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Atta Gerala ha sido por décadas un símbolo de permanencia en la función pública y hombre fuerte de la política definido como un "intocable". El fallo absolutorio del Tribunal Oral Federal 2, en la causa que lo tenía acusado como figura central del desmantelamiento, robo y contrabando de rieles ferroviarios, dejó en la sociedad salteña más dudas que las que invocó ese tribunal para desestimar los 11 años de prisión que había solicitado la Fiscalía, junto a su inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos.
El plan de desguace del ramal ferroviario C25 fue casi un calco del saqueo de los caños del Gasoducto del NEA, por el que el entonces intendente de Aguaray, Jorge Prado, terminó destituido y condenado en 2022 junto a empresarios implicados en ese entramado ilícito.
Gerala, claro está, no es Prado. Y para entender por qué el nombre del amo y señor de Rivadavia Banda Norte estuvo siempre rodeado de sospechas de corrupción e impunidad basta un repaso a su trayectoria en medio siglo.
Su última gestión como intendente de Morillo, o Coronel Juan Solá, se inició en 2015 y tuvo un corte abrupto en noviembre de 2024, cuando terminó apartado y el Departamento Ejecutivo Municipal de Rivadavia Banda Norte, intervenido por una ley sustentada en los cargos formulados en su contra como presunta cabeza del plan de saqueo y contrabando internacional de los rieles del ramal C25 en el chaco salteño. El fiscal Eduardo Villalba, con los elementos incriminatorios reunidos en la investigación federal, no dudó en calificar al caso como "un delito de poder" y remarcó que en la zona "no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera".
Antes de su última gestión como jefe comunal de Morillo, Gerala había ocupado la intendencia durante otros 16 años, desde 1995 hasta 2011. En el lapso de cuatro años comprendido desde 2011 hasta 2015, tuvo que resignar el manejo omnímodo de Coronel Juan Solá ante su adversaria electoral, Marcela Carabajal, aunque el revés lo dejó ocupando, de todos modos, una banca en la legislatura provincial.
De no haber sido por aquella derrota en las urnas, Atta Gerala habría cumplido hasta el momento en que se lo destituyó 30 años de función ininterrumpida como intendente.
Los inicios de su periplo llevan hasta la época de la última dictadura militar, cuando siendo un comerciante, su nombre sonó con estridencia en uno de los expedientes reabiertos por delitos de lesa humanidad en la provincia. En esa causa, el Tribunal Oral Federal 1 condenó al exjefe policial Andrés del Valle Soraire a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del comerciante y militante radical Fidel Yazlle, cometido el 11 de febrero de 1977, en Coronel Juan Solá.
En un párrafo de la densa instrucción penal quedó asentada la siguiente afirmación: "... esto se pudo acreditar con el testimonio de Eulogio Dip (Agente Radioperador) quien declaró a fs. 139 del sumario y señaló que cuando Ávila se hizo cargo de la dependencia poco salía de su domicilio, pero que luego, las amistades que comenzó a frecuentar fueron el llamado Miguel Atta Gerala, quien tenía antecedentes por ser contrabandista".
Desde aquella época muchas cosas cambiaron y otras persistieron. Ya con la democracia como estandarte, Atta Gerala acumuló múltiples denuncias por trabajo esclavo hacia comunidades indígenas en sus fincas, extorsión a pobladores y malversación de fondos públicos, entre otras causas.
En 2016 la Justicia provincial lo procesó por el delito de peculado. En septiembre de 2018 se recibió la confirmación del Tribunal de Impugnación. El juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, elevó la causa a juicio en abril de 2019. A esa causa, radicada en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, se le perdió el rastro desde entonces. La denuncia había sido presentada en 2011 por la exjefa comunal Marcela Carabajal.
En su defensa, en 2012, Gerala había manifestado a medios de comunicación que esa denuncia tenía un trasfondo político. En 2015 recuperó el manejo del Municipio tras imponerse en las elecciones de ese año por 30 votos.
Un golpe millonario
El 28 de noviembre de 2021, cinco hombres ingresaron al domicilio de Atta Gerala, lo golpearon fuertemente tanto a él como a su pareja y luego los ataron, exigiendo la entrega de una llave de la caja fuerte. De allí se llevaron 16 millones de pesos y escaparon en una camioneta del propio intendente. Con su sueldo como jefe comunal jamás habría podido justificar esa suma atesorada.
La investigación posterior llevó a concretar 11 allanamientos simultáneos entre Hickman y Fortín Dragones, donde detuvieron a los cinco miembros de la banda. Del total robado se recuperaron tres millones de pesos. La Toyota robada apareció quemada, a dos kilómetros de la localidad de Hickman, a la vera de la ruta nacional 81.
¿Desconocía el intendente el saqueo planificado del C25?
En Morillo es vox populi que nada de lo que ocurre allí y en las localidades que dependen de esa jurisdicción municipal escapa al conocimiento de Atta Genera. Se comprobó que su camioneta fue utilizada para saquear rieles, pero los jueces del tribunal concluyeron que su hijo, José Miguel "Llopi" Gerala, condenado a seis años por contrabando agravado de rieles en un acuerdo abreviado, bien puedo utilizar ese vehículo en infinidad de tropelías sin que su padre lo supiera.
En un allanamiento realizado en una propiedad de Atta Gerala en octubre de 2024 se secuestraron rieles sustraídos del ramal C25. Su defensa alegó que ese material estaba en la propiedad desde antes de que el intendente la adquiriera. Los jueces del tribunal no solo admitieron el descargo, sino que además hicieron notar que esa situación -el acopio de rieles ferroviarios robados al Estado nacional- se verificada también en otras viviendas de la localidad.
En la acusación fiscal se remarcó que para saquear los rieles se utilizaron equipos y herramientas de corte del taller municipal que funcionaba en una propiedad del jefe comunal. Los jueces señalaron que no quedó suficientemente probado que fueran esos equipos y no otros los que utilizó la organización ilícita.
Antes de comunicar la sentencia, el presidente del tribunal, Domingo Batule, sostuvo que existía la "sospecha suficiente" para profundizar la investigación y hasta deslizó elogios para el trabajo de la Fiscalía. Todo eso, sin embargo, se reduce hoy a un paradójico y anecdótico plano con la absolución de Atta Gerala por el beneficio de la duda. Voces entendidas interpretaron que el MInisterio Público Fiscal podría impugnar la sentencia con una casación, pero hasta el cierre de esta edición ese eventual paso no pudo ser confirmado ni descartado con fuentes oficiales.