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Tras la publicación del domingo pasado en El Tribuno sobre las dificultades que enfrentan familias rurales con los sistemas de energía solar, el Ente Regulador de los Servicios Públicos reconoció que existe una situación compleja en la prestación del servicio en zonas aisladas de la provincia, pero aclaró que los usuarios reciben reintegros cuando se comprueba la falta de suministro y advirtió sobre un elevado nivel de mora que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema.
El presidente del organismo, Carlos Saravia, explicó que el servicio de energía dispersa -prestado por la empresa Esed SA- alcanza actualmente a más de 11.500 hogares rurales, además de escuelas, puestos sanitarios y otros servicios públicos en zonas donde no llega la red eléctrica convencional.
Según datos oficiales del Ente, el sistema suma 11.532 usuarios particulares, lo que representa más del 96% del total de conexiones del esquema de electrificación rural basado en paneles solares.
Sin embargo, la principal dificultad aparece en el plano financiero: la deuda acumulada de los usuarios alcanza hoy los $2.100 millones, con un promedio de $182.000 por usuario y casos extremos que superan 96 meses sin pago, es decir, más de ocho años de mora.
"Tenemos situaciones de mora de cuatro, cinco o seis años y algunos casos que superan los ocho años. Evidentemente estamos frente a una población con ingresos muy bajos y una gran dificultad para sostener los pagos", reconoció Saravia.
Reintegros
Uno de los puntos cuestionados por los pobladores rurales era el cobro de facturas incluso cuando los equipos no funcionan. Frente a esas denuncias, el Ente Regulador aseguró que sí existen devoluciones cuando se comprueba la falta de prestación del servicio.
Según el informe oficial, cuando se resuelve un reclamo y se verifica la interrupción del suministro, se acreditan créditos a favor del usuario en las facturas posteriores. El organismo señaló, no obstante, que actualmente esos reintegros pueden demorar hasta seis meses debido a un proceso de transición normativa y a demoras de la concesionaria en remitir la información requerida.
En el último año el Ente aplicó tres sanciones por un total de $12 millones a la empresa concesionaria por incumplimientos vinculados a la gestión del sistema.
Otro factor que complica el funcionamiento del esquema es el costo de los componentes del sistema solar domiciliario.
De acuerdo con los datos técnicos, una batería -uno de los elementos que más frecuentemente requiere reemplazo- tiene un valor de entre $400.000 y $500.000, mientras que el costo total de un sistema domiciliario puede oscilar entre $510.000 y $740.000.
En contraste, la tarifa plena mensual del servicio ronda actualmente $13.600, que se reduce a unos $10.900 con subsidio estatal.
Además, cerca del 66,6% de los usuarios del sistema recibe subsidios, lo que refleja el carácter social del programa destinado a comunidades rurales aisladas.
El informe del Ente también muestra un incremento en los reclamos por fallas en los equipos.
Garantizar el servicio y solucionar los pagos
Entre octubre de 2025 y enero de 2026 se registraron más de 500 reclamos mensuales, con una caída en la cantidad de casos resueltos en los últimos meses debido principalmente a la falta de baterías disponibles. La concesionaria informó que el alto nivel de deuda acumulada le impidió adquirir nuevos equipos durante los últimos seis meses, lo que impactó directamente en los tiempos de reparación.
Desde el Ente Regulador admiten que el escenario exige revisar el funcionamiento del sistema de electrificación rural.
"Lo que tenemos hoy es una radiografía de una situación muy compleja. Tenemos que analizar cómo resolver el problema de los usuarios con moras de varios años y cómo garantizar la continuidad del servicio", señaló Saravia.
"Tenemos situaciones de mora de cuatro, cinco o seis años y algunos casos que superan los ocho años. Evidente mente estamos frente a una población con ingresos muy bajos y una gran dificultad para sostener los pagos".
Para avanzar en ese diagnóstico, el organismo trabaja junto a una consultora técnica de la Universidad Nacional de San Juan con el objetivo de evaluar alternativas que permitan mejorar la sustentabilidad del sistema y la atención a las comunidades rurales.
Mientras tanto, en los parajes más aislados de la provincia, el acceso a la electricidad sigue dependiendo de un delicado equilibrio entre subsidios estatales, capacidad de pago de los usuarios y la disponibilidad de equipos que permitan mantener encendidos los paneles solares.
Algunos datos clave del sistema de energía solar rural señalan que los paneles llegan a 124 puestos sanitarios.
Mientras que la tarifa mensual plena como cargo fijo para los particulares llega a $13.627, en tanto que con el subisidio se reduce a $10.909. La cantidad de usuarios subsidiados llega al 66,6% del total, mientras que la deuda promedio en el sistema llega a $182.102 para cada usuario. Los reclamos pendientes por diversos problemas llegan a 490 y el más antiguo acumula 684 días sin resolución.