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Desatinar es no dar en el blanco, errar. En los últimos tiempos, muchas de las opiniones que circulan sobre cuestiones económicas en la Argentina se parecen a un péndulo que va y viene entre el elogio y la crítica, pero que rara vez acierta en el diagnóstico.
Hace unos días el Indec publicó los datos de pobreza correspondientes a 2025 y, como ocurre casi siempre que eso sucede, se desató una feroz polémica en la opinión pública, cuya onda expansiva se prolonga bastante más allá del momento en que se conoce la cifra. Las reacciones oscilaron, una vez más, entre un festejo difícil de justificar y una crítica poco fundada sobre la confiabilidad del dato propiamente dicho. Ninguna de esas posiciones antagónicas acierta a la hora de juzgar la situación económica del país. Los que festejan no tienen razones sólidas para hacerlo, pero tampoco las tienen quienes sospechan de manipulación o falsedad sin aportar evidencia consistente. Unos y otros se equivocan, aunque lo hagan desde veredas opuestas.
La caída de la pobreza
¿La pobreza cayó en la Argentina? Si uno se atiene estrictamente a lo que mide el indicador oficial, la respuesta es afirmativa. La medición compara los ingresos familiares con el valor de la canasta básica de bienes y servicios que corresponde a cada hogar y, bajo ese criterio, la pobreza efectivamente descendió. Ahora bien, eso no significa que haya caído con la espectacularidad que el gobierno intenta atribuirle al dato. En este punto, todo depende del valor con el que se decida comparar la cifra actual. No resulta adecuado hacerlo contra el registro inmediatamente posterior a la devaluación y al pico inflacionario ocurridos tras la asunción del nuevo gobierno, porque ese punto de partida fue extraordinariamente alto y, por lo tanto, exagera cualquier mejora posterior. Lo razonable es contrastar la cifra actual con valores promedio observados durante otras administraciones.
Si se adopta ese criterio, el panorama cambia de manera considerable. Comparado con el promedio registrado durante el gobierno de Alberto Fernández, el dato actual muestra una reducción importante. Pero si la referencia son los niveles observados durante los gobiernos de Cristina Fernández o de Mauricio Macri, el cuadro deja de ser motivo de euforia. Ya no puede hablarse, entonces, de once millones de personas menos en situación de pobreza, como sugiere la propaganda oficial, sino de magnitudes muy diferentes: una reducción apreciable respecto del gobierno anterior, pero niveles todavía superiores a los registrados en otras etapas recientes. El diagnóstico cambia por completo cuando se abandona la comparación oportunista y se adopta una perspectiva temporal más razonable. Y en cuanto cambia el diagnóstico, se desvanece también la euforia.
La reducción observada con respecto al período anterior se entiende, en buena medida, por dos factores muy concretos. El primero es la ausencia de pandemia, una circunstancia excepcional que había deteriorado de manera muy profunda la situación social. El segundo es que los principales ingresos de la población más pobre crecieron por encima de los aumentos en la canasta básica alimentaria. Esos ingresos no provinieron del mercado sino, sobre todo, de transferencias fijadas por el Estado, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. En ese sentido, la reducción de la pobreza no puede leerse como un efecto espontáneo de las virtudes del mercado ni como una suerte de milagro económico, sino fundamentalmente como el resultado de una intervención estatal deliberada sobre los ingresos de los sectores más vulnerables. Dicho de otro modo: el dato muestra, entre otras cosas, que el Estado puede contribuir a reducir la pobreza cuando decide hacerlo.
Supuesta manipulación
La memoria colectiva suele activarse con rapidez cuando los datos no encajan con las creencias previas. Si la cifra publicada contradice el diagnóstico que ya teníamos sobre el funcionamiento de la economía, tendemos a culpar a la estadística antes que a revisar ese diagnóstico. En la Argentina, además, hay razones históricas por las cuales la desconfianza encuentra terreno fértil. Es difícil olvidar los años oscuros de intervención del INDEC, cuando la degradación de la información pública afectó seriamente la credibilidad del organismo. Pero justamente por eso conviene distinguir situaciones. El hecho de que un funcionario renuncie no equivale a una intervención, y el hecho de que el dato no coincida con nuestras expectativas tampoco constituye una prueba de manipulación. Desconfiar sin evidencia es tan desatinado como festejar sin fundamento.
"La pobreza en Argentina ha disminuido, sí, pero no con la magnitud que algunos pretenden hacer creer; el panorama económico sigue siendo complejo".
Esto no significa, desde luego, que la medición de los fenómenos económicos y sociales esté exenta de problemas. Hay varios aspectos que podrían y deberían ser mejorados. Algunos indicadores todavía descansan sobre herramientas metodológicas envejecidas, y la propia medición oficial de la pobreza monetaria deja fuera dimensiones muy relevantes de las condiciones materiales de vida. No contamos, por ejemplo, con una medida oficial integrada que incorpore dimensiones no monetarias, como la pobreza estructural o la pobreza subjetiva. En otras palabras, medimos con bastante precisión una dimensión acotada del problema, pero dejamos fuera otras que también importan y mucho. Los indicadores pueden perfeccionarse y, de hecho, deberían perfeccionarse, pero para eso hace falta invertir en información, fortalecer a los organismos estadísticos y reconocer que la producción de datos de calidad también exige recursos públicos. Hoy, sin embargo, el recorte del gasto alcanza también a las instituciones que producen esa información.
La metodología con la que el Indec calcula la pobreza monetaria es, en lo esencial, la misma que se utiliza desde hace décadas y, con variaciones menores, se parece bastante a la empleada en otros países de la región, como Chile, Uruguay o Perú. Puede discutirse si ese método capta todo lo que debería captar, pero una cosa es cuestionar sus límites y otra, muy distinta, insinuar manipulación cada vez que el número no gusta. También es cierto que hubo cambios recientes en la manera de relevar los ingresos familiares, en particular los provenientes del sector informal. Sin embargo, esos cambios no deberían ser presentados como una sospecha, sino como una mejora en la captación estadística de una variable extremadamente sensible. Es probable, incluso, que, si esa mejora no se hubiera producido, la tasa de pobreza actual resultara algunos puntos más alta. Pero aun si así fuera, lo único que eso mostraría es que la reducción observada no fue extraordinaria. No demostraría en absoluto que el dato haya sido manipulado. Más bien reforzaría una conclusión bastante más sobria: la pobreza bajó, sí, pero no de manera milagrosa ni en la magnitud que algunos pretenden instalar.
La fiebre es un síntoma
Como la temperatura corporal, la pobreza es un síntoma, no una enfermedad. Es un emergente de una situación económica determinada, no la situación económica en sí misma. Juzgar el estado de un sistema económico a partir de un único indicador es tan improcedente como diagnosticar una enfermedad compleja mirando solamente un termómetro. Un sistema económico es, precisamente, un sistema: un conjunto de elementos interdependientes que no puede comprenderse reduciéndolo a una sola cifra, por relevante que esa cifra sea. Por eso, ante la pregunta de si la reducción de la pobreza constituye por sí sola una señal de mejora económica general, la respuesta debe ser negativa. No porque el dato no importe, sino porque importa dentro de un cuadro más amplio que no puede ser ignorado.
La evaluación del funcionamiento de una economía no puede hacerse sobre la base de un solo indicador, ni siquiera de dos o tres elegidos de manera arbitraria. Cuando se procede así, se cae justamente en la lógica del péndulo del desatino: se selecciona un dato aislado, se lo sobredimensiona y a partir de allí se construye un relato completo sobre la realidad. Pero si en lugar de eso se observa una batería razonable de indicadores, el panorama general deja bastante poco margen para el triunfalismo.
Pobreza en baja, crisis en alza
Hay alta morosidad de los hogares, caída del salario real en el sector formal y pérdida persistente del poder adquisitivo, cierre de unidades productivas, aumento del desempleo y del empleo informal, niveles históricamente bajos de utilización de la capacidad instalada en la industria, retroceso de la actividad en amplios sectores productivos, aumento del estrés económico entre personas ocupadas, desfinanciamiento de la obra pública, de la educación, de la salud, de la ciencia y la tecnología, una inflación que continúa siendo elevada y un cuadro general de estancamiento. Cada una de estas afirmaciones puede ser respaldada con datos, muchos de ellos provenientes del propio Indec, del Banco Central o de encuestas de alta reputación pública. Eso es, en buena medida, lo que registra la experiencia cotidiana de una parte importante de la población. Esa es la base material del descontento social, con independencia del apoyo político que el gobierno todavía conserve en ciertos sectores. La gente siente que se empobrece, aun cuando en muchos casos sus ingresos monetarios se ubiquen por encima de la línea oficial de pobreza. Y ambas cosas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. La cifra de pobreza informa cuántas personas viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica correspondiente, pero no dice nada sobre las estrategias que deben desplegar las familias para no caer por debajo de ese umbral. No muestra, ni tiene por qué mostrar, el endeudamiento creciente, la postergación de consumos esenciales, el deterioro de servicios básicos, el agotamiento de los ahorros o la fragilidad extrema con la que muchos hogares logran mantenerse apenas a flote. Por eso confundir una mejora en la tasa de pobreza con una mejora integral de la economía no solo es un error técnico: es también una mala lectura de la experiencia social concreta.
Primero: la pobreza cayó, sí, pero no tanto como se quiere hacer creer. Segundo: la economía de un país no puede evaluarse a partir de un único indicador, por importante que ese indicador sea. Si se observa un conjunto razonable de variables, la conclusión difícilmente pueda ser optimista. Tercero: no hay indicadores ni razones objetivas para sostener que la mejora observada marque, por sí sola, el comienzo de una trayectoria sostenida de mejoramiento económico. Pensar eso sería volver a caer, una vez más, en ese péndulo del desatino que oscila entre entusiasmos infundados y sospechas sin evidencia, y que por moverse tanto termina, casi siempre, lejos del blanco.