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La fiscal penal Claudia Geria solicitó una condena de siete años de prisión efectiva para el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza, en el marco del juicio por delitos contra la administración pública. Además, requirió su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y la unificación de penas con una condena anterior.
El pedido fue realizado durante la etapa de alegatos en el debate oral. También se solicitaron penas para los otros imputados: seis años de prisión efectiva para el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás y cuatro años para Aldo Gonza, considerado partícipe necesario en uno de los hechos investigados.
En su exposición, la fiscal reconstruyó un esquema sostenido de manejo irregular de fondos públicos durante la gestión municipal de Gonza, al que definió como un mecanismo deliberado para sustraer y desviar dinero del erario. "No estamos hablando de una economía familiar, estamos hablando de una economía municipal", sostuvo al remarcar la gravedad institucional de los hechos.
Según la acusación, los imputados, en razón de sus funciones, tenían a su cargo la administración, percepción y custodia de los recursos públicos, y fue precisamente en ese contexto donde se habrían concretado las maniobras. La fiscal señaló que existió un sistema de pagos por fuera de los circuitos formales, con uso de vales y recibos sin respaldo legal ni registración contable.
Además, describió la entrega de dinero en efectivo sin control y la existencia de comprobantes inconsistentes, lo que evidencia una operatoria destinada a encubrir el destino real de los fondos. También apuntó a la adquisición de bienes con dinero municipal sin cumplir con los procedimientos legales.
Otro de los puntos centrales fue el manejo de fondos con destino específico, especialmente en programas sociales, que -según la fiscal- no fueron rendidos conforme a la normativa vigente. "Era dinero con fines específicos, no se podía disponer libremente", remarcó durante su alegato.
En relación al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, Geria sostuvo que los imputados omitieron reiteradamente remitir información a los organismos de control.
La acusación contra el exintendente incluye cinco hechos de peculado, tres de incumplimiento de los deberes de funcionario público y uno de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todos en concurso real. En tanto, Guaymás está imputado por cinco hechos de peculado y dos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Aldo Gonza fue acusado como partícipe necesario en un hecho de peculado.