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Un conflicto de larga data volvió a quedar en evidencia en la Escuela Superior de Música de la Provincia de Salta Nº 6003 “José Lo Giudice”, donde un grupo de 37 docentes denuncia una situación de extrema precarización laboral, marcada por demoras en el pago de haberes, inestabilidad contractual y falta de garantías básicas.
La institución, dependiente de la Dirección General de Educación Superior y del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, es un espacio de formación docente no universitaria que ofrece carreras, cursos y talleres vinculados al arte musical. Funciona en la ciudad de Salta, en la zona de calles Lucrecia E. Barquet y Benjamín L. Ávila, y cumple un rol central en la formación de músicos y docentes de toda la región.
Rita Corces, una de las docentes afectadas, explicó que gran parte del plantel trabaja bajo la modalidad de “horas a término”, contratos que se renuevan cada ciclo lectivo, desde marzo hasta febrero del año siguiente. Sin embargo, el principal problema radica en que los pagos suelen demorarse durante meses.
“Hay docentes que empiezan a cobrar recién en junio, y otros directamente a fin de año. En algunos casos se paga todo junto, cuando ya el dinero perdió valor y las deudas se acumularon”, señaló.
La situación se agrava porque, mientras no perciben sus salarios, los docentes tampoco cuentan con cobertura de ART, obra social ni reconocimiento de gastos básicos como el transporte. “Estamos trabajando sin ningún tipo de protección. Si a un docente le pasa algo camino a la escuela, no hay nadie que lo respalde”, advirtió.
Concursos cuestionados y títulos en duda
Otro de los puntos críticos tiene que ver con los concursos docentes. Según Corces, cuando se abren instancias concursales, muchos profesores ven cuestionada la validez de sus títulos, incluso cuando fueron formados dentro del propio sistema educativo provincial.
“Nos capacitan, invertimos años en sostener cátedras, y después nos dicen que nuestros títulos no tienen validez. Mientras tanto, puede ganar el cargo alguien con menos experiencia o formación”, explicó.
Esta situación genera una fuerte incertidumbre laboral. Docentes con años de antigüedad pueden perder sus horas frente a nuevos postulantes, en procesos que consideran poco claros y arbitrarios.
Una institución clave en riesgo
La Escuela de Música cuenta con alrededor de 500 alumnos distribuidos en seis trayectos educativos, y un plantel docente que supera los 120 profesores. Muchos estudiantes provienen no solo de distintos puntos de Salta, sino también de provincias vecinas como Jujuy y Catamarca, lo que refuerza su relevancia regional.
Las clases incluyen tanto materias grupales con entre 25 y 30 alumnos como formación individual en instrumentos, una tarea que, según destacan, requiere alta especialización y dedicación.
“Queremos que se entienda que esto no es un gasto, es una inversión cultural. Es una institución fundamental para la región”, resaltó Corces.
Denuncias de irregularidades institucionales
El abogado patrocinante del grupo, Daniel Nallar, aseguró que la problemática excede lo laboral y apunta a una situación de “ilegalidad manifiesta” dentro de la institución.
Según explicó, la Escuela de Música debería contar con al menos siete órganos de gobierno establecidos por normativa, como un consejo directivo activo. Sin embargo, denunció que ninguno de ellos está actualmente constituido.
Además, sostuvo que el rector se encuentra con mandato vencido desde septiembre del año pasado, lo que agrava el cuadro institucional.
“Se está violando la ley de educación de la provincia y resoluciones ministeriales. No es solo un reclamo laboral, es un reclamo de legalidad”, afirmó.
Sin respuestas y con una causa en marcha
Frente a la falta de respuestas, los docentes realizaron múltiples presentaciones ante el Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación Superior y autoridades de la institución, sin obtener contestación.
Ante este escenario, avanzaron con una demanda judicial acompañada de una medida cautelar, cuyo objetivo inmediato es garantizar el pago de los salarios adeudados.
“La cautelar busca algo básico: que se les pague por el trabajo que ya están haciendo. Es un derecho alimentario”, remarcó Nallar.
La medida fue presentada hace seis meses y aún no obtuvo resolución. Mientras tanto, el conflicto continúa escalando y sumando nuevos elementos a la causa.
Clima de tensión
En paralelo, los docentes denunciaron situaciones de presión y hostigamiento por parte de directivos, incluyendo llamados telefónicos y cuestionamientos por visibilizar el conflicto públicamente.
“Queremos trabajar tranquilos. No es bueno que nos llamen para preguntarnos por qué hablamos. Lo que buscamos es mejorar la institución”, indicaron.
Un reclamo que sigue abierto
Mientras aguardan una respuesta judicial y política, los docentes continúan dando clases en un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad.
“¿Hasta cuándo aguantamos?”, planteó Corces, sintetizando el malestar de un sector que sostiene el funcionamiento de una institución histórica, pero que asegura no contar con las condiciones mínimas para hacerlo.
El conflicto, lejos de resolverse, abre interrogantes sobre el futuro de la Escuela Superior de Música “José Lo Giudice” y el rol del Estado en garantizar condiciones dignas para quienes forman a cientos de estudiantes en el ámbito cultural.