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En los cerros, valles y parajes más alejados de la provincia, cientos de familias viven una paradoja cruel: tienen paneles solares, pero pasan meses -y hasta un año- sin nada de luz. Ni siquiera la de una bombilla que les ilumine las noches más oscuras. Aún así, deben pagar facturas, intereses y deudas acumuladas para recibir asistencia. Un sistema con mirada social, pero que, en la práctica, se transformó en una carga asfixiante para los más vulnerables.
En la Quebrada del Toro, en Potrero de Castilla, en Molinos y en tantos otros puntos del interior profundo de Salta, la noche llega temprano. No solo por la geografía, sino porque la luz -ese servicio básico que en las ciudades se da por sentado- se apaga mucho antes de la medianoche. Y cuando se apaga, no vuelve por semanas o meses.
Los mensajes que llegaron a Radio Salta desde estos parajes reflejan una misma sensación: impotencia. Familias enteras que dependen de un sistema de paneles solares para iluminar sus casas denuncian que las baterías fallan, se agotan o directamente dejan de funcionar. El reclamo se presenta, pero la respuesta no llega. Mientras tanto, las facturas se reciben mensualmente por un servicio que no se presta.
El uso de la energía es casi simbólico. Dos o tres focos durante la noche, cargar un celular, una radio para informarse. Nada más. No hay heladeras industriales, no hay electrodomésticos de alto consumo, no hay confort. Sin embargo, los usuarios relatan que pagan montos que crecen sin explicación clara y que, al atrasarse -muchas veces por no poder viajar al pueblo-, se disparan intereses que triplican la deuda original.
"Pagás primero los intereses, si no, no te reciben el reclamo", contó un vecino de la Quebrada del Toro, que estuvo casi un año sin luz. Recién después de cancelar más de 270 mil pesos logró que le cambiaran la batería. Meses después, volvió al pueblo para pagar nuevas boletas y se encontró con otra sorpresa: 170 mil pesos adicionales solo en concepto de intereses por mora.
El problema no es solo económico. Es también geográfico y social. Muchos pobladores bajan al pueblo cada dos o tres meses, cuando pueden. El costo del viaje, el tiempo y las condiciones climáticas hacen imposible cumplir con un pago mensual regular. Pero el sistema no contempla esa realidad: la deuda se acumula y los intereses corren.
En Molinos, José Fabián relató que desde junio del año pasado no tienen electricidad. En octubre lograron ponerse al día con la deuda. Desde entonces, pagan todos los meses en tiempo y forma. Aun así, las baterías nunca fueron reemplazadas. "Pagamos, bajamos al pueblo, hacemos el esfuerzo. Pero seguimos sin luz", resumió.
Otros testimonios hablan de promesas incumplidas: meses que supuestamente no se iban a cobrar por falta de servicio y terminaron facturados igual. "Nos dijeron que no nos iban a cobrar el tiempo sin luz. Fue mentira", denunciaron.
La prestación está a cargo de la Empresa de Servicios Eléctricos Dispersos Esed S.A., concesionaria del servicio eléctrico en zonas donde no llega la red convencional. El sistema fue pensado para garantizar un derecho básico en contextos de pobreza, aislamiento y vulnerabilidad.
Sin embargo, los propios usuarios aseguran que hoy el acceso a la asistencia técnica está condicionado al pago total de la deuda, incluso cuando la falta de servicio es prolongada y comprobable. Si hay una factura impaga, no hay reparación. Si no pagan los intereses, no hay batería.
El carácter social del servicio
El Ente Regulador de los Servicios Públicos reconoce en su normativa que estos usuarios viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, lejos de centros urbanos y sin alternativas energéticas. La Resolución 536/25 refuerza el carácter social y subsidiado del servicio, y obliga a garantizar continuidad, calidad y atención prioritaria de los reclamos. Pero en el territorio, la realidad parece ir en sentido contrario: facturación sin servicio, intereses crecientes y respuestas que no llegan. Mientras tanto, en las casas de adobe, cuando cae la noche y el sol ya no carga las baterías, la oscuridad vuelve a imponerse. Y con ella, la sensación de abandono de quienes, paradójicamente, deben pagar por una luz que no tienen.