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A 50 años del inicio del golpe cívico militar de 1976, Salta volvió a salir a la calle con una consigna que atraviesa generaciones: “Nunca más”. La marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia fue organizada por la Mesa de DDHH de Salta y se realizó, este 24 de marzo, con una importante participación de distintos sectores.
La columna principal partió de la Plaza 9 de Julio y avanzó hacia el Portal de la Memoria, ubicado en el Parque San Martín, donde se llevó a cabo el acto central de la jornada con la lectura de un documento único consensuado con todas las organizaciones de DDHH de la Provincia.
Organismos de DDHH, espacios políticos, sindicatos y colectivos culturales formaron parte de la convocatoria, en una fecha que cada año reúne a miles de personas en distintos puntos del país. Lo que sí se notó en esta marcha es la ausencia de las organizaciones sociales y barriales.
Sin embargo, la presencia de ciudadanos sueltos "sin banderas" fue importante. También hubo diversas instituciones educativas que estuvieron presentes como el colegio Codesa que montó un tendedero de pañuelos blancos con mensajes como parte del proyecto "Reconstruyendo Memoria". Otros como la agrupación La Compañera cuyos militantes reconstruyó la marchar de los jueves de Madres de Plaza de Mayo. Durante la marcha ya es tradicional el ritmo de los músicos autoconvocados que suma gente de La Caserito Sikuris Urbanos que le ponen el color a la memoria.
La organización estuvo a cargo de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, un espacio que nuclea a entidades históricas y referentes locales, más la Asociación Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Durante la jornada, el eje volvió a centrarse en la memoria activa y en la necesidad de sostener el reclamo de memoria, verdad y justicia a lo largo del tiempo, especialmente en un contexto donde el debate sobre el pasado reciente sigue vigente.
En ese sentido, Marcela Gutiérrez, referente de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, remarcó la importancia de involucrar a las nuevas generaciones. “Es fundamental que los jóvenes se apropien de estos espacios, que conozcan la historia y comprendan lo que significó ese período para nuestro país”, señaló.
En el portal de la Memoria leyeron un manifiesto muy crítico hacia las políticas del Gobierno nacional. "Qué digan a dónde están", es la frase que resume un extenso texto donde el eje central es la oposición al "negacionismo" como política de Estado actual.
"Hoy nos encontramos frente a un Gobierno nacional que reivindica el accionar genocida de la dictadura, instalando un discurso negacionista sobre el terrorismo de Estado y poniendo en duda una verdad construida con lucha: son 30.000", leyeron.
Desde un posicionamiento más general cuestionaron las política económica, de seguridad, educativas, sanitarias, migratorias, la reforma laboral, el congelamiento de los salarios; más el ajuste a los jubilados y las discapacidades. Cuestionaron el alineamiento con Estados Unidos e Israel en el plano internacional. Y a Sáenz lo nombraron por "acompañar cada una de estas políticas, tanto con sus votos en el Congreso". Se declaran en contra del extractivismo de las mineras, del RIGI y nombraron la cuestión indígena como denuncia por el "actual retroceso y cuestionamiento de derechos territoriales y ciudadanos".
La marcha de la Mesa de DDHH de Salta concluyó al mediodía en completa normalidad.
Tensión
Antes que comience la marcha, un grupo de personas que aparentemente vinculado al Partido Justicialista intentó imponer consignas mediante una camioneta de sonido, lo que generó conflictos con la organización.
Desde la Mesa de DDHH señalaron que “quisieron romper una dinámica que se sostuvo por años” y advirtieron que “están tratando de usar una situación”, en referencia a lo ocurrido durante la movilización.
El acto central en el Portal de la Memoria reunió a los distintos sectores participantes, que volvieron a expresar el reclamo colectivo a medio siglo del golpe, reafirmando una consigna que continúa vigente en la sociedad argentina.
El documento de las organizaciones de DDHH
Documento de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Asociación Dr. Miguel Ragone, al conmemorarse los 50 años del golpe militar.
Hace cincuenta años, Argentina sufrió el golpe de Estado más sangriento de su historia. Bajo el mando de Videla, Massera y Agosti, se impuso un terrorismo de Estado que persiguió a miles de seres humanos comprometidos con un mundo más justo e igualitario.
El saldo fue devastador: 30.000 desaparecidos y cientos de niños apropiados en centros clandestinos de detención que funcionaron como verdaderos campos de concentración, donde se practicaron torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones. En las cárceles legales, se ejecutaron presos políticos en masacres como las de Palomitas en Salta, Margarita Belén en Chaco y en la Penitenciaría de Córdoba. Miles de personas fueron exiliadas para salvar sus vidas.
Este plan no fue improvisado; formó parte de la estrategia continental conocida como Plan Cóndor, alineada con intereses geopolíticos extranjeros. Los militares fueron formados en técnicas de tortura —previamente aplicadas por Francia en Argelia— la escuela de las Américas.
En lo económico, la dictadura cívico-militar destruyó la industria nacional y generó una deuda externa asfixiante al abrir las fronteras de forma indiscriminada.
La generación del 70, y los que venían ya del golpe de Onganía, fueron forjadas en luchas populares y organizaciones de diversas vertientes (izquierda, peronismo revolucionario, democracia cristiana y socialdemocracia), pagó con su vida su compromiso antiimperialista y su opción por los sectores más desprotegidos.
Hoy reivindicamos sus ideales; porque quienes dan la vida por sus convicciones no mueren, sino que viven en el corazón de su pueblo. A 50 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra historia, es indispensable salir a la calle en unidad, con memoria, verdad y justicia. Porque no se trata sólo de recordar: se trata de defender las conquistas de nuestro pueblo frente a un gobierno que pretende arrasarlas.
Hoy nos encontramos frente a un gobierno nacional que reivindica el accionar genocida de la dictadura, instalando un discurso negacionista sobre el terrorismo de Estado y poniendo en duda una verdad construida con lucha: son 30.000. Al mismo tiempo, retoma el modelo económico de Martínez de Hoz, basado en la entrega, la desigualdad y la destrucción del aparato productivo nacional. A medio siglo del golpe, el gobierno de Milei y Villarruel impulsa un plan que busca garantizar la impunidad de los genocidas y desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, conquistas históricas de los organismos de Derechos Humanos en todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de los juicios en 2006. Encontramos 140 nietas y nietos apropiados y ¡los seguimos buscando! En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay aún 12 juicios en curso .Hace pocos días se identificaron nuevos restos de compañeros y compañeras en el centro clandestino La Perla.
Esto reafirma nuestra lucha contra la impunidad y nuestra exigencia permanente: ¡QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN!
El cierre de espacios de memoria, el desfinanciamiento de estos organismos y el nombramiento de funcionarios que reivindican la dictadura no son hechos aislados: son parte de un proyecto político que intenta reescribir la historia. El negacionismo se expresa también en el presente: un gobierno que niega el cambio climático, desprecia la ciencia y rechaza organismos multilaterales como la OMS; que gobierna desconociendo leyes votadas por el Congreso y resoluciones judiciales, debilitando el Estado de Derecho y concentrando poder de manera autoritaria Mientras tanto, avanza sobre derechos conquistados: ataca a las diversidades, desconoce la lucha de las mujeres por la igualdad de género y pretende imponer una sociedad más desigual, más violenta y más excluyente. Las políticas de Milei afectan al colectivo LGBTQI+ mediante el desmantelamiento de la estructura estatal de protección, que incluye el cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidad y el recorte de programas de asistencia.
En la práctica, esto se traduce en el desfinanciamiento del cupo laboral travestitrans, restricciones en el acceso a tratamientos de salud para menores y una fuerte ofensiva discursiva que cataloga a la diversidad sexual como una "agenda ideológica" ajena a las prioridades del Estado. Dificulta el acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, legítima conquista del colectivo. Como resultado, las organizaciones denuncian un retroceso en derechos adquiridos y un aumento de la vulnerabilidad social y la violencia simbólica legitimada desde el discurso oficial. El gobierno de Javier Milei también ha endurecido la política migratoria mediante un enfoque de "prioridad nacional" que busca restringir el acceso gratuito a la salud y la educación para extranjeros no residentes. Su gestión ha agilizado las deportaciones de quienes cometen delitos o están en situación irregular, ha implementado controles biométricos en barrios populares y ha unificado la vigilancia fronteriza con fuerzas de seguridad.
Bajo la premisa de "ordenar" el sistema y combatir la delincuencia, repudiamos estas medidas estigmatizantes y discriminatorias hacia la población migrante. En el plano económico, el ajuste es brutal y tiene un solo objetivo: garantizar la riqueza de los sectores más concentrados a costa del sufrimiento de las mayorías. Se profundiza la dependencia con el FMI, se contrae más deuda externa y se paga una deuda ilegítima mientras crece el hambre. La reforma laboral que impulsaron es regresiva y antiobrera: implica pérdida de derechos, precarización y disciplinamiento de la clase trabajadora, es un golpe directo a la estabilidad del trabajador porque estira el período de prueba hasta un año en pymes, facilitando despidos sin costo, y elimina las multas por trabajo no registrado.
Además, la implementación del "fondo de cese" permite que el propio empleado financie su despido, mientras que la nueva figura de "colaboradores" para autónomos encubre relaciones de dependencia bajo un manto de falsa independencia. Ataca directamente la participación de los sindicatos debilitando su poder tradicional al desfinanciar sus cajas, fragmentar la negociación colectiva y restringir el derecho a protesta, convirtiendo los bloqueos en causa justa de despido.
En definitiva, les quita peso político y económico, forzándolos a negociar bajo reglas que favorecen la flexibilidad laboral y limitan su capacidad de presión directa. El congelamiento salarial y las paritarias con techo condenan a millones a la pobreza, mientras jubilados y jubiladas sobreviven por debajo de esa línea, con recortes en medicamentos y derechos básicos. Las personas con discapacidad ven vulnerado su acceso a la salud y a la protección social. La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo la industria nacional, provocando cierre de empresas y pymes, y multiplicando los despidos tanto en el sector público como en el privado.
A esto se suman tarifazos en servicios, transporte y energía, y el desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles. Ese mismo modelo que hoy resistimos lo enfrentan, cada miércoles, los jubilados en las plazas de todo el país, recibiendo como respuesta represión, castigo, palos y pobreza. Frente a su incapacidad para dar respuestas, el gobierno elige la represión y la militarización: amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad, fortalece el rol de la SIDE como herramienta de control político y habilita el uso de la violencia institucional contra quienes se movilizan. La criminalización de la protesta social y medidas como la baja de la edad de imputabilidad forman parte de una estrategia para disciplinar al pueblo. Utilizando la excusa de combatir al narcotráfico moviliza a las fuerzas de seguridad como en el Operativo Roca Dijimos y sostenemos: NO a la ley antiterrorista utilizada para perseguir y reprimir la protesta. Defender el derecho a manifestarse es defender la democracia.
Libertad inmediata a Facundo Jones Huala, Pablo Colhuan Nahuel, Damian Díaz Naum Vargas, Milton Tolomeo y todas y todos los presos por luchar, denunciamos a la justicia cómplice, misógina y funcional al gobierno de turno y los grandes grupos empresarios. No al lawfare.
Exigimos la libertad de Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner.
En el plano internacional, el gobierno abandona la soberanía y la integración regional, alineándose con potencias y gobiernos que representan intereses contrarios a los de nuestros pueblos, mientras ataca a países hermanos y procesos populares de América Latina como los liderados por Petro en Colombia y Lula en Brasil. Argentina ha abandonado su histórica tradición de neutralidad para adoptar un alineamiento total con el bloque occidental, liderado por Estados Unidos e Israel, celebrando el secuestro de Maduro y Cilia Flores en Venezuela, votando contra Cuba, y declarándonos en guerra con Irán! Lo que nos convierte en blanco para un posible atentado.
Nos sumamos al pedido por la libertad de Laura y Carmen Villalba en Paraguay y Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, rehenes del imperio. La pérdida de soberanía se profundiza permitiendo una presencia militar inédita en puntos estratégicos como Tierra del Fuego, y con un abandono de la causa Malvinas al priorizar el comercio con el Reino Unido por sobre el reclamo territorial.
En nuestra provincia, este modelo avanza con la complicidad de gobernadores como Sáenz, que acompañan cada una de estas políticas, tanto con sus votos en el Congreso como con el impulso de modelos extractivistas —como el del litio— que profundizan la dependencia y el saqueo de nuestros territorios. Milei ve a los recursos naturales como una caja registradora para que entren dólares, dejando de lado la idea de "bienes comunes” para pasar a una lógica de mercado.
Con el RIGI, les dio vía libre y beneficios gigantes a las mineras y petroleras por 30 años, mientras de paso achicó los presupuestos para cuidar bosques o apagar incendios. La movida es clara: menos trabas ambientales (como en la Ley de Glaciares) y más facilidades para que las empresas exploten todo rápido, bajo la idea de que si un recurso tiene dueño privado se cuida mejor que si es del Estado. Nada de esto sería posible sin la complicidad de sectores del poder: legisladores que votan el ajuste, jueces que lo convalidan y una prensa hegemónica que lo encubre y legitima.
A 50 años del inicio de la última dictadura militar, junto a los pueblos indígenas reivindicamos su histórica lucha contra la persecución y el silenciamiento estatal, recordando a los hermanos asesinados y desaparecidos en la defensa de una patria justa y diversa.
Denunciamos el actual retroceso y cuestionamiento de derechos territoriales y ciudadanos por parte del gobierno nacional y las provincias, comparando este escenario con las épocas más oscuras del país. Exigimos el fin de los genocidios y del negacionismo, reafirmamos que no puede existir una verdadera democracia ni una nación argentina sin la plena inclusión y el reconocimiento de las identidades preexistentes. Compañeras y compañeros: retomemos los ideales de nuestros 30.000.
No podemos ser indiferentes ante un gobierno que avanza con rasgos autoritarios y prácticas que remiten a lo peor de nuestra historia. Más que un epílogo histórico, esta fecha emblemática debe activar una militancia que proteja los intereses populares. Hoy enfrentamos nuevamente a los sectores financieros internacionales que, bajo el disfraz democrático, amenazan nuestra soberanía. Frente a la entrega de los "vendepatrias", la única opción es la victoria. En nombre de nuestros 30.000, convocamos a la unidad y a la organización para la lucha. Hoy más que nunca debemos comprometernos a movilizarnos de forma permanente en defensa de los Derechos Humanos, de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Porque sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia. Y sin justicia social, no hay democracia real.
Celebramos la pluralidad expresada en este documento y agradecemos a todos y cada uno de las compañeras y compañeros que se sumaron a las acciones impulsadas por los organismos de Derechos Humanos para que este medio siglo de lucha no pase desapercibido