. Estoy convencida de que no va a haber ninguna incidencia favorable como consecuencia de la baja de la edad de imputabilidad", afirmó.
Ledesma destacó que en las últimas décadas se produjo una transformación en las concepciones y en la jurisprudencia vinculadas con los adolescentes en conflicto con la ley penal. "Hay realmente una transformación que se ha producido en los últimos años, a partir de los 90, que ha ido modificando las concepciones, la jurisprudencia, y que va a incidir necesariamente en las prácticas", explicó.
"Hay mucha gente joven que está con ganas de hacer cosas, de producir una transformación, y que aborda la problemática de los jóvenes, de los adolescentes y esto es muy importante. Lo están haciendo desde una perspectiva de derechos humanos, esencialmente teniendo en consideración los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, a partir de la reforma de 1994", afirmó.
Consultada sobre la existencia de experiencias similares en otros países, Ledesma señaló que hay antecedentes en algunos lugares del mundo, pero hizo una salvedad: "No hay antecedentes con resultados". Mencionó casos de Europa y México, aunque aclaró que se trata de países y contextos diferentes, entre ellos algunos atravesados por problemas muy serios de narcocriminalidad.
Por eso, sostuvo que no pueden analizarse esas experiencias sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio. "Hay que analizar el tipo de conflicto que tenemos en cada territorio en particular", afirmó.
Para Ledesma, la discusión no puede quedar circunscripta al sistema penal. Consideró que hacen falta otras políticas públicas y que debe analizarse el contexto y la historia de los adolescentes que llegan a la Justicia. "Hace falta otro tipo de políticas públicas", sostuvo.
La magistrada explicó que debe observarse de dónde provienen los chicos que llegan por primera vez a una institución como consecuencia de un delito. Señaló que, en muchos casos, no fueron institucionalizados previamente para asistir, por ejemplo, a la escuela.
En ese contexto relató una conversación que mantuvo con un joven durante una reunión con personas de bajos recursos. El muchacho le planteó una pregunta que, según contó, la hizo reflexionar sobre el concepto de reinserción social:
"¿A dónde me quieren reinsertar? Vos me hablás de reinserción social, ¿a dónde me querés reinsertar?" La pregunta, explicó Ledesma, surgió de la realidad de un joven al que se pretendía "llevar de vuelta" a un lugar que, según su propia percepción, no conocía. "Hay muchas preguntas detrás de todo esto porque es como que hay dos sociedades, dos argentinas y a veces algunos sectores estamos ajenos a lo que sucede en otros", dijo.
La mirada de JUFEJUS
Otra de las voces centrales del encuentro fue Emilia María Valle, ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS). Valle destacó la convocatoria alcanzada por el congreso.
"Reintegrar socialmente un adolescente también es prevenir delitos, entonces, eso significa, construir seguridad y paz social".
"Sí, realmente ha tenido una convocatoria sorprendente, este Cuarto Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil que trabaja bajo el lema de la especialidad como garante de la paz social", afirmó. Según señaló, la presencia de unas 2.000 personas demuestra el interés que despierta la temática.
La presidenta de JUFEJUS agradeció a la Corte de Salta, a la Escuela de la Magistratura, al Foro Penal Juvenil de JUFEJUS y a todos los equipos de trabajo que participaron de la organización. También destacó que este tipo de encuentros permiten el intercambio de prácticas y experiencias, pero que el contexto actual agrega un desafío mayor vinculado con la implementación de la nueva ley.
Explicó además que Salta fue sede de reuniones clave: tanto de la comisión directiva de la Junta Federal de Cortes, como de REFLEJAR, que es el instituto de JUFEJUS que nuclea todas las escuelas judiciales del país.
Los menores cometen el 4% de los delitos en todo el país
Consultada sobre las principales temáticas que atravesaron el congreso, Emilia María Valle, jueza del Tribunal Supremo de Chaco, señaló que existe un punto de consenso respecto del modo en que debe interpretarse y aplicarse el sistema penal juvenil.
"Yo creo que hay un consenso en que cualquiera sea el diseño legislativo, la interpretación y aplicación del sistema penal juvenil debe hacerse desde la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y los parámetros internacionales que rigen la materia", afirmó.
"Estoy convencida de que no va a haber ninguna incidencia favorable como consecuencia de la baja de la edad de imputabilidad".
Consultada sobre si la nueva ley penal juvenil puede contribuir a bajar el delito, Valle puso el foco en la reintegración social como parte de la prevención. "Yo creo que, en realidad, reintegrar socialmente un adolescente también es prevenir delitos, entonces es construir seguridad y paz social", sostuvo.
Para Valle, ese objetivo requiere un abordaje que involucre a distintas áreas del Estado. "Yo creo que el abordaje de la temática debe ser de un trabajo coordinado de los tres poderes del Estado", afirmó.
Y, en ese marco, volvió a marcar distancia entre la reducción de la edad de imputabilidad y una solución integral al problema: "Particularmente, lo he dicho antes y por eso me parece que la baja de la edad y la imputabilidad, por ejemplo, no solucionan el problema, por sí sola no soluciona".
Ante la consulta sobre qué medidas podrían contribuir a resolver la problemática, Valle sostuvo que el país necesitaba una nueva legislación, pero remarcó que la respuesta no puede agotarse en una modificación normativa. "Yo creo que necesitábamos una nueva ley, porque la 22.278 anterior era de la época de la dictadura, pero no me parece que la solución pase por estas cosas", señaló. A continuación, puso el foco en otras áreas de intervención estatal: "Pasa por otras políticas públicas que tienen que ver con salud, con educación, con un montón de trabajo interdisciplinario de distintos operadores, de distintas profesiones, de distintas miradas", hizo hincapié.
El tercer panel del congreso: "Especialidad y nueva ley penal juvenil" contó entre sus expositores con Mario Rodrigo Morabito, juez de Responsabilidad Juvenil de Catamarca, quien además presentó su libro "Ni Tutelados ni Adultos. Análisis integral del nuevo régimen penal juvenil - Ley Nº 27.801".
"Yo le pido a todos los padres que cuiden a sus chicos, que valoren a sus chicos, porque son el futuro que nosotros tenemos. Afianzado en nuestros próceres".
Morabito también se refirió a las estadísticas vinculadas con el delito adolescente y planteó la necesidad de discriminar esos datos según las distintas realidades provinciales. "Según las estadísticas, los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes representan apenas entre el 3% y el 4% del total de los delitos registrados en la República Argentina. Por eso, también debemos analizar cómo se distribuyen esas cifras en cada provincia y de qué manera trabajamos sobre esta problemática. Es lógico que la realidad de Buenos Aires no es la misma que la del resto de las provincias", señaló.
Al hablar de su libro, explicó: "Me siento muy agradecido de que la gente me pida firmar mi libro. Es un análisis integral del nuevo régimen penal juvenil". Y sostuvo: "Uno trata de contribuir y de motivar y de incentivar que en momentos tan difíciles para la República Argentina, y en momentos incómodos, la mejor forma de incomodar es con Constitución y tratados internacionales. Y de eso no se puede abstraer nadie, ni desde el presidente de la República hasta el último ciudadano de la República Argentina. Así que para eso venimos, y bueno, y tratar de contagiar un poco el entusiasmo", agregó.
Como cierre, Morabito llamó a poner la mirada en los niños y adolescentes y apeló a una referencia histórica de Salta para dejar un mensaje a la sociedad. "Que cuiden a sus chicos, que valoren a sus chicos, porque son el futuro que nosotros tenemos. Y que no se olviden que acá tuvieron uno de los luchadores más fuertes, que fue Martín Miguel de Güemes, que la verdad que fue alguien que luchó mucho y que hizo cosas muy interesantes para proteger incluso a sus niños en esos momentos salteños, así que hay que seguir con la misma manera", culminó.