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La Cámara de Diputados de Salta resolvió este martes girar a comisión el proyecto de ley que propone que jueces, magistrados, funcionarios provinciales y autoridades de organismos estatales se afilien de manera obligatoria al Instituto Provincial de Salud (IPS), en una medida que apunta a fortalecer el financiamiento del sistema en un contexto de crisis.
La iniciativa, impulsada por el bloque Todos por Salta, plantea modificar la Ley 7127 con el objetivo de ampliar la base de aportantes y garantizar la sostenibilidad de la obra social provincial, que atraviesa serias dificultades económicas.
El proyecto establece que el personal en actividad de los tres poderes del Estado, junto a autoridades superiores de entes descentralizados, empresas estatales y organismos autárquicos, queden incluidos como afiliados obligatorios. En ese marco, también se prevé que los aportes se realicen sobre sus remuneraciones, bajo el principio de que el Estado es su empleador.
Igualdad sin privilegios
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el principio de igualdad ante la ley y la eliminación de regímenes diferenciados que, según los fundamentos, generan privilegios injustificados. En ese sentido, se sostiene que "no tiene asidero asegurar la independencia judicial mediante la dispensa de beneficios especiales", en referencia a la exclusión de magistrados del sistema obligatorio.
El texto también remarca que la seguridad social y el acceso a la salud son derechos consagrados tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Salta, donde se establece que el sistema debe ser integral, irrenunciable y basado en criterios de equidad.
Financiamiento
Desde el oficialismo, el proyecto pone el acento en la necesidad de reforzar los ingresos del IPS, al considerar que se trata de un servicio de interés público cuyo sostenimiento económico resulta esencial para garantizar prestaciones médicas a sus afiliados.
En ese marco, se apela al principio de solidaridad como eje del sistema: que quienes perciben mayores ingresos contribuyan en mayor medida al financiamiento de la cobertura.
La iniciativa retoma antecedentes legislativos previos, como un proyecto presentado en 2020, y propone además derogar normas que actualmente excluyen a determinados sectores de la afiliación obligatoria.
Próximo paso legislativo
Tras su ingreso formal en Diputados, el expediente fue derivado a comisiones para su análisis técnico y político, donde se espera que se discutan los alcances de la medida, su impacto fiscal y las posibles resistencias de los sectores alcanzados.
El debate se da en un escenario marcado por la delicada situación financiera del IPS, lo que coloca a esta propuesta en el centro de la agenda legislativa como una de las alternativas para recomponer el equilibrio del sistema de salud provincial.
La cuestión de números en la obra social
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) enfrenta una crisis financiera con un déficit mensual que ronda los $8.000 millones de pesos a marzo de 2026. La obra social recauda unos $18.000 millones, pero sus gastos operativos y de cobertura alcanzan los $26.000 millones, impulsados por el alto costo de insumos y medicamentos. En este escenario, el pasado 11 de marzo, Martín Baccaro asumió al frente del organismo, poniendo fin a una intervención que se prolonpó desde febrero del 2025. Baccaro reconoció que la situación actual del organismo es "compleja", especialmente en el corto plazo.