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La decisión del Banco Central de no avanzar con medidas de rescate para personas endeudadas volvió a poner en discusión el crecimiento de la morosidad en Argentina y el impacto que la situación financiera de las familias comienza a tener sobre el consumo, el empleo y la actividad económica.
La postura oficial fue ratificada en los últimos días por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien sostuvo que la entidad no impulsará salvatajes ni programas especiales para refinanciar deudas de personas que hayan caído en mora. El planteo se da en un contexto donde crecen las dificultades para afrontar pagos de créditos, tarjetas y préstamos de consumo, especialmente en sectores medios y trabajadores asalariados.
En ese marco, la morosidad de las familias argentinas alcanzó el 11,2% en febrero y marcó el nivel más alto de las últimas dos décadas. El dato surge de informes del sistema financiero nacional y refleja un escenario de creciente dificultad para afrontar compromisos financieros.
En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso acumuló diez meses consecutivos en aumento y ubicó a los hogares dentro del rango técnico denominado “Fragilidad Familiar”. El fenómeno se produce en un contexto atravesado por pérdida de poder adquisitivo, caída del empleo formal y retracción del consumo. En Salta, especialistas advirtieron que la situación comienza a tener efectos visibles tanto en las familias como en el comercio y el sistema financiero.
El crecimiento de la mora y el cambio en el perfil de los deudores
En diálogo con El Tribuno, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSa, Gastón Carrazán, explicó que el endeudamiento no es necesariamente negativo dentro de una economía, ya que forma parte de las decisiones habituales de consumo e inversión de las personas. “El endeudamiento es algo que se espera que ocurra, porque las personas necesitan prever compras de bienes durables a lo largo del tiempo. Tomar un crédito personal o hipotecario ayuda a la recuperación económica”, sostuvo.
No obstante, aclaró que el problema aparece cuando las familias dejan de poder afrontar esos compromisos y entran en mora. Según los datos que maneja el instituto, la mora familiar a marzo de 2026 se ubica en torno al 11,5%, especialmente en atrasos superiores a 90 días. “Cuando una persona deja de pagar durante tres meses, ya estamos frente a un problema serio, porque es probable que continúe sin poder cumplir”, indicó.
Carrazán remarcó que uno de los aspectos que más preocupa es el crecimiento de la morosidad dentro de la banca tradicional, históricamente caracterizada por otorgar créditos a perfiles considerados de bajo riesgo. “Los bancos comerciales tienen filtros más estrictos y suelen prestar a personas con ingresos más estables. Por eso llama la atención que ahora también esté creciendo la mora en ese segmento”, señaló.
El economista diferenció además los distintos tipos de endeudamiento existentes: préstamos bancarios, financiamiento de billeteras virtuales y créditos informales por fuera del sistema financiero. Según explicó, en los sectores excluidos del sistema bancario la morosidad ya era históricamente elevada, pero el fenómeno comenzó a extenderse ahora hacia trabajadores formales y sectores medios.
La postura del Banco Central y la negociación entre privados
En medio del incremento de los incumplimientos, el Banco Central ratificó que no impulsará medidas de rescate ni planes generales de refinanciación para los deudores morosos. La definición oficial abrió un debate entre economistas y dirigentes políticos sobre cuál debe ser el rol del Estado frente al avance del sobreendeudamiento familiar y sobre si la situación requiere algún tipo de intervención pública.
Para Carrazán, la decisión responde a una estrategia enfocada en limitar la intervención estatal en acuerdos entre privados y concentrar la política monetaria en el control de la inflación y la estabilidad de la moneda. “La idea es que las familias se acerquen a sus entidades financieras y renegocien condiciones: pedir más plazo, una baja de tasas o algún esquema de alivio”, explicó.
El economista consideró que la baja gradual de las tasas de interés podría facilitar acuerdos entre bancos y clientes, y sostuvo que las propias entidades financieras tendrán incentivos para flexibilizar condiciones. “El negocio del banco no es ejecutar embargos, sino prestar dinero y obtener rentabilidad a través de las tasas. Si no acomodan sus esquemas, van a acumular carteras difíciles de colocar”, afirmó.
Aun así, aclaró que no observa todavía una crisis generalizada de endeudamiento en la provincia, aunque sí detecta un fenómeno que podría afectar la recuperación económica: la retracción del consumo por temor a asumir nuevas deudas. “Muchas personas hoy dudan en sacar un crédito porque no tienen certeza sobre la continuidad de sus ingresos o de su empleo”, indicó.
Una mirada crítica sobre el impacto social
Por su parte, el economista Juan Pablo López López planteó una visión más crítica respecto de la postura oficial y vinculó el crecimiento de la morosidad con el deterioro del empleo y del poder adquisitivo. “Lo que plantea el Banco Central responde a una lógica ortodoxa del Gobierno nacional: dejar actuar a las fuerzas del mercado sin intervención estatal”, sostuvo.
López López comparó el escenario argentino con medidas adoptadas recientemente en Brasil para asistir a familias sobreendeudadas, especialmente afectadas por créditos y apuestas online. “Allí se impulsaron programas de asistencia y créditos subsidiados para determinados sectores vulnerables. En Argentina, la decisión es dejar que la situación se resuelva entre privados”, señaló.
El economista consideró que el aumento de la morosidad está relacionado con la expansión de formas de empleo más precarias y con la pérdida de puestos de trabajo formales. “Muchas personas dejaron empleos registrados y pasaron a esquemas vinculados a aplicaciones o trabajos independientes, lo que las deja en peores condiciones frente al sistema financiero”, afirmó.
Según explicó, esa transformación laboral redujo el acceso a créditos más accesibles y empujó a muchas familias a financiar gastos corrientes mediante préstamos personales, tarjetas o billeteras virtuales.
El impacto en las familias y en el comercio
López sostuvo que, pese a la desaceleración inflacionaria, los ingresos continúan rezagados frente al aumento de costos básicos como servicios, combustibles y alimentos. “La inflación puede haber bajado, pero los salarios todavía no recuperan capacidad de compra. Al mismo tiempo aumentaron tarifas, combustibles y otros gastos esenciales”, señaló.
En ese contexto, advirtió que el sobreendeudamiento ya tiene consecuencias visibles sobre la economía local y sobre distintos sectores comerciales. “El sector gastronómico y comercial atraviesa una situación delicada. Muchos negocios reducen personal y esos trabajadores terminan en esquemas informales o realizando changas”, indicó.
También mencionó el incremento de las quiebras personales en Salta, una situación que ya había sido advertida públicamente por la jueza Victoria Ambrosini de Coraita. Según detalló, las quiebras de consumidores habrían pasado de alrededor de 60 casos anuales a más de 120 durante el último año, con una tendencia creciente en 2026.
Proyectos y alternativas en debate
Frente al crecimiento del endeudamiento familiar, comenzaron a surgir iniciativas legislativas tanto a nivel nacional como provincial. Carrazán mencionó propuestas orientadas a establecer períodos de gracia o suspensiones temporales de pagos para personas en situación de mora.
Entre ellas destacó un proyecto impulsado por el legislador salteño Omar Exeni, que busca generar mecanismos de alivio temporario para familias sobreendeudadas mediante acuerdos con entidades financieras. “Son herramientas que apuntan a permitir que las familias recompongan ingresos antes de retomar pagos normales”, explicó.
En el Congreso nacional también avanzan distintos proyectos vinculados a refinanciaciones, congelamientos temporales y asistencia para deudores en situación crítica.
Entre la estabilidad financiera y la economía cotidiana
La discusión sobre la morosidad expone el contraste entre los objetivos macroeconómicos y la situación cotidiana de muchas familias. Mientras el Gobierno nacional sostiene como prioridad el control de la inflación y la estabilidad monetaria, distintos sectores advierten sobre las dificultades crecientes para sostener el consumo y afrontar compromisos financieros.
Para Carrazán, la decisión del Banco Central se enmarca dentro de su función principal de preservar el valor de la moneda y evitar intervenciones adicionales en el mercado financiero.
López, en cambio, consideró que la ausencia de medidas de alivio puede profundizar la vulnerabilidad de sectores ya afectados por la pérdida de ingresos y el aumento del endeudamiento.
El debate continúa abierto en un contexto donde la evolución de los salarios, el empleo y las tasas de interés será determinante para definir si la mora logra estabilizarse o continúa creciendo durante los próximos meses.