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La situación se presenta complicada para el ex intendente de Morillo, Atta Gerala y para el oficial subayudante Mauro Rodríguez, exjefe del Destacamento policial de Pluma de Pato. El juicio, con la exposición de alegatos, se reanudará desde las 15 horas en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal 2, frente al monumento al General Güemes.
El tribunal está integrado por los jueces Domingo Batule (presidente), Diego Matteucci y Gabriela Catalano, con intervención del fiscal general, Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal, Roxana Gual. Por el exintendente, en tanto, lo hará el abogado Alejandro Pomares, mientras que los letrados Martín D´Andrea y Federico Gensei Higa, representarán al policía Rodríguez.
Gerala responde por los delitos contrabando de mercadería triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por tratarse de un funcionario público y por el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos, en calidad de autor. Rodríguez, en tanto, está imputado por el delito de cohecho pasivo.
En las últimas audiencias, la defensa presentó sus testigos en busca de mostrar a su cliente al frente de un municipio ordenado. La sensación que quedó, sin embargo, no fue la deseada, pues fue notorio que todo se hacía según el paladar del exintendente.
Esto, en parte, quedó prácticamente confirmado con la declaración de la mujer de Gerala, quien sostuvo que se desempeñaba como secretaria de Hacienda, pero no lo hacía en las oficinas públicas, sino en su casa porque para “el intendente era más cómodo”. Otro testigo dijo que usaban un galpón de la vivienda como depósito municipal.
La testigo, Carola Farías Sans, contó que convive con el ex intendente Gerala desde hace 14 años. Explicó que nació en Morillo, pero luego se fue a vivir a la ciudad santafecina de Reconquista, aunque regresaba cada año para ayudar a su familia con la cosecha de sandías.
Sobre su actividad laboral, indicó que ahora se desempeña en la oficina de Registro de Patentes de la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte, pero que su ingreso a la función pública fue en el año 1998, cuando fue designada en el Concejo Deliberante de Morillo. Luego pasó al municipio, primero en la mesa de entradas y luego en Tesorería, entre otras dependencias.
Ya que estuvo presente cuando personal de Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en la casa de Gerala, de donde se secuestraron herramientas de corte, un generador y 15 rieles, la testigo fue interrogada sobre esa medida.
Dijo que los gendarmes recorrieron el inmueble, acompañados de los testigos, pero que ella no participó de la inspección en el galpón, en el que funcionaba el depósito municipal. Sobre la vivienda, dijo que tenía un comedor grande, un estudio, dos habitaciones, baño y cocina. La propiedad -aclaró- tiene una extensión de dos hectáreas.
Confirmó que, en el galpón, funcionaba el depósito de la Municipalidad desde 2020 en adelante, pero ahora, tras el allanamiento, ya no es más depósito. “Ya sacaron todos los bienes de la municipalidad, menos lo que estaba en guarda judicial, la amoladora, generador y compresor”.
Al explayarse sobre la propiedad, reveló que el terreno donde Gerala tiene su casa, en la que ella reside, antes era propiedad de su padre. “Esa finca era de mi papá. El murió en enero de 1993. Luego hicimos el juicio sucesorio y se gasto dinero, así que tuvimos que vender las dos hectáreas al exintendente, con quien luego se unió sentimentalmente.
Sobre los rieles, dijo que ya estaban ahí desde hacía años, al menos, desde 1992. Los vio cuando fue a cosechar sandías y agregó que “en las casas de mis hermanas también había rieles”. De esta manera, la testigo buscó desvincular a su pareja del robo de rieles.
Municipio a domicilio
En su turno, el fiscal general Eduardo Villalba, quien investigó el robo de sistemático de rieles, tanto en ese municipio como en otros vecinos, como Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano, fue más al hueso y repreguntó para saber si su ingreso como funcionaria municipal fue a instancia de su marido.
“Yo entré primero al Concejo Deliberante”, reiteró, aunque luego, al explicar sobre el cargo que tenía al momento de allanamiento, reconoció que Gerala la designó como titular de la Secretaría de Hacienda del municipio. Esto, a decir verdad, no sorprendió demasiado a los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano.
Lo que sí causo impacto y sorpresa fue la declaración hecha por la testigo, en cuanto, a su labor como funcionaria municipal. “Era secretaria de Hacienda de la municipalidad, pero trabajaba en la casa, ahí tenía yo la computadora. Yo limpiaba, cocinaba y trabajaba. Hacía todo ahí, no había otros empleados, solo yo”, remarcó.
El fiscal, al igual que el tribunal, se mostraron sorprendidos con lo dicho por la testigo, en especial, por la naturalidad con la que se expresó. Al repreguntarle sobre por qué pasaba eso, tanto respecto a su labor como funcionaria pública como al uso del galpón, respondió que era así “porque el intendente era más cómodo”.
Cabe mencionar que, en esa misma jornada de debate, también declaró Felipe Guerra, otro empleado municipal que no ocultó su vinculo con el acusado, al punto de reconocer que le tiene mucho afecto, ya que lo tuvo en cuenta en su carrera laboral.
Entre otras delegaciones, el exintendente le confió una camioneta blanca que era propiedad de Gerala, pero que se usaba para tareas del municipio, como así también era el encargado del depósito municipal, que funcionaba dentro de la propiedad del acusado.
A preguntas de la fiscalía, el testigo se mostró más recio y negó en reiteradas ocasiones que José Miguel Gerala, hijo del exintendente y ya condenado por el robo de rieles, haya tenido acceso al galpón, como así también negó que haya hecho uso de la camioneta.
Aseguró que sólo él la manejaba y hasta desafió que le muestren fotos si es que estaba en poder de otro. Cuando le mostraron las fotos del rodado fuera del galpón y con aborígenes en la caja, el testigo se mostró turbado y cuestionó la legitimidad de las imágenes.
La que no evitó referirse al hijo del exintendente fue la pareja del acusado, cuyo rostro cambió notablemente y con gestos de reprobación cuando el fiscal comenzó a preguntarle si lo conocía. Al advertir esta situación, el representante del Ministerio Público Fiscal le pidió que se explaye al respecto. “Nunca nos llevamos bien, andaba por todos lados, no sé qué hacía”, sostuvo. Luego, tras recordarle que ya está condenado por el robo de los rieles, confirmó que “sabía que andaba haciendo cosas malas”.