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En el marco del debate por la reforma laboral, la senadora Flavia Royon estaría analizando con cautela distintos aspectos de la iniciativa, en particular los vinculados al financiamiento del sistema previsional y su impacto fiscal, según señalaron fuentes cercanas a su entorno.
De acuerdo a información de su entorno, Royon no vería con buenos ojos avanzar en un esquema que pueda implicar el desfinanciamiento del sistema previsional ni comprometer el equilibrio fiscal necesario para afrontar el pago de indemnizaciones laborales. En ese sentido, advertiría que el fondo previsto en la reforma podría beneficiar principalmente a las grandes empresas, mientras que las pymes y microempresas resultarían las más perjudicadas, al no contar con el mismo respaldo financiero.
Desde su entorno también indican que la senadora considera necesario fijar límites claros sobre el uso de ese fondo, al entender que no debería destinarse a fines ajenos a los previstos en la ley, como operaciones en el mercado financiero.
No obstante, Royon valoraría algunos puntos de la reforma laboral, entre ellos la previsibilidad en los montos indemnizatorios, los mecanismos de actualización y cierta flexibilización en las modalidades de pago, aspectos que —según su mirada— podrían aportar mayor certidumbre al sistema.
En esa línea, la legisladora estaría evaluando que cualquier avance en materia laboral debería discutirse de manera simultánea con una reforma previsional y tributaria, para evitar desequilibrios estructurales a mediano y largo plazo.
En relación con el esquema de distribución de recursos entre Nación y provincias, las mismas fuentes señalaron que Royon observa con preocupación la actual concentración de la recaudación, donde aproximadamente siete de cada diez pesos quedarían en manos del Estado nacional.
Finalmente, respecto al Impuesto a las Ganancias, la senadora reconocería su carácter progresivo, aunque advertiría que ciertos beneficios vigentes favorecerían principalmente a unas 150 grandes empresas. Por ese motivo, estaría planteando la necesidad de debatir otros tributos considerados regresivos, como el impuesto al débito y crédito bancario, que no es coparticipable y cuyo impacto alcanza a una base mucho más amplia de contribuyentes.