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La auditoría financiera del Fondo de Reparación Histórica (FRH), un informe que la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas ha reclamado con insistencia desde diciembre de 2022 al Area 2 de la Auditoría General de la Provincia (AGP), dormita desde hace tres años en las oficinas de control a cargo de la auditora general Elsa Pereyra Maidana.
Ese trabajo es una pieza clave para conocer por qué un endeudamiento internacional aprobado en 2011 por 220 millones de dólares para ejecutar 176 obras en municipios de Orán, San Martín y Rivadavia se redujo a US$ 187 millones, luego traducidos a poco más de 800 millones de pesos y desvanecidos junto a 92 proyectos de infraestructura que quedaron a medias o ni siquiera iniciados con el programa.
El pasado miércoles integrantes de la Bicameral que preside la diputada oranense Patricia Hucena recibieron al auditor general Marcos Segura Alsogaray con duros cuestionamientos por el endeble informe que entregó el Area 2 del organismo externo de la Provincia, respecto de la ejecución de las obras y el desempeño de los organismos que intervinieron en el programa durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Un equipo con más de 15 profesionales trabajó desde 2020 hasta febrero último en esa auditoría que reprochó el propio titular de la AGP, Gustavo Ferraris, tanto por los criterios de selección de las 80 obras que se tomaron como muestra y los enfoques parciales del análisis, como por las razones que se esgrimieron para apartar de ojo revisor a la Unidad Coordinadora del FRH y concluir con una abstención de opinión pese a notorias anomalías consignadas en las 174 páginas del informe definitivo y subrayadas en las 40 carillas de la disidencia formulada por la presidencia del organismo de control externo de la Provincia.
De hecho, en la reunión del pasado miércoles, la diputada Hucena y el senador de Orán, Juan Cruz Curá, conocedores de las obras de saneamiento que brillan por su inexistencia en municipios de ese departamento y hoy investigadas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (Udec), le preguntaron a Segura Alzogaray por qué en lugar de abstenerse de opinar por legajos incompletos de las obras y ausencia de documentación respaldatoria requerida a entes auditados no recurrió a la vía judicial.
Esos planteos fueron más que entendibles, toda vez que el equipo auditor fundó su abstinencia de opinión nada menos que en la renuencia de funcionarios a suministrar a la AGP documentación relacionada con redeterminaciones de precios y certificaciones de obras pagadas pero sin constancias de su ejecución física.
En ese contexto, y con las cuentas generales de los ejercicios de 2018 y 2019 (los dos últimos de la gestión de Urtubey) pendientes de aprobación o rechazo, el pasado miércoles la Comisión Bicameral dirigió un nuevo pedido formal a la auditora general Pereyra Maidana para que entregue el informe final de la auditoría financiera focalizada sobre la operatoria del endeudamiento internacional contraído en 2012, la colocación de los fondos en plazos fijos del Banco Macro, el rendimiento y el manejo de esos recursos.
El primer pedido de la Bicameral de ese demorado informe se remonta a diciembre de 2022. Desde entonces el cuerpo legislativo insistió con la solicitud tanto de la auditoria de la ejecución de las obras (girada semanas atrás) como de la financiera. En marzo la Bicameral insistió en la solicitud de este último informe y el pasado miércoles la reiteró. Por una disposición de Hucena, todo lo que se trató, planteó y respondió en esa reunión evaluativa quedó transcripto en versión taquigráfica. La decisión, que incomodó a más de uno, apuntó a dejar todo asentado por escrito. Por lo inusual en este tipo de reuniones, la medida que promovió la diputada de Orán como presidenta de la Comisión Bicameral incomodó a más de uno, pero tiene su explicación si se considera que esa versión taquigráfica podría ser requerida en algún momento por la Unidad de Delitos Económicos Complejos como elemento de interés para la investigación penal en curso.
Plazos fijos
En 2012 el gobierno de Juan Manuel Urtubey colocó $750 millones del Fondo de Reparación en plazos fijos del Banco Macro, a tasas significativamente más bajas que las de la plaza bancaria en ese momento.
El 29 de marzo de ese año colocó $250 millones, a seis meses, con el 12,6%. El 12 de abril puso otros $250 millones, a seis meses, con la misma tasa. El 7 de mayo colocó $100 millones, a seis meses, también con el 12,6%. El 14 de agosto constituyó un plazo fijo de $100 millones, a 76 días, con el 13%. Ese mismo día colocó otros $50 millones en dos plazos fijos, de $25 millones cada uno, a 90 días, con el 11,25%.
En agosto de 2022 el Banco Macro ofrecía a sus clientes el 16,15% por plazos fijos desde $10.000 a 60 días. La inflación anual superaba entonces el 20,58%.
La respuesta de la auditora general Pereyra Maidana
La respuesta de Elsa Pereyra Maidana a la solicitud que le reiteró la Comisión Bicameral el pasado miércoles no tardó en llegar. El viernes último el cuerpo que preside la diputada Patricia Hucena recibió una nota en la que la auditora general a cargo del Area 2 de la AGP informó que la auditoría financiera del FRH cuenta a estas alturas con un "informe provisorio" que se encuentra en la instancia de notificación a los auditados para los correspondientes descargos ante las observaciones del equipo auditor.
¿Cuánto más tardará el Area 2 del organismo de control externo en entregar el informe definitivo? Esa es una pregunta que por ahora no tiene una respuesta y que seguramente, en la reunión de la Bicameral del próximo miércoles, agrandará planteos y cuestionamientos por la pasmosa lentitud de áreas de control que tienen copiosos equipos profesionales que no parecen estar a la altura de los tiempos en que corresponde aclarar a la ciudadanía salteña, y en particular a las comunidades de los tres departamentos abarcados por el FRH, que ocurrió realmente con los fondos y el programa de obras que debía ejecutarse en tres años desde 2012 a 2015. Sin embargo, el período auditado abarca hasta el 2019, tiene otras fuentes financieras implicadas, los dos últimos ejercicios del gobierno de Juan Manuel Urtubey sin cierre y un informe clave demorado quién sabe por cuánto tiempo más.