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El juicio seguido contra el exintendente de San Lorenzo Ernesto Fernando "Kila" Gonza, el exsecretario de Hacienda Rogelio Higinio Guaymás y el concejal Aldo Dalmiro Gonza se reanudó ayer con la declaración de dos contadores que realizaron una auditoría externa.
Los profesionales fueron convocados para analizar los ejercicios presupuestarios correspondientes a los años 2018 y 2019, en el marco de una auditoría solicitada por el actual intendente de la comuna, Manuel Saravia.
Los contadores advirtieron que su tarea se vio limitada por la escasa documentación respaldatoria que encontraron en la sede municipal. Según explicaron, durante el proceso de revisión detectaron múltiples irregularidades vinculadas al manejo de los recursos públicos.
Uno de los puntos centrales señalados por los auditores fue el incumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones públicas. Indicaron que en el municipio existía una marcada discrecionalidad en esos procedimientos y que no se respetaban los requisitos establecidos por la Ley 8072 sobre Procedimientos de Contrataciones.
Esa norma fija mecanismos orientados a garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos, entre ellos la licitación pública, la publicidad oficial de los procesos y la competencia entre oferentes. Según los testigos, esos mecanismos no se aplicaban en distintas adquisiciones realizadas por el municipio.
Al exintendente de San Lorenzo lo acusan también de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Los contadores también se refirieron a la compra de bienes como una camioneta Chevrolet, televisores, estufas y tablets, operaciones que —según detallaron— se habrían realizado sin cumplir la normativa vigente mediante un sistema paralelo e informal basado en vales.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, ese mecanismo permitía justificar la salida de fondos sin documentación que acreditara el destino del dinero.
En ese marco, mencionaron que la camioneta adquirida mediante un vale no había sido incorporada al patrimonio municipal ni figuraba en el parque automotor de la comuna. A través del mismo sistema de vales también se habría adquirido un equipo de GNC y se habrían abonado reparaciones, repuestos y cargas de combustible para ese vehículo.
Neumáticos para vehículos ajenos
Los auditores indicaron además que durante la revisión detectaron la emisión de vales para la compra de neumáticos destinados a vehículos que no pertenecían a la Municipalidad.
Otro de los puntos señalados en la audiencia fue la imposibilidad de acceder a reportes bancarios durante el proceso de auditoría. Los profesionales remarcaron que no existía una trazabilidad documental que permitiera seguir el recorrido de los recursos que ingresaban y salían de la administración municipal.
El contador Guaymás enfrenta cargos por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, también en concurso real.
En ese sentido, explicaron que si bien coexistía un sistema formal de órdenes de pago, en muchos casos esos documentos no contaban con facturas ni comprobantes que respaldaran los gastos realizados.
Las irregularidades también se extendían, según señalaron, al manejo de fondos vinculados a programas sociales. Los contadores indicaron que el municipio recibía recursos nacionales destinados a planes específicos, pero no se realizaba la correspondiente rendición de cuentas ni existían facturas que acreditaran el destino de ese dinero.
Ernesto Fernando "Kila" Gonza está acusado como autor de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Sobre este punto, recordaron que la Sindicatura General de la Provincia ya había advertido previamente estas irregularidades.
En conclusión, los profesionales sostuvieron que durante el período auditado el municipio de San Lorenzo no contaba con un circuito formal de rendición de fondos.
En la causa, los hermanos Gonza y el exsecretario de Hacienda Guaymás se encuentran imputados por delitos en perjuicio de la administración pública comunal.
El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, en carácter de presidente, Paola Marocco y Francisco Mascarello.
Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. La querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, está a cargo de Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, apoderada de la comuna.