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Tras los proyectos de infraestructura truncos que dejó el Fondo de Reparación Histórica (FRH) entre 2012 y 2014, con pagos de anticipos por obras iniciadas meses e incluso años después, y en algunos casos nunca materializadas, en el seno de la Auditoría General de la Provincia (AGP) quedó planteado un disenso sin precedentes de ese órgano de control externo.
Lejos de prestar su conformidad para la publicación del informe elevado por Marcos Segura Alzogaray, el titular de la AGP, Gustavo Ferraris, lo devolvió al auditor que tuvo el expediente bajo análisis desde 2017 con serias observaciones. En ese informe provisorio, Segura Alzogaray esgrimió la falta de información suministrada por organismos para abstenerse de emitir opinión sobre el desempeño de la Unidad Coordinadora y las cinco Unidades Ejecutoras del FRH en la gestión de los fondos.
El FRH se creó en 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, mediante un empréstito internacional contraído para ser volcado en municipios de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. Los 200 millones autorizados por ley, que con los gastos de la colocación efectiva resultaron en cerca de US$ 185 millones, se tradujeron a 800 millones de pesos (unos $290.000 millones al cambio actual). Esos fondos fueron colocados en el Banco Macro en plazos fijos con tasas que, por lo bajas, implicaron depreciaciones que son analizadas en otra auditoría puntual. Los fondos debían volcarse en 176 obras de agua, saneamiento e infraestructura vial, eléctrica, social, educativa y sanitaria con presupuestos asignados en el marco de la ley de creación del FRH.
Obras truncas
En su fuerte disidencia, el titular de la Auditoría advirtió que solo se terminaron 84 de las 176 obras programadas y que a esos proyectos inconclusos se destinó el 76% del total de fondos. Frente esas cifras, Ferraris cuestionó la superficialidad del análisis de las obras no terminadas en el informe provisorio.
También planteó que no se llevó adelante un procedimiento adecuado en vista del plan de obras específico. Hizo notar, además, que en el informe provisorio Segura Alzogaray omitió considerar la sustancial intervención de la Unidad Coordinadora, que desde sus inicios tuvo al frente a Rodolfo Urtubey y más tarde -con el hermano del gobernador lanzado tras una banca del Senado de la Nación- quedó a cargo de Juan Carlos Galarza.
Ferraris, quien en los últimos días hizo públicos su cuestionamientos ante distintos medios, también sostuvo que ante la ausencia en el expediente de datos suministrados por organismos que intervinieron en la gestión de los fondos, se debió haber recurrido a otras fuentes de información.
Anticipos de obra
Otro eje de la fuerte disidencia se centró en el dispendio de recursos que hubo con pagos de anticipos de obras que se iniciaron largo tiempo después, y que en muchos casos quedaron inconclusas, o nunca se iniciaron. Entre esos proyectos resaltan la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Orán, que fue contratada con Constructora del Norte en 2014 por $37 millones, equivalentes entonces a unos 4,6 millones de dólares. En diciembre de ese año se pagó a la contratista un fuerte anticipo, en conocimiento de que los trabajos no podían iniciarse por una expropiación pendiente que se resolvió recién en 2017. De todos modos, la construcción de esa plata que se dio por reiniciada en 2016 con el Plan Bicentenario, un endeudamiento adicional de 350 millones de dólares, sigue siendo reclamada. Otro caso en San Ramón de la Nueva Orán es el de la colectora cloacal máxima, por la que se pagó a la contratista en diciembre de 2014 un anticipo equivalente a unos 300.000 dólares. Sin embargo, el primer certificado de obras se presentó en mayo de 2019, o sea de casi cinco años después.
Es el caso también del conjunto de obras licitadas para mejorar la capacidad de embalse del sistema de las presas Itiyuro y El Limón. En diciembre de 2013 se habría pagado a Juan Pedro Garín Construcciones un anticipo de $49 millones (unos 7,6 millones de dólares en ese momento), cuando el replanteo para el inicio de los trabajos se hizo en julio de 2014.
Otro de tantos casos emblemáticos es el de las redes cloacales proyectadas en Rivadavia Banda Norte y La Unión. Allí se pagó en mayo de 2014 a la contratista Ecosuelo un anticipo cercano a los US$ 250.000, cuando el primer certificado de obras se presentó recién en septiembre de 2016.
En la restitución de los pagos de anticipos por obras no concretadas se advirtió otro contraste llamativo: mientras, en general, las redeterminaciones de precisos en favor de las contratistas se ajustaron a los índices inflacionarios, las restituciones a la Provincia se habrían realizado a valores históricos.
Contaminación en Orán por obra ausente
Uno de los ejes de la reparación histórica presupuestada en 2012 para el departamento Orán se centró en obras de provisión de agua potable y redes cloacales. Al final de la gestión de Juan Manuel Urtubey, en diciembre de 2019, ocho de esos proyectos de infraestructura de agua y saneamiento quedaron inconclusos o ni siquiera iniciados. Y esto, incluso con el financiamiento adicional que se prometió a través del Plan Bicentenario, con un endeudamiento internacional de 350 millones de dólares, para completar obras truncas del Fondo de Reparación Histórica (FRH) en municipios de los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín.
Uno de los casos más emblemáticos del desmanejo de los recursos del FRH es el de la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Sus obras fueron adjudicada en agosto de 2014 a la empresa Constructora del Norte, con un presupuesto de 37 millones de pesos, equivalentes entonces a unos 4,6 millones de dólares, que representarían al cambio oficial de estos días alrededor de 6.500 millones de pesos.
La empresa contratista cobró un fuerte adelanto por esa obras que, sin embargo, nunca se iniciaron en el período de ejecución del programa del FRH comprendido entre 2012 y 2014.
Y no solo eso: más tarde se las incluyó en el Plan Bicentenario para su reimpulso, pero cayeron en la misma situación. Primero, desde la Unidad de Coordinación del FRH y la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa) se esgrimieron inconvenientes con la titularidad del terreno donde se emplazaría la nueva planta y después, ya con la unidad ejecutora encuadrada al Plan Bicentenario, se justificó su falta de avances físicos y desfinanciamiento en la falta de un estudio de impacto ambiental.
Por años, vecinos de Orán denunciaron la contaminación generada en el paraje El Cedral, donde se encuentra la vieja planta, que fue proyectada hace más de 46 años atrás para 25.000 habitantes, en un municipio que en 2022 -según datos del último censo- ya estaba poblado por 90.381 personas.
En noviembre de 2022, el senador del departamento, Juan Cruz Curá, presentó un proyecto de declaración en procura de que se incluyeran en el presupuesto provincial de 2023 fondos para las obras de saneamiento.
Mientras tanto, a la sobresaturación de la antigua planta se atribuyen colapsos en colectoras, con derrames que afectan napas subterráneas y focos de contaminación ambiental que, según algunos estudios, afectarían más de medio kilómetro a la redonda, además de la contaminación con efluentes no tratados de causas tributarios del río Bermejo.
El paraje El Cedral ocupa 700 hectáreas de tierras municipales. En el foco crítico, a metros de la desbordada planta, viven unas 150 familias y hay una escuela.
Un detallado Informe de obras faltantes del FRH
En octubre de 2020, en un informe a la Cámara de Diputados sobre situación de abastecimiento en el norte provincial y los proyectos de infraestructura con financiamiento previsto a través del Fondo de Reparación Histórica (FRH), el entonces presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, detalló que de siete obras de agua y saneamiento licitadas en 2012 e iniciadas en 2013 solo una estaba concluida, otra en ejecución y cinco paralizadas.
García Salado precisó, además, que de cinco obras licitadas con el Plan Bicentenario e iniciadas entre 2016 y 2017, solo tres estaban concluidas y cuatro paralizadas. Entre esas obras, los acueductos de Tartagal eran de las más cruciales.
Solo en materia hídrica, el FRH y el Plan Bicentenario, no solo dejaron a fines de 2019 una pesada deuda heredada en dólares, sino que obligaron a la entrante gestión provincial a ejecutar en el norte salteño desde 2020 un plan de obras y saneamiento con fuertes asignaciones presupuestarias, frente a la emergencia acentuada por factores climáticos en poblaciones del departamento San Martín con abastecimiento ligado, medularmente, al vidrioso sistema de los diques Itiyuro y Limón.
Miles de familias sin agua potable en San Martín
Entre los proyectos con asignaciones presupuestarias encuadradas en la ley del Fondo de Reparación Histórica (FRH) había obras de captación y conducción hídrica que se consideraban indispensables para darle una solución definitiva al histórico problema de la falta de agua potable en el norte.
Sin embargo, una década después del lanzamiento del FRH, y con la crisis hídrica agravada en municipios norteños en 2022, la ausencia de esas obras encontró a miles de familias salteñas afectadas en Tartagal, General Mosconi y otros municipios de San Martín, sin agua segura y abastecidas con más de un medio centenar de camiones cisterna dispuestos a través de un Comité de Emergencia coordinado por el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), Carlos Saravia.
En ese desesperante contexto, en 2022 fuentes oficiales hicieron notar que dos estratégicos e inconclusos acueductos del FRH, para los que se adicionaron en 2016 partidas a través del Plan Bicentenario -programa constituido con un endeudamiento internacional de 350 millones de dólares- habrían atenuado el impacto de la extendida emergencia hídrica y sanitaria.
Con el desvanecimiento de los recursos del Fondo de Reparación, esos acueductos, que tenían un plazo de finalización de tres años, terminaron con exiguos avances en su ejecución física y terminaron con las obras completamente paralizadas en 2019.
Uno de esos acueductos, proyectado desde Yacuy hasta la zona de Villa Güemes, en el extremo noroeste del área urbana de Tartagal, tenía en la zona de captación nueve pozos profundos, cuyos caudales se perdían. Esa obra debía tomar el agua de esos pozos y conducirla hasta Villa Güemes, desde donde una cisterna de gran capacidad abastece a toda la parte alta y el área céntrica de la ciudad cabecera del departamento San Martín.
Otra obra clave, incluida entre los proyectos de infraestructura para los que las cámaras legislativas de Salta autorizaron al Ejecutivo provincial a contraer un endeudamiento adicional de 350 millones de dólares en 2016, era el sistema complementario del acueducto Yacuy-Tartagal que se proyectó para elevar la presión de los caudales en la parte alta de Tartagal y conducirlos desde la zona de los barrios 9 de Julio y Belgrano hasta el sector de Vitiche. Esta obra, al igual que la anterior, se adjudicó por un monto millonario y terminó paralizada, al final de la gestión de Juan Manuel Urtubey, con un ínfimo avance (alrededor de un 5%) en los trabajos.
Por los graves incumplimientos, ambas contrataciones terminaron rescindidas por el actual gobierno y los legajos pasaron a los órganos de control de la Provincia, para que auditaran el destino que se les dio a los fondos asignados y examinaran la correspondencia de los pagos que se hicieron a empresas contratistas con el avance de las obras.
El Plan del Bicentenario, como había ocurrido antes también con el Fondo de Reparación -para el que la Provincia había contraído una deuda de cerca de 200 millones de dólares en 2012, reducidos a 800 millones de pesos y colocados en el Banco Macro en plazos fijos cuyos rendimientos esperan por otro informe de la Auditoria General centrado en la administración financiera de los recursos del FRH-, dejó numerosas obras incompletas en distintos puntos de la provincia.