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En el inicio del juicio contra el exintendente de Morillo, Atta Gerala, un testigo dio detalles del saqueo sistemático de las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas. Sostuvo que, por día, entre 3 y 4 camiones con 31 toneladas de rieles robados, eran pasados a Bolivia. “Por tonelada se pagaban 200 mil pesos”, afirmó. Para la fiscalía, el “peso político” del imputado fue clave para esta actividad ilícita.
Con fuertes argumentos de la fiscalía respecto a la responsabilidad penal de los imputados, este miércoles dio inicio el juicio seguido contra el exintendente de Morillo, Atta Gerala y el oficial subayudante y exjefe del Destacamento policial del paraje de Pluma de Pato, Mauro Rodríguez.
El debate se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Domingo Batule (presidente), Diego Matteucci y Gabriela Catalano, con intervención del fiscal general, Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal, Roxana Gual.
Gerala responde por los delitos contrabando de mercadería triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por tratarse de un funcionario público y por el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos, en calidad de autor. Rodríguez, en tanto, está imputado por el delito de cohecho pasivo.
El exintendente, destituido el 20 de noviembre del año pasado debido a la imputación impulsada por la fiscalía, se presentó con antelación y, desde el lugar asignado, protagonizó un momento de incomodidad al sostener una mirada aviesa hacia el fiscal general, quien lo interrogó sobre su estado de ánimo, sin brindar una explicación acorde.
Abierto el debate, el juez dio curso a los alegatos de apertura, oportunidad en que la fiscalía ratificó con contundencia la acusación penal contra Gerala, cuyo aporte consideró clave e indispensable para la comisión delictiva, por la cual su propio hijo, Miguel Gerala, ya fue condenado.
Sin dudas ni vacilación, el fiscal puso énfasis en el “peso político” que ostenta el exintendente en el municipio de Morillo, ascendencia que, aún en el juicio, jugará un papel clave, pues los habitantes de esa localidad tienen temor a su posible represalia.
“En Morillo no se mueve un alfiler sin que él lo sepa”, sostuvo al describir el peso político que “aun detenta”. No obstante, indicó que la fiscalía tiene un caso sólido, con pruebas suficientes e irrefutables sobre la “participación” del exjefe comunal en el entramado delictivo que, por años, se dedicó al saqueo de las vías férreas, patrimonio del Estado Nacional.
En detalle, explicó que la fiscalía inició su tarea investigativa a partir de una denuncia radicada el 23 de agosto del 2023 por el Correo Argentino, en razón del volumen de envíos de neumáticos que hacía un comerciante de la ciudad de Orán, lo que despertó sospechas en torno a una actividad de contrabando.
Se trataba de David Medina, quien pese a tener antecedentes penales por ese delito, había retomado dicha conducta ilícita, aunque esta vez se detectó que, además de los neumáticos, incorporó a su empresa delictiva el contrabando de materia ferroso, en particular rieles.
“Nos tropezamos con Gerala”
Explicó que, puesta en marcha las tareas de campo e inteligencia en torno a Medina, la fiscalía “se tropezó” con los Gerala, ya que, de una intervención telefónica, se identificó a una persona que se jactaba de poseer la estructura suficiente para el saqueo de los rieles, con camiones para su traslado.
El interlocutor no era otro que Miguel Gerala, hijo del exintendente, quien, por sus propios dichos, ya había incursionado en el robo de rieles, por lo que ambos se beneficiaron mutuamente del saqueo de las vías férreas, el contrabando al vecino país de Bolivia y su comercialización. Cabe recordar que, a la fecha de los hechos cometidos, la exportación de material ferroso estaba prohibida por el decreto 70/23 del Poder Ejecutivo Nacional.
Remarcó que dicha conversación fue clave para el esclarecimiento del caso, pues se puso establecer que, tal como el hijo de Gerala lo había mencionado, esta organización delictiva había saqueado varios tramos de las vías férreas del RamalC-25, entre las localidades de Dragones, Pluma de Pato y Morillo, en el Chaco salteño.
El saqueo no fue diseñado al azar, sino estratégico, ya que se hacía a la par de la ruta 81, por donde se trasladaban luego los rieles que eran extraídos gracias al uso de herramientas y maquinaria de la Municipalidad de Morillo, cuyo jefe era Atta Gerala. Para la fiscalía, el exintendente tratará de desconocer qué hacía su hijo, sin embargo, las evidencias dan cuenta de que no sólo sabía, sino que también tenía injerencia directa.
Prueba de ello es “el secuestro de 15 rieles en una propiedad perteneciente al acusado”, como así también otros 180 en la localidad de Padre Lozano, muestra del flujo de la actividad delictiva desarrollada en detrimento de sus propios electores y de todos los argentinos.
Al profundizar sobre la mecánica de los saqueos, el fiscal no oculto su tristeza al revelar que un denunciante anónimo sostuvo que el exintendente y los otros imputados se valían de la obra de mano de integrantes de distintas comunidades aborígenes Wichí de la zona, quienes eran trasladados en una camioneta del acusado, lo que quedó registrado en un video que, a lo largo del debate, será exhibido.
Indicó que todo este periplo ilícito contó con un aporte valioso que provino, lamentablemente, de un cabo primero de Gendarmería Nacional, Jorge Cabrera y el policía Rodríguez, encargados de “liberal la ruta” para el paso de los camiones con el material robado. Pese a ello, destacó la labor y esfuerzo de los gendarmes que sí tienen en alto el juramento de combatir el delito.
Destacó -por último- el valor probatorio de las evidencias reunidas, para luego ratificar las imputaciones penales contra ambos acusados, cuyas defensas, por el contrario, alegaron por la inocencia de los mismos y adelantaron que pedirán la absolución.
Circuito delictivo
Expuesta la decisión de ambos acusados de no declarar por el momento, el juez Batule dio paso a la etapa de producción de pruebas, instancia en que la fiscalía convocó al sargento Roberto Meza, de la Unidad de Procedimientos Judiciales Salta, quien comandó la investigación del caso.
El testigo explicó que, de las tareas de campo e inteligencia, se pudo establecer que los rieles llegaban a la finca Cardozo, ubicada a orillas de la localidad de Aguas Blancas, donde se cargaban en balsas y así cruzaban por el río Bermejo al Estado Plurinacional de Bolivia.
Indicó que “por tonelada se pagaba 200 mil pesos” y que cada camión tenía una capacidad de transporte de 30 a 31 toneladas de rieles robados. Además, por día se hacían, entre 4 y 5 viajes. El cálculo de las ganancias dejaba como saldo mínimo una suma de casi 25 millones de pesos, con cuatro traslados por día.
En otro orden, Meza describió con fotos exhibidas en la audiencia cómo era la ruta delictiva hasta la finca Cardozo. Indicó que el equipo de investigación, desde la maleza, fotografió cuando se descargaban los rieles de un camión y se acondicionaban en las balsas, lo que causó un fuerte impacto en la sala.
Posteriormente, ante los interrogantes respecto a las escuchas telefónicas que involucran al exjefe comunal, el presidente del tribunal, ante problemas técnicos, resolvió suspender la audiencia, la que se reanudará el próximo miércoles por la tarde.
Imputados condenados
La investigación del caso se formalizó el 8 de noviembre del 2024, ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Los primeros en ser detenidos fueron Medina y el hijo de Gerala. Ambos fueron imputados por contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en grado de coautores.
Posteriormente, el 12 de noviembre, se formalizó la imputación penal contra el exintendente por la misma calificación que ahora es juzgado. Su hijo, en tanto, al igual que Medina, fueron condenados mediante la homologación de acuerdos pleno, a la pena de seis años de prisión. Lo mismo sucedió con el gendarme Cabrera, quien recibió una pena de 2 años de prisión por el delito de cohecho pasivo.