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El Juzgado Federal N° 2 de Salta ordenó embargos por más de $ 7,1 millones sobre cuentas bancarias de ARCA (ex AFIP) en el Banco de la Nación Argentina, para asegurar el cobro de honorarios regulados a favor del abogado Pablo Atea, titular del estudio jurídico que lleva su nombre, luego de actuaciones judiciales en las que el organismo resultó vencido. La medida se tomó a fines de enero pasado.
El dato tiene un innegable efecto espejo para la opinión pública: el mismo ente que suele activar ejecuciones y medidas cautelares contra contribuyentes por incumplimientos fiscales quedó, esta vez, del otro lado del mostrador. En criollo: el recaudador terminó bajo su propia lupa.
Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado Federal N° 2 de Salta mediante oficios dirigidos al Banco de la Nación Argentina, con el objeto de inmovilizar fondos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y cualquier otro activo financiero de ARCA -con excepción de cuentas sueldo-, hasta cubrir los montos de capital y accesorios legales, con depósito judicial a la orden del tribunal.
En el primero de los expedientes, el Juzgado Federal Nº 2 dispuso el embargo sobre sumas de capital e intereses. El crédito se originó en una regulación de honorarios fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, valuados en UMA (Unidades de Medida Arancelaria), más el IVA correspondiente por la condición de responsable inscripto del profesional. En el segundo, con orden del 20 de enero de 2026, el mismo tribunal ordenó una medida análoga, también por capital más accesorios legales, en el marco de otra ejecución de honorarios profesionales contra el mismo organismo.
En términos prácticos, el mensaje es directo: la ejecución de honorarios no se negocia con burocracia. Si el deudor -incluso un organismo estatal- no paga, el crédito se cobra por la vía que el sistema prevé: embargo y depósito judicial. En conjunto, las medidas superan los $ 7,1 millones.
La situación no deja de resultar irónica. ARCA es el organismo que tiene a su cargo la recaudación de tributos nacionales y el control del comercio exterior. Es la entidad que intima, fiscaliza, determina deudas, aplica multas, denuncia penalmente, traba embargos y ejecuta a contribuyentes de todo el país por deudas tributarias.