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La exigencia del Instituto Provincial de Salud (IPS) de incorporar fotografías de las bocas de pacientes —incluidos menores de edad— para autorizar prácticas odontológicas profundizó el conflicto con el sector en Salta. Tanto el Colegio de Odontólogos como la Asociación Odontológica Salteña rechazaron la medida por considerarla invasiva, burocrática y sin antecedentes en el país, mientras que la obra social indicó que la decisión aún no está cerrada.
“Las fotografías de las bocas de las personas son como fotos íntimas, que no deberían ser compartidas ni de adultos ni de niños”, sostuvo la presidenta del Colegio de Odontólogos, Jorgelina Ojeda, al fijar la postura institucional a través de Radio Salta. La dirigente advirtió además que hay padres que se niegan a este procedimiento y que en algunos casos, como pacientes con discapacidad, resulta directamente impracticable.
El planteo no es solo ético. Ojeda consideró que existe “una discriminación muy grande contra los odontólogos” en comparación con otras prácticas médicas. “Nadie que vaya al médico por un lunar tiene que mandar fotos antes y después para que le autoricen una práctica”, ejemplificó.
Desde la Asociación Odontológica Salteña, su presidenta Claudia Tejerina coincidió en que el requerimiento es inusual: “No hay ninguna obra social provincial ni nacional en Argentina que pida este tipo de fotografía para hacer una auditoría”. Además, cuestionó la sobrecarga administrativa que implica: “Te lleva entre 15 y 20 minutos el tema administrativo para la autorización”.
El sistema comenzó a implementarse durante la pandemia y se mantuvo hasta la actualidad. Según explicaron, hoy, después de casi seis años, las imágenes son el primer filtro antes de la evaluación profesional. “Lo primero que ve las fotos es un administrativo, antes de que las vea un odontólogo”, señaló Ojeda, quien remarcó que esto altera el criterio clínico tradicional.
En paralelo, el conflicto incluye otros reclamos estructurales. El Colegio denunció una “crisis prestacional” vinculada a aranceles atrasados, pagos con demoras de hasta tres meses y condiciones contractuales que, según sostienen, afectan la dignidad profesional. “Facturamos hoy para cobrar a 60 días y, si el IPS se atrasa, una práctica en seis meses no vale nada”, afirmó Ojeda.
También cuestionó el sistema de “garantías” que obliga a los profesionales a responder económicamente por tratamientos realizados: “A los profesionales de la salud no se les descuenta, es una ley de medios, no de resultados”, argumentó.
En cuanto a las negociaciones, Tejerina indicó que las entidades intermedias presentaron objeciones formales y que el IPS habría aceptado revisar el uso de fotografías, limitándolo a casos excepcionales. “Si el IPS lo soluciona, no tenemos por qué ir a la justicia”, señaló, aunque aclaró que aún resta definir la actualización de honorarios, congelados desde julio del año pasado.
Por su parte, ante la consulta de El Tribuno, sobre el reclamo de fotografiar las bocas de los chicos, desde el IPS respondieron: “Eso está entre una serie de requerimientos que nos hicieron en la última reunión, todavía no se definió”.
Mientras se espera esa definición, el conflicto sigue abierto y el sector odontológico no descarta avanzar con medidas institucionales o judiciales si no hay cambios de fondo en el sistema.