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Salta pone en marcha hoy un nuevo capítulo en su historia judicial con el inicio del primer juicio por jurados de la provincia. El proceso que inaugura el sistema es el que investiga el femicidio de Dalma Salomé Bataches, una joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado el 18 de septiembre de 2024 debajo del puente viejo del barrio Santa Lucía, en la capital provincial.
El debate se desarrollará bajo el esquema previsto por la Ley 8478, que incorporó el juicio por jurados para los delitos más graves, contemplados en el artículo 80 del Código Penal, con penas de prisión o reclusión perpetua. En esta primera experiencia, doce ciudadanos -seis mujeres y seis varones- tendrán la responsabilidad de definir exclusivamente la culpabilidad o no culpabilidad del imputado. En caso de condena, la determinación de la pena quedará en manos del juez técnico.
El acusado es Víctor Manuel Márquez, de 21 años, oriundo de Misiones, quien permanece alojado en la Alcaidía General. Está imputado por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género, figura que prevé prisión perpetua. Según la investigación, tanto la víctima como el imputado se encontraban en situación de calle y atravesaban consumo problemático de sustancias.
La autopsia determinó que la muerte se produjo el 17 de septiembre de 2024. Dalma era madre de una niña de tres años y, de acuerdo a la causa, utilizaba la zona donde fue encontrada como lugar de pernocte.
Desde la Corte de Justicia destacaron que la implementación del sistema representa un cambio estructural en la administración de justicia y la participación ciudadana. El juez de la Corte Fabián Vittar calificó el inicio como “un día histórico” y señaló que se salda una “deuda de 160 años con la Constitución Nacional”, que prevé el juicio por jurados como parte del sistema republicano.
Para conformar el jurado se sortearon más de 10.000 ciudadanos del padrón electoral, de los cuales 70 participaron de la instancia de selección conocida como voir dire. Quedaron excluidos abogados, jueces, empleados judiciales, fuerzas de seguridad y altos funcionarios, con el objetivo de garantizar imparcialidad y diversidad.
El juicio está previsto que se extienda durante tres días. Con este caso, Salta se suma a otras provincias que ya aplican el sistema de jurados populares para delitos graves, marcando un punto de inflexión en la manera en que se define la responsabilidad penal en los crímenes más sensibles.