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En fiscalías y juzgados federales de Orán y Salta se tramitan acciones de restitución y desalojo que promovió la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para restablecer la posesión de zonas de camino ocupadas por edificaciones irregulares en distintos tramos y nudos de las rutas 50, 16, 9 y 34.
En algunas de esas causas ya salieron órdenes judiciales para empezar a despejar sectores usurpados en los que obras edilicias, instalaciones comerciales y cercamientos recostados sobre las banquinas afectan la transitabilidad y seguridad vial.
En los últimos días se llevaron adelante operativos en los que funcionarios de Vialidad nacional, acompañados por efectivos de Gendarmería, notificaron a ocupantes irregulares de las intimaciones que empezaron a cursarse con la intervención de juzgados de garantía.
Fuentes del Quinto Distrito de la DNV confirmaron a El Tribuno que los apoderados legales del organismo vial de la Nación formalizarán en los próximos días una nueva presentación ante el Juzgado Federal de Tartagal, para avanzar también en el despeje de edificaciones irregulares que fueron relevadas en las últimas semanas en la ruta nacional 81.
Luego de constatar las intrusiones (algunas denunciadas por los mismos usuarios de rutas como la 50, 16, 9 y 34) comenzaron a desprenderse de los procesos judiciales en trámite los apercibimientos por usurpación de zonas de camino delimitadas sobre la red vial nacional.
En Aguas Blancas
Uno de los sectores con mayor cantidad de obras ilegales denunciadas es el tramo de la ruta nacional 50 próximo a Aguas Blancas, localidad del departamento Orán, fronteriza con Bermejo (Bolivia). Allí se relevaron cerca de 150 edificaciones irregulares, entre las que se cuentan propiedades de más de una planta, negocios, galpones y depósitos de mercancías. Esas ocupaciones adquirieron tal magnitud en los últimos tiempos que los avances expuestos ante el fuero federal de Orán atañen inclusive a la zona de seguridad fronteriza y el Area de Control Integrado (ACI) de la caliente línea internacional.
El nudo de Río Piedras
Otro de los sectores que mayor preocupación despiertan es el empalme de las rutas nacionales 16 y 9/34, en las cercanías de la localidad de Ríos Piedras (departamento Metán). En ese nudo está proyectado un puente distribuidor para separar, a distinto nivel, las vías sobre las que hoy confluyen densos flujos vehiculares y de transporte pesado en condiciones de seguridad comprometidas no solo por la anacrónica configuración de la red vial, sino también por la presencia de más de 20 puestos instalados a la vera del camino que dificultan la visual de conductores e inciden en maniobras riesgosas.
El nuevo distribuidor proyectado en ese espacio del dominio nacional es una obra obligatoria incluida en la licitación internacional que se lanzó el pasado 23 de febrero para elegir a la operadora privada que reemplazará a la sociedad estatal Corredores Viales en el tramo concesionado por sistema de peaje entre Torzalito (General Güemes) y Trancas (Tucumán). En esa sección las rutas nacionales 9 y 34 comparten una traza común hasta Rosario de la Frontera. De allí, la identificación del trayecto como 9/34. Desde la rotonda de Torzalito, o "cruce de Güemes" como se lo suele llamar, la 34 se extiende hacia el norte hasta Salvador Mazza, mientras que la línea de la 9 enfila hacia la capital provincial como Autopista de Acceso a Salta. Esta también está comprendida por el sistema de peaje interoperable contemplado por los pliegos de la licitación que tiene la apertura de ofertas programada para el 18 de mayo.
Municipios y empresas de servicios
Frente a las expresas prohibiciones normativas, llama la atención la cantidad de edificaciones irregulares que se multiplicaron y consolidaron dentro las zonas de camino de rutas nacionales -y en muchos casos sobre los bordes mismos de las banquinas- pese a denuncias de larga data.
No menos llamativo es el acompañamiento que parecen haber tenido las edificaciones ilegales en distintas jurisdicciones municipales, por omisiones en el control de obras y la habilitación de emprendimientos comerciales. También hay dudas respecto a los servicios públicos con los que cuentan muchas de esas propiedades, como agua corriente y energía eléctrica. Este cuestionamiento resalta en expedientes judiciales. Según consta en documentación acompañada a las denuncias, Vialidad nacional requirió a municipios y empresas de servicios públicos información sobre el asentamiento y la habilitación comercial de negocios establecidos a la vera de rutas nacionales. La falta de respuestas abonó posteriores presentaciones ante fiscalías del fuero federal con señalamientos de casos puntuales en las rutas nacionales 50 y 16.
En Anta, Metán y Pichanal
Las ocupaciones irregulares en zonas de camino de la ruta nacional 50 (en Aguas Blancas) y el empalme de las rutas 9/34 y 16 (en Río Piedras) no son las únicas que movieron intervenciones de la DNV. Actualmente inspectores del organismo desarrollan tareas de constatación en la ruta 16, a la altura de los accesos a las localidades de Joaquín V. González y Gaona; la ruta 9/34 , en Metán y Paso El Durazno, y los cruces de Güemes y Pichanal. Fuentes ligadas a esos relevamientos señalaron que son pasos previos a instancias judiciales previstas tanto por vía civil como penal. Destacaron, asimismo, que algunas ocupaciones de zonas de camino procedieron con avances de alambrados, casos que hasta ahora se resolvieron de manera administrativa con predisposición en propietarios frentistas, según se informó.
Obras prohibidas
Las zonas de camino de las rutas nacionales incluyen a las calzadas, banquinas y un ancho adicional como área de seguridad. Hacer un uso de ese espacio físico delimitado a ambos costados de las vías sin la correspondiente autorización de la Dirección Nacional de Vialidad es una conducta vedada por la ley nacional de tránsito 24449 y pasible de causa penal.
Las construcciones en la zona de camino están expresamente prohibidas y solo pueden autorizarse si propenden a tres fines especificados por la normativa vigente: obras básicas para la infraestructura vial; obras básicas para el funcionamientos de servicios esenciales, y estaciones de peaje o de control de cargas y dimensiones de vehículos.
Esto es así porque la presencia de estructuras dentro de la zona de camino compromete la transitabilidad y la seguridad vial. Además, la usurpación de espacios del dominio nacional implica perjuicios, ya que las obras ilegales limitan la posibilidad de realizar adecuados mantenimientos de banquinas, desmalezamientos indispensables para la seguridad vial y la proyección de obras esenciales para mejorar las condiciones de transitabilidad.