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La Procuración General de Salta busca reforzar su política institucional frente al crimen organizado. A través de la Resolución Nº 1770, el procurador general, Pedro Garcia Castiella, fijó nuevas pautas de actuación para los fiscales penales en toda la provincia, con especial atención a los riesgos que representan estas estructuras para el desarrollo de las investigaciones judiciales.
La medida coloca a la Procuración en un rol de coordinación y definición de criterios para la actuación del Ministerio Publico Fiscal frente a delitos vinculados con organizaciones criminales.
El objetivo es que los fiscales evalúen de manera rigurosa las características de cada estructura delictiva y su capacidad para facilitar fugas, presionar a testigos u obstaculizar la producción de pruebas.
Uno de los principales cambios es que las pertenencia a una organización criminal deberá ser considerada al momento de analizar los riesgos procesales. Para ello, los fiscales tendrán que examinar el papel de cada persona investigada, sus vínculos dentro de la estructura y los recursos de los que dispone para eventualmente inferir en la causa.
Un criterio común para los fiscales de toda la provincia
Las nuevas directivas apuntan a establecer una línea de actuación común en las investigaciones por criminalidad organizada. La Procuración busca que las decisiones de los fiscales contemplen las particularidades de estas estructuras y no se limiten a evaluar los hechos como delitos aislados.
En este marco, la resolución pone especial énfasis en la protección de las víctimas y los testigos, además de la preservación de las pruebas. También establece que los riesgos procesales deben revisarse durante el avance de las causas, debido a que las condiciones de una investigación pueden modificarse.
Otro de los aspectos centrales está relacionado con las medidas cautelares. Los fiscales deberán solicitar la prisión preventiva cuando existan elementos concretos que acrediten riesgos procesales y las medidas menos restrictivas no sean suficientes para neutralizarlo. La decisión final, sin embargo, corresponde al juez competente y deberá estar fundada en las circunstancias particulares en cada caso.
El alcance de la nueva política judicial
Con esta resolución, la Procuración General busca fortalecer la eficacia de las investigaciones y evitar que las organizaciones criminales aprovechen sus recursos económicos, contactos o mecanismos de coordinación para eludir la Justicia.
La medida también establece pautas para que los fiscales revisen las decisiones judiciales vinculadas con las medidas cautelares y presenten las impugnaciones correspondientes cuando existan fundamentos jurídicos.
De esta manera, la Preocupación procura consolidar una política de persecución penal con criterios específicos para enfrentar el crimen organizado en Salta, con el desafío de mejorar la respuesta judicial sin dejar de respetar las garantías legales de las personas investigadas.