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Desde el punto de vista estrictamente informativo, la absolución de Gerala cierra -al menos en esta instancia- su situación judicial. Sin embargo, el caso dista de ofrecer una sensación de cierre. La investigación, iniciada en 2023, describió con detalle un circuito ilegal de extracción, traslado y contrabando de material ferroviario hacia Bolivia, con una logística que difícilmente podría sostenerse sin algún tipo de cobertura o estructura de poder. Se estima que el saqueo de rieles a los largo de 120 kilómetros en el Chaco Salteño dejaba una ganancia diaria de casi $25 millones.
La Justicia reconoce la existencia del delito y condena a actores operativos, pero no logra -o no puede, bajo sus estándares probatorios- vincular penalmente a quien era señalado como figura central del esquema.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el "peso político" de Gerala en Morillo era determinante para el funcionamiento del entramado. No se trataba solo de un dato contextual, sino de un elemento explicativo de cómo pudo sostenerse por años un circuito ilegal a gran escala en una zona específica.
Sin embargo, el tribunal optó por un criterio restrictivo en la valoración de la prueba: consideró que los indicios, las escuchas, los secuestros de material y las conexiones familiares con otros condenados no alcanzaban para acreditar una participación penal directa.
En ese contexto, no solo se registraron secuestros de material y escuchas telefónicas, sino también condenas previas: el hijo del exintendente, Miguel "Llopi" Gerala (Llopi, por Pillo al revés), y otros implicados admitieron su responsabilidad en el esquema. Incluso se mencionó el uso de recursos municipales y la participación de fuerzas de seguridad en la logística delictiva.
La destitución de Gerala en noviembre de 2024 había sido una consecuencia política directa de esa acumulación de evidencias. Hoy, su absolución introduce un giro que reconfigura esa lectura.
La figura de poder en las comunidades
El punto crítico no es jurídico ya que el principio de inocencia es claro y debe resguardarse, pero hay un elemento extra: el fallo federal, le impuso a Rodriguez la prohibición de residir o circular en el departamento Rivadavia Banda Norte, especialmente en la zona de Pluma de Pato, dada las amenazas que había hecho contra pobladores de ese lugar, en su totalidad integrantes de comunidades originarias. Esto es algo que las mismas comunidades venían denunciando desde hace tiempo contra la figura del hoy absuelto Atta Gerala.